Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Los abogados del gobernador Maximiliano Pullaro pidieron que el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain sea condenado a diez años de prisión, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a funcionarios y dirigentes políticos, entre otros.

En el planteo, la querella solicitó también que Sain (imputado en el expediente a fines de 2022) sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo. El actual jefe de la Casa Gris había planteado ser querellante en febrero de ese año.

El titular de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández, había pedido en noviembre de 2024 que la causa por presunto espionaje ilegal fuera elevada a juicio, luego de más de dos años de investigación.

Hernández había adelantado en ese momento que solicitaría una condena a once años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, también por el doble de tiempo de la pena.

Otros investigados

Junto a Sain están bajo la lupa otras seis personas que integraron el equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad durante la administración de Omar Perotti.

Todos, con distintos grados de participación, habrían realizado entre 2019 y 2021 inteligencia ilegal, accediendo a datos personales y financieros de los observados través de bases públicas y privadas, incluso de investigaciones penales.

Para el fiscal, el exministro lideraba un equipo dedicado a elaborar perfiles de dirigentes políticos (tanto oficialistas como opositores), empresarios y periodistas, entre otros.

También serán juzgados la exdirectora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, la exjefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI) Débora Cotichini, la exempleada de la Subsecretaría de Control Milagros Bernard, el exsecretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, el exsubsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez y el exsubsecretario de Control Institucional Diego Alfredo Rodríguez.

Para el fiscal, “el objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”.