Política

Esposa e hijos de Febres se desvinculan del envenamiento del ex represor

La esposa y los dos hijos del  fallecido represor de la Esma Héctor Febres fueron indagados hoy por  la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien  investiga la muerte por envenenamiento del ex subprefecto, que  enfrentaba un juicio por crímenes de lesa humanidad.

Sábado 15 de Diciembre de 2007

Buenos Aires.- La esposa y los dos hijos del  fallecido represor de la Esma Héctor Febres fueron indagados hoy por  la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien  investiga la muerte por envenenamiento del ex subprefecto, que  enfrentaba un juicio por crímenes de lesa humanidad.
Antes del comienzo de la indagatoria, en la que los familiares  buscaron desvincularse de haber tenido participación en la muerte  del represor, uno de los abogados que los asiste, Martín Orozco,  adelantó a DyN que pediría la “excarcelación” de sus clientes.
“Es inverosímil” que los familiares de Febres “hayan  participado” en un posible “suicidio” o “crimen” del ex represor, afirmó  esta mañana el letrado Claudio Casio, también abogado defensor de la  familia del represor.
El trámite procesal estaba previsto en los tribunales  federales de San Isidro para las 15, pero se demoró y recién pudo empezar  a cumplirse pasadas las 20.
La esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos, Héctor  Ariel y Sonia Marcela, fueron detenidos el viernes en sus  domicilios, y trasladados incomunicados a la Unidad 28 del Palacio de  Tribunales de esta capital, luego de determinarse que habían cenado  con él en la dependencia de Prefectura en la que estaba alojado,  horas antes de que falleciera, aparentemente por ingerir cianuro.
En ese contexto, el Gobierno rompió el silencio ante la muerte  del ex subprefecto, y pidió que se investigue por qué “fallaron  los controles” donde el ex represor estaba detenido desde 1998 y  fue encontrado envenenado, cuatro días antes de conocer la sentencia  del juicio que se le seguía por robo de bebés durante la última  dictadura militar.
“Hay que saber claramente por qué ocurrió, cuáles fueron los  controles que evidentemente fallaron y que permitieron que esto  ocurra, teniendo en cuenta que esta persona estaba detenida con toda  la custodia que supone que tienen los detenidos”, señaló el jefe  de Gabinete, Alberto Fernández, en declaraciones a radio Nacional.
“Hay que prestarle mucha atención a cómo se desarrolla la  investigación judicial porque esto es una evidencia de lo que siempre  hemos dicho, que hay una Argentina que se resiste a morir y que  genera este tipo de cosas”, afirmó el funcionario.
Destacó que ese hecho implica que “es una Argentina que no  tolera la revisión del pasado y el castigo a los responsables”.
“Es un hecho realmente lamentable que nos priva de poder saber  qué fue lo que pasó. Era un testimonio de privilegio de alguien  que ha sido responsable central de los años de plomo, cuando se  torturaba y se secuestraba gente”, precisó Fernández.
La muerte de Febres encierra “un mensaje para que no se hable,  que no se sepa y que no se juzgue. Ese es el mensaje que todos  los argentinos tenemos que enfrentar”, enfatizó.
Al margen de la situación de los familiares de Febres, hay  otros dos detenidos, ambos de la Prefectura Naval: el jefe de la zona  Delta, prefecto mayor Rubén Iglesias, en cuya jurisdicción estaba  detenido Febres, y un agente que lo custodiaba, y habría otro  sospechoso prófugo.
Ambos funcionarios también prestarían declaración en la  jornada de hoy, luego de que cumplieran el trámite los familiares del  marino fallecido.
Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón, querellante en la  causa Febres y en la investigación por su muerte, advirtió que “hay  una responsabilidad institucional, porque es imposible que se le  haya dado muerte sin la venia de la Prefectura Naval y también de la  Armada”.
Además, ratificó que la semana entrante pedirá una cita con la  presidenta Cristina Fernández de Kirchner para pedir la  colaboración del Gobierno en el esclarecimiento del caso, y solicitará al  juez federal porteño Sergio Torres, a cargo de la causa Esma, que  ordene el “traslado a cárceles comunes de los imputados”.

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