La rosarina María Andrea Cappa trabajó como asesora de la diputada nacional Ingrid Jetter (PRO, Corrientes) durante todo 2020. Integró la llamada planta transitoria de empleados de la Cámara baja, en el Congreso nacional. El vínculo laboral entre la diputada electa en diciembre de 2019 y Cappa venía desde antes: los servicios de asesoría en el trabajo político que desarrolla Jetter en su provincia comenzaron en 2016, cuando arrancó el cuatrienio de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Pero el ingreso de Jetter el Congreso consolidó la relación laboral, que se materializó con un salario de categoría A4, un nivel intermedio para empleados en Diputados. Durante 2020, las sumas mensuales que se acreditaron en la cuenta sueldo de Cappa oscilaron entre los 70 y 85 mil pesos, a medida que el año calendario avanzó.
La sorpresa para Cappa, sin embargo, se produjo cuando empezó a recibir ordenes directas de parte de la diputada contratante en el sentido de que debía “dirigir” una parte de su salario a distintas personas que la propia Jetter le indicaba, mes a mes, mediante el práctico y rápido sistema de transferencias bancarias vía CBU. De tal manera, unos 25 mil pesos por mes (de un sueldo entre 70 y 85 mil) fueron “devueltos” a distintas personas, en muchos casos desconocidas por la asesora.
Al finalizar 2020, Cappa fue desvinculada de la Cámara de Diputados. Aunque reveló a La Capital: "Me ofrecieron continuar como monotributista, degradando mi situación laboral, y no acepté”. Trascartón, se produjo la ruptura de un vínculo que laboral de unos cinco años con la actual diputada. Ese nuevo caso de presiones indebidas de parte de Jetter se suma a otro escándalo reciente en la misma provincia y con otra diputada nacional del mismo espacio político (Juntos por el Cambio, JxC): Estela Regidor.
Regidor, con el mismo modus operandi, directamente intimidaba a ciertos asesores a la devolución de la mitad de su sueldo: 40 mil, sobre 80 mil pesos. El caso se tornó escandaloso al viralizarse audios telefónicos donde amenazaba: “El que no está de acuerdo me dice, porque hoy es día 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato”. Regidor, a la fecha, se encuentra con licencia sin goce de haberes. Y es su propio bloque el que debate a estas horas si la aparta de manera definitiva o no.
Debate
En la última sesión de Diputados estuvo a punto de tratarse el tema, pero finalmente se postergó por falta de quórum. Fuentes del bloque oficialista del Frente de Todos (FdT) confirmaron a este diario que se abstendrían en cualquier votación que resulte de ese tratamiento. “Es un tema interno de otro bloque", explicaron.
Los modos de redistribución de los salarios de asesores, e incluso de los mismos diputados, son una práctica antigua y generalizada en los cuerpos legislativos de la Argentina. Tanto nacionales como provinciales, incluso municipales. El matiz clave surge si se trata de un acuerdo consensuado o una imposición compulsiva. Y todo se cocina en acuerdos personales, políticos y, en especial, de confianza. Mientras las relaciones personales y de confianza se mantienen a través de los años, todo fluye y nadie nota nada, y sólo las partes involucradas conocen los detalles.
Con todo, no puede imputarse necesariamente corrupción a esa práctica. Son mecanismos para el financiamiento informal de una parte operativa de la militancia política territorial. Y con los sueldos estatales discretos que gozan en la actualidad los diputados y sus asesores no hay manera de enriquecerse con la calesita de los sueldos de los asesores. Un diputado nacional cobra en la actualidad, de bolsillo, unos 200 mil pesos – según zona de residencia- y sus asesores (cuatro, en general, o hasta seis en caso de presidir comisiones) ganan entre 50 y 120 mil pesos, según a la categoría a la que accedan.
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Los desvíos compulsivos de una parte del salario de sus asesores, que en el caso de las diputadas Jetter y Regidor eran reclamados con mensajes desde los teléfonos personales de las propias legisladoras, expresan la brutalidad en sus prácticas de una fuerza política (JxC) sin tradición.
El financiamiento sustantivo de la política, coinciden todas las fuentes, no surge del desvío parcial que algún legislador inescrupuloso exija a unos de sus contratados (sin el previo acuerdo) para abonar, por caso, un alquiler de un local partidario, la locación para un acto, un sistema de sonido, los choripanes de un asado u otra cuestión operativa de menor cuantía.
Sin embargo, la partición de cuatro salarios en seis partes o más, y el uso discrecional de una parte de esos dineros para actividades que no tienen ninguna vinculación con la asesoría legislativa (razón para la cual se abonan los sueldos en el Congreso), no deja de irritar a la opinión pública. Y contribuye a la falsa idea anti política sobre que “todos los políticos roban”.
Escenario
Distintos actores del mundo legislativo deslizaron sobre esas prácticas, tan groseramente expuestas en los casos de las diputadas correntinas, y que podría costarle el puesto a una de ellas, o a las dos, si prosperan las denuncias que la rosarina radicada en Corrientes ya promueve en la Justicia y ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación Xenofobia y el Racismo) de la provincia mesopotámica. Con todo, la solución a un problema tan antiguo como la injusticia no aparece fácil, ni a la mano.
Según aseguran quienes tienen larga experiencia legislativa, la tensión entre el reclamo del “territorio” –propios militantes- al legislador y las prácticas administrativas transparentes, no siempre se llevan de la mano hasta el detalle. La actividad política inevitablemente genera gastos chicos que se pagan en efectivo y en negro, no hay solución definitiva a ese dilema. Y esa plata, ¿de dónde sale?
Mas allá de la falta de escrúpulos y torpeza de algunos legisladores que colocan a sus propios empleados en situación casi de prestanombres, y sin aviso previo, los verdaderos desvíos, actos de corrupción, por volumen y relevancia, de dineros de la política, provienen del mundo empresarial privado. “Allí está la plata grande, la verdadera financiación en negro, jamás explicada”, aseguró un legislador experimentado a La Capital.
Finalmente, los propios partidos políticos tienen en sus cartas orgánicas establecido un porcentaje que sus afiliados –cuando acceden a un cargo público- deben obligatoriamente aportar para el mantenimiento de su organización política. Van del 3 al 12 por ciento y lo pagan tanto los legisladores como los miembros de los distintos Ejecutivos. Aunque con esos volúmenes de recaudación tampoco se mueve el amperímetro de los dineros de la política.
