Buenos Aires.- La esposa y los dos hijos del fallecido represor de la
Esma Héctor Febres fueron indagados hoy por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo
Salgado, quien investiga la muerte por envenenamiento del ex subprefecto, que
enfrentaba un juicio por crímenes de lesa humanidad.
Antes del comienzo de la indagatoria, en la que los familiares buscaron desvincularse
de haber tenido participación en la muerte del represor, uno de los abogados que los asiste,
Martín Orozco, adelantó a DyN que pediría la “excarcelación” de sus clientes.
“Es inverosímil” que los familiares de Febres “hayan
participado” en un posible “suicidio” o “crimen” del ex represor,
afirmó esta mañana el letrado Claudio Casio, también abogado defensor de la familia del
represor.
El trámite procesal estaba previsto en los tribunales federales de San Isidro para las
15, pero se demoró y recién pudo empezar a cumplirse pasadas las 20.
La esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos, Héctor Ariel y Sonia Marcela,
fueron detenidos el viernes en sus domicilios, y trasladados incomunicados a la Unidad 28 del
Palacio de Tribunales de esta capital, luego de determinarse que habían cenado con él
en la dependencia de Prefectura en la que estaba alojado, horas antes de que falleciera,
aparentemente por ingerir cianuro.
En ese contexto, el Gobierno rompió el silencio ante la muerte del ex subprefecto, y
pidió que se investigue por qué “fallaron los controles” donde el ex represor
estaba detenido desde 1998 y fue encontrado envenenado, cuatro días antes de conocer la
sentencia del juicio que se le seguía por robo de bebés durante la última dictadura
militar.
“Hay que saber claramente por qué ocurrió, cuáles fueron los controles que
evidentemente fallaron y que permitieron que esto ocurra, teniendo en cuenta que esta persona
estaba detenida con toda la custodia que supone que tienen los detenidos”, señaló el
jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en declaraciones a radio Nacional.
“Hay que prestarle mucha atención a cómo se desarrolla la investigación judicial
porque esto es una evidencia de lo que siempre hemos dicho, que hay una Argentina que se
resiste a morir y que genera este tipo de cosas”, afirmó el funcionario.
Destacó que ese hecho implica que “es una Argentina que no tolera la revisión del
pasado y el castigo a los responsables”.
“Es un hecho realmente lamentable que nos priva de poder saber qué fue lo que
pasó. Era un testimonio de privilegio de alguien que ha sido responsable central de los años
de plomo, cuando se torturaba y se secuestraba gente”, precisó Fernández.
La muerte de Febres encierra “un mensaje para que no se hable, que no se sepa y
que no se juzgue. Ese es el mensaje que todos los argentinos tenemos que enfrentar”,
enfatizó.
Al margen de la situación de los familiares de Febres, hay otros dos detenidos, ambos
de la Prefectura Naval: el jefe de la zona Delta, prefecto mayor Rubén Iglesias, en cuya
jurisdicción estaba detenido Febres, y un agente que lo custodiaba, y habría otro
sospechoso prófugo.
Ambos funcionarios también prestarían declaración en la jornada de hoy, luego de que
cumplieran el trámite los familiares del marino fallecido.
Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón, querellante en la causa Febres y en la
investigación por su muerte, advirtió que “hay una responsabilidad institucional,
porque es imposible que se le haya dado muerte sin la venia de la Prefectura Naval y también
de la Armada”.
Además, ratificó que la semana entrante pedirá una cita con la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner para pedir la colaboración del Gobierno en el esclarecimiento del caso,
y solicitará al juez federal porteño Sergio Torres, a cargo de la causa Esma, que
ordene el “traslado a cárceles comunes de los imputados”.
