El juez federal de Azul, Juan José Comparato, resolvió elevar a juicio oral la causa en la que
se investiga el secuestro y desaparición de Carlos Alberto Labolita, un ex compañero de militancia
de Néstor Kirchner cuando ambos estudiaban en La Plata. En la causa están procesados el general
retirado Pedro Pablo Mansilla, y el actual coronel Alejandro Duret. Las audiencias del juicio se
realizarán este año en las salas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.
Al momento de ser secuestrado, Labolita militaba en la Juventud
Peronista, tenía 23 años, estaba casado, trabajaba en una fábrica de Berazategui y pensaba
recibirse de sociólogo. El 24 de marzo de 1976 fue detenido su padre, Carlos Orlando, profesor de
filosofía con militancia gremial, en un operativo del Ejército en su casa de Las Flores, en el que
buscaban a su hijo. Ante esta situación, Carlos Alberto Labolita viajó de La Plata a Las Flores y
allí fue secuestrado por un grupo operativo de tareas.
Labolita estuvo en la comisaría de Las Flores hasta que se dispuso su
traslado a Azul, por orden del entonces teniente coronel Pedro Pablo Mansilla, jefe del Grupo de
Artillería Blindada 1. Labolita fue torturado y sometido a diferentes vejámenes, y el 1º de mayo de
1976 fue llevado a la casa de sus padres. Según relatos de sus familiares “lo entraron
encapuchado y esposado, descalzo y con señas visibles de torturas”. En esa incursión se
llevaron a su esposa y la abandonaron a las 5 de la mañana detrás de la estación de trenes de Azul.
A Labolita nadie lo volvió a ver.
Organismos denuncian que los represores son presos VIP
La Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos reclamó a los jueces que intervienen en
causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que allanen
las viviendas de los represores que cumplen prisión domiciliaria por su edad.
El organismo, que encabeza el abogado Rodolfo Yanzón, manifestó en un
comunicado su “preocupación por el reciente hallazgo de armas” en el domicilio donde
algunos represores “cumplen su prisión preventiva de privilegio”, sumado a que en la
habitación donde apareció muerto por envenenamiento Héctor Febres, en una base de la Prefectura,
“se halló también un arma”.
“Insistimos en la urgencia de que los distintos tribunales a cargo
de los juicios por violaciones a los derechos humanos adopten medidas para que los procesados o
condenados por delitos de lesa humanidad cumplan cárcel en establecimientos a cargo del Servicio
Penitenciario Federal con las mayores medidas de seguridad y sin ningún trato de privilegio”,
sostuvieron.
El hallazgo de armas “revela que no se trata sólo de un trato
privilegiado y contrario a la Constitución en beneficio de quienes han cometido los delitos más
graves de nuestra historia, sino también que la cárcel ordinaria y efectiva debe garantizar la
seguridad de los testigos y funcionarios”, afirmó la fundación.
“El caso de Febres y la desaparición de Jorge Julio López son
hechos elocuentes que ponen de manifiesto el accionar clandestino y orgánico de los represores del
terrorismo de Estado”, advirtió.
Reiteraron la necesidad de que “el Estado implemente estrictas
medidas de seguridad en todas las unidades penitenciarias donde finalmente se alojen”, a fin
de “evitar que sigan conspirando y poniendo en peligro la vida y la libertad de los
ciudadanos y la eficacia del accionar de la Justicia”.
