"El único motor de la reforma judicial es la búsqueda de impunidad"

La reforma judicial apareció en el debate público en un momento particular, cuando el país parece acercarse al pico de contagios de Covid-19 y la economía no da signos de salir de terapia intensiva. El abogado y sociólogo Roberto Gargarella es categórico: sostiene que “el motor de la reforma es la búsqueda de impunidad”, sobre todo del sector que lidera la vicepresidenta.

   Entrevistado por La Capital, el también docente universitario planteó diferencias de forma y de fondo con la iniciativa de Alberto Fernández. Sostuvo que “la comisión reproduce el tipo de procedimiento que se ha estado tomando como prototipo en la pandemia, que es la decisión de un grupo de expertos sin discusión pública”, advirtió que al multiplicarse la cantidad de juzgados se cuadriplican los problemas y evaluó que el proyecto no aborda los que a su entender son los principales problemas de la Justicia: la desigualdad y la impunidad.

    —Empecemos por el principio, ¿Cree necesaria una reforma judicial?

   —Sí, por supuesto que es necesaria, pero es muy importante el procedimiento y el momento. Estas reformas que tocan nervios sensibles de la Constitución requieren formas constitucionales pero también, por razones democráticas, un acuerdo muy amplio. Que el camino elegido sea un paquete cerrado y una comisión de técnicos de élite es un error. Con la comisión se reproduce el tipo de procedimiento que se ha estado tomando como prototipo en la pandemia, que es la decisión de un grupo de expertos sin discusión pública. Todos estamos de acuerdo en que hay un poder concentrado en todas las ramas del poder, no sólo en el Judicial, y todos coincidimos en que la Justicia no funciona bien en sus distintas áreas, pero hay que ver qué identificamos como problemas, qué procedimiento tomamos para resolverlos y hacia dónde queremos ir. Creo que el problema no se ha identificado bien.

      —¿Cuál es el problema, a su entender?

   —Creo que es doble: la falta de acceso de los sectores más pobres a la Justicia y el recurrente servicio a la impunidad que tiene el Poder Judicial. La reforma no resuelve ninguna de las principales faltas que tiene nuestra Justicia. Nada de lo sugerido y de lo que se le pide a la comisión ayuda a resolver esos problemas. Por el contrario, el modo elegido y los objetivos apuntados refuerzan la sospecha —asentada en la historia— de que el único motor relevante de la reforma es la búsqueda de la impunidad.

     —¿Le llamó la atención el momento que eligió el gobierno para avanzar con esta reforma del Poder judicial?

   —Por supuesto. Nunca hay un momento óptimo, pero este es particularmente malo. Es raro que el presidente lance una reforma de esta envergadura, cuando se alega la emergencia permanente y que él tiene que decidir en un equipo chico porque el Congreso tiene más dificultades para reunirse o lo que sea. También es extraña por el contenido. Por ejemplo, implica multiplicar por cuatro los juzgados de la Capital en un momento de ultra restricción económica y en donde ninguna razón justifica esa ampliación. Eso pudo tener alguna razón en el año 2000, cuando vos querías diluir el poder de la Justicia Federal: había nombres que todos temíamos en ese ámbito pero se han ido yendo o han muerto: se fueron (Rodolfo) Canicoba Corral, (Claudio) Bonadío, (Norberto) Oyarbide, se va (Daniel) Rafecas. Hoy esa reforma es menos imprescindible que antes. Un punto más: si vos tenés una estructura corrupta en la Justicia Federal, como efectivamente existe, no la multiplicás por cuatro porque estás cuadriplicando el problema y la estructura se mantiene incólume. No hay nada que prometa hacer cumplimiento de los fines que alega Fernández: celeridad, transparencia e independencia.

      —Con la reforma volvió a discutirse la composición de la Corte Suprema, ¿Cree que debería mantener la misma cantidad de integrantes o ampliarse?

   —Yo auspicio una reforma, pero en condiciones muy distintas. Vivimos en la Argentina contemporánea y sabemos que no ha habido gobierno que no haya tratado de tener su propia Corte adicta. Estamos en una historia de desgracia y hastiados de la impunidad, de la manipulación de la Corte y del Consejo de la Magistratura. El kirchnerismo ya tiene encima dos antecedentes espantosos de reforma sobre el Consejo de la Magistratura y tenemos una historia muy cercana de intentos de ampliar la Corte para tener mayorías propias. En lugar de encarar esto con una comisión que, además, incluye a dos de los principales abogados del poder y de la corrupción en la Argentina, se debería apelar con agenda abierta a un acuerdo amplísimo. Es necesario mejorar el Poder Judicial en cierto modo, pero con un procedimiento que sea constitucionalmente respetable y que le dé a la reforma legitimidad democrática, porque todo lo que se haga ahí va a estar sospechado. Los gestos que se han dado no muestran que exista el propósito honesto de llevar adelante una reforma genuina, de buena fe.

      —¿Cree que la reforma puede llegar a frenarse, sea en el Congreso, la Justicia o las calles?

   —Previsiblemente, distintas reformas van a tener suerte distinta, porque hay algunas que no necesitan mayorías ampliadas y hay otras, como eventualmente el nombramiento de jueces en la Corte, que sí las requieren. Estas últimas parecen más difíciles, pero las primeras parecen más viables. Hay otro ingrediente más: el disgusto social, que se ha expresado. Hay que ver cómo eso pesa: el gobierno ha estado zigzagueando de modo muy llamativamente a partir de cómo se mueve la opinión pública. El caso Vicentin es una muestra del modo enloquecido con que se viene tomando decisiones: se defiende con intensidad y convicción una posición y al día siguiente la contraria. En este caso, el motor que empuja la reforma es la búsqueda de impunidad que tienen ciertos sectores dentro del gobierno, claramente la vicepresidencia. Eso es un factor explicativo extraordinario de todo lo que está pasando y lo que va a pasar. El presidente zigzaguea porque tiene esa presión dentro de su coalición y al mismo tiempo mira con un ojo lo que dice la opinión pública. Cada señal que ha dado el gobierno en el área de la Justicia, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro o el desmantelamiento del programa de testigos protegidos ha estado dirigida única y sistemáticamente a la construcción de impunidad.

      —Más de allá de que se desarrolle un proceso participativo y democrático, ¿Cuáles cree que deberían ser los contenidos de una reforma?

   —Esas son cosas que hay que discutir en público y democráticamente, pero si a mí me preguntaran, creo que los dos grandes dramas contemporáneos son los que mencionaba antes: la desigualdad y la impunidad. Finalmente son la misma cuestión: la desigualdad hace que la Justicia esté al servicio de los poderosos y que haya una parte importantísima de la población que no tenga acceso a la Justicia sino como perseguido, procesado o amenazado por la Justicia. Hay muchas reformas al alcance de la mano que han llevado a cabo países latinoamericanos —como Costa Rica o Colombia— que son sencillas y que permiten una democratización de la Justicia muy radical y sin mayores inconvenientes. Que no se opte por este camino y se opte por las tropelías que se han elegido es un indicio de la desorientación que tiene el gobierno y de su elitismo, el desentendimiento de las causas populares que invoca.