El diputado nacional por Santa Fe Gabriel Chumpitaz presentó en el Congreso un proyecto de ley de narcotest obligatorio. De aprobarse, funcionarios de los tres poderes del Estado deberán realizarse exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios.
Es una iniciativa de un diputado nacional santafesino. Qué drogas serán analizadas y cuáles son las sanciones que estipula el proyecto
De aprobarse, los narcotest buscarán la presencia en el organismo de de los funcionarios públicos de cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas y otras sustancias.
El diputado nacional por Santa Fe Gabriel Chumpitaz presentó en el Congreso un proyecto de ley de narcotest obligatorio. De aprobarse, funcionarios de los tres poderes del Estado deberán realizarse exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios.
Según la iniciativa del legislador del PRO, el objetivo es "garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública".
En caso de aprobarse, deberán someterese a los tests funcionarios del Poder Ejecutivo, ambas Cámaras del Congreso y la Justicia federal, así como también directivos de directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado y fncionarios de rango equivalente en provincias y municipios que adhieran a la ley.
De acuerdo al proyecto, los exámenes deberán realizarse de manera obligatoria al asumir el cargo, anualmente para todos los funcionarios, y de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios.
Los estudios toxicológicos buscarán detectar la presencia en el organismo de cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas, entre otras sustancias.
"Quienes escribimos las leyes, las aplicamos y las sancionamos no podemos consumir estupefacientes", dijo este martes Chumpitaz en diálogo con LT8.
Y agregó: "Más allá de cuestiones de ética y moralidad, hay una cuestión de eficiencia a la hora de llevar adelante la tarea pública. Los funcionarios tenemos que dar el ejemplo".
Los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad, plantea el proyecto. El resultado será remitido a la autoridad de aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo, indica.
En caso de un resultado positivo, establece la norma, el funcionario podrá solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas.
Si la contrapueba confirma el resultado, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación.
La continuidad del funcionario en el cargo dependerá del Poder en que actúe.
Si corresponde al Ejecutivo, una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción emitirán un informe al presidente, quien tendrá la facultad de mantener o destituir al funcionario.
Si interviene en el Congreso, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara. Ese cuerpo podrá recomendar la destitución y, en caso de ser aprobada por mayoría simple, se iniciará el procedimiento de juicio político o remoción según corresponda.
Finalmente, si se trata de un magistrado, intervendrá el Consejo de la Magistratura, que podrá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente.
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Si el funcionario da positivo en más de una ocasión, se aplicará automáticamente el procedimiento de remoción conforme a las normativas vigentes de cada poder del Estado.
Por su lado, la negativa a realizar el examen se considerará equivalente a un resultado positivo y se aplicarán las mismas sanciones.
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