Con amplia mayoría, el Senado rechazó las dos leyes que el presidente Javier Milei bloqueó por decreto. Nueva derrota legislativa para LLA
Revés para Milei: el Senado repuso la ley de financiamiento universitario
El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto que había dictado el presidente Javier Milei contra la ley de financiamiento universitario y la ley de declaración de Emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan. De esta forma, la norma queda firme en ambos casos y obliga al Poder Ejecutivo a girar partidas adicionales para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y el efector infantil.
Con el aval de la oposición y de un sector del radicalismo dialoguista, la Cámara alta reunió los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original. Con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, el veto a la ley de financiamiento fue rechazado de manera contundente.
El resultado fue celebrado en Rosario, donde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) había advertido que sin esos fondos peligraba la continuidad de becas, programas de extensión, comedores y el sostenimiento de la investigación.
Atentos al debate en el Senado, docentes, no docentes y estudiantes concentraron en la plaza San Martín. El punto de encuentro fue en Santa Fe y Dorrego arrancó pasadas las 11 y fue convocada por los docentes de la Coad, los no docentes de Apur y los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria de Rosario (FUR). Desde allí siguieron la discusión en el Senado, donde también se trató el veto presidencial a la emergencia pediátrica en el Garrahan.
El debate estuvo cargado de fuertes críticas al gobierno. La senadora neuquina Silvia Sapag advirtió: “Milei no va a poder destruir a la educación universitaria pública y no la va a poder arancelar”. A su turno, el radical fueguino Pablo Blanco tildó al presidente de “degenerado social” y remarcó que “hay necesidades que no pueden quedar supeditadas a la lógica del Excel”.
Por su parte, la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri señaló que “la educación y la salud son herramientas para la libertad, no un gasto prescindible”, mientras que la salteña Nora Giménez subrayó: “El déficit fiscal no puede transformarse en excusa para desmantelar derechos constitucionales”.
Desde la bancada de Unidad Ciudadana, el senador Eduardo “Wado” de Pedro apuntó contra el gobierno: “En vez de reconocer que parecen funcionarios de otro país trabajando en Argentina, dicen que no hay plata. La ley tiene como objetivo afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes”.
La pulseada marca un nuevo revés político para Milei a menos de un mes de las elecciones nacionales. Mientras tanto, el movimiento estudiantil sigue con atención los movimientos de la Nación, que sigue sin transferir los fondos de la ley de Emergencia en Discapacidad promulgada hace ya varios días.
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Propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.
En el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, el Congreso aprobó un proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años. En concreto, la iniciativa propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
Según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal y los residentes a noviembre de 2023 equivaldría a un gasto adicional anualizado de $ 133 mil millones.
La norma ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece sanciones que pueden llegar al arresto. Pero para aplicarla en la ciudad, el Concejo Municipal deberá aprobar una ordenanza de adhesión. El Ejecutivo enviaría su propio mensaje el próximo 15 de este mes.
Por Lucas Ameriso
Por Nicolás Maggi
