Tras el paso del ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, por un recinto de sesiones a puertas cerradas, el Senado santafesino buscará darle luz verde a la brevedad al nuevo pedido de emergencia en la materia. La clave parece centrarse en los plazos de vigencia de esa herramienta impulsada por la Casa Gris, cuya extensión en el tiempo podría facilitar su conversión en ley, previo respaldo de la Cámara baja.
El mensaje del Ejecutivo con el pedido de que la emergencia en seguridad vuelva a ser sancionada había ingresado a fines de febrero pasado al Senado. De cara al debate parlamentario en puerta, Brilloni debía asistir por entonces a la Legislatura, pero la creciente ola de violencia en Rosario alteró la agenda del funcionario.
Paralelamente, con el mismo imán de debate, senadores y diputados provinciales fueron avanzando con cambios en el Código Procesal Penal, entre otras iniciativas.
Cara a cara
Finalmente Brilloni, acompañado del secretario de Gobierno provincial, Oscar Urruty, y otros funcionarios, expuso este miércoles ante la titular del Senado, Alejandra Rodenas, y casi todos los integrantes de las bancadas oficialista y opositora el trabajo que viene realizando el ministerio, al tiempo que planteó la necesidad de renovar la ley de emergencia con el objetivo de ampliar recursos y herramientas para combatir el delito y el narcotráfico, incluido el Servicio Penitenciario santafesino.
Si bien los jefes de los bloques de la Cámara alta han garantizado su respaldo a la iniciativa del gobernador Omar Perotti, la oposición —minoría en el cuerpo— ratificó, luego de escuchar al cuarto titular de Seguridad desde diciembre de 2019, su intención de extender la vigencia de la nueva emergencia (hasta el fin del actual mandato, según el mensaje del Ejecutivo) a uno o dos años, contemplando a la futura administración provincial.
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El intercambio en el Senado duró más de tres horas e incluyó un repaso del estado de situación en distintas áreas pertenecientes a Seguridad y en el Servicio Penitenciario, instancia que sembró dudas entre los legisladores, principalmente los de la oposición.
Por su parte, los senadores procuraron interiorizarse sobre el control a los denominados presos de alto perfil, como también acerca del avance en la instalación de inhibidores en las cárceles de la provincia.
Otro punto de conversación fue la resolución de la compra de chalecos antibala para la Policía de Santa Fe, que viene de un accidentado proceso de licitación.
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En ese contexto, legisladores instaron a que la nueva emergencia tenga objetivos concretos y no termine reactivando viejos reclamos ligados a una presunta subejecución de las partidas destinadas a Seguridad.
Aunque acelerar el visto bueno del Senado parece depender de que, antes del jueves próximo, quede saldada la discusión en torno a la duración de la nueva emergencia en seguridad.
Tiempos
“Para nosotros, el plazo debe ser de uno a dos años más. No conviene patear hasta fines de 2023, ya con una nueva composición legislativa, la discusión de la eventual prórroga de la emergencia”, deslizaron a La Capital en los pasillos de la Cámara alta.
Antes del cierre del encuentro con Brilloni también hubo tiempo para respaldar al diputado provincial Maximiliano Pullaro (ex ministro de Seguridad), blanco de una intimidación, a la par de un ataque a balazos contra una sede del Banco de Santa Fe ubicada en Granadero Baigorria.
Lo que haga el Senado de ahora en más será seguido con atención en la Cámara baja, donde sí impera la oposición, que también quiere escuchar a Brilloni. Y que ya se pronunció a favor de materializar una emergencia en seguridad en formato de ley de transición hacia el próximo gobierno santafesino.