El trámite judicial por el caso de presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad está encajado en una fuerte polémica. Los funcionarios que están bajo investigación señalan que el procedimiento es irregular en términos de la recolección de pruebas, que no está formulado claramente cuál es el delito y que se crea incertidumbre de manera arbitraria sobre cuándo se realizará una eventual imputación. Desde la Fiscalía Regional I de Santa Fe que está cargo del hecho replican que todo el caso es regular pero que la evidencia es de complejo despliegue. Y que por eso mismo la audiencia imputativa podría requerirse recién para febrero.
Este lunes los fiscales de la Unidad Fiscal Especial (UFE) de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, Mariela Giménez y Ezequiel Hernández, convocaron a las personas bajo investigación a controlar el material que se presume como evidencia. Juan Lewis, el abogado defensor de Nadia Shujman, una de las funcionarias alcanzadas según los fiscales por la actuación, señaló que no se atribuyó un hecho concreto, ni cuándo ocurrió, ni que clase de material de cargo existe ya que el presentado no supone prueba de delito alguno. Y remarcó que frente a eso demandaron que se agende una audiencia imputativa que por los plazos del Código Procesal Penal no podría ir más allá del 22 de diciembre.
No obstante desde el MPA de Santa Fe señalan que ese plazo que es 15 días hábiles desde que se solicita la imputación puede extenderse legalmente al doble por la complejidad del caso y cuando hay medidas en curso de ser completadas. Si eso ocurre la audiencia imputativa se postergaría hasta febrero próximo.
Eso hace prever que las tensiones políticas que envuelven a este caso estarán lejos de desactivarse. La controversia proviene del tipo de delito en análisis, que es la receptación indebida de información de personas sin orden judicial en una repartición del Poder Ejecutivo, pero además por el hecho de que la mayoría de los funcionarios ingresaron al Ministerio de Seguridad de la mano de Marcelo Sain, eje de una fuerte confrontación entre sectores políticos de la provincia.
Lewis, ex ministro de Justicia de Santa Fe, que representa a Shujman, sostuvo que varios defensores tras los allanamientos al Ministerio de Seguridad del 26 de noviembre pasado varios de los funcionarios del gabinete saliente se pusieron a disposición de la Justicia, nombraron defensores y pidieron ver los elementos en su contra.
Lewis señaló que los fiscales que investigan el caso ayer no mostraron nada que pueda tomarse como evidencia de delito. Y además cuestionó que no se haya resuelto un pedido de apartamiento de los fiscales actuantes más el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti por falta de objetividad.
"Cuando se hace una investigación se trata de conocer un hecho concreto", dijo Lewis. "Lo que le dijeron a todos los imputados en esta causa es que los están investigando por una infracción a determinados artículos del Código Penal. No dijeron ni cuándo ni en qué consiste la acción que están imputando. Uno no sabe qué es lo que se pretende señalar. Pero de lo que se vio ayer no hay nada que pueda comprometer la responsabilidad de estas personas. Todo lo que encontramos es perfectamente regular", dijo Lewis.
Este lunes, en un comunicado de prensa enviado después de la reunión con los abogados de los ex funcionarios, desde el MPA Santa Fe indicaron que “se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones, entre la que se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos, siete bolsas de consorcio con documentos destruidos, otros acondicionados para ser destruidos y datos referidos a procesos licitatorios del ministerio de Seguridad de la provincia”.
