El Congreso define qué comisiones analizarán la polémica ley ómnibus

El Congreso encarará la primera semana del año con la conformación de las comisiones que deberán analizar la denominada “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” enviada por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que contempla la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria y restricciones a las manifestaciones de protesta, entre otros puntos.

En el Senado, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, formalizó el viernes la conformación de las comisiones de Acuerdos, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos Administrativos y Municipales.

La Libertad Avanza (LLA) y los bloques no kirchneristas que integran el Senado ya designaron a los legisladores que desde esta semana integrarán las comisiones que trabajarán durante el período extraordinario de sesiones convocado por el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de enero, en tanto que el Frente de Todos (FdT) no presentó a sus representantes porque consideró que, por ser la primera minoría parlamentaria, debería otorgársele la mayoría en cada comisión.

La decisión de entregar 10 sobre 17 y 11 sobre 19 integrantes de cada comisión al no kirchnerismo fue tomada por el pleno en la sesión del 13 de diciembre y respaldada por una mayoría de 39 votos contra 29 del FdT.

De ese modo, el listado de los integrantes de las comisiones informadas el viernes pasado cuenta con representantes de La Libertad Avanza, el radicalismo, PRO, el peronismo disidente y de algunos bloques provinciales.

De hecho, la cámara alta ya oficializó la convocatoria para la tarde de este miércoles a un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, encabezadas por el oficialista riojano Juan Carlos Pagotto y el peronista disidente por Entre Ríos, Edgardo Kueider, respectivamente, para debatir el proyecto de boleta única de papel (BUP), e intentar dictaminar.

El proyecto BUP, incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias, fue votado en Diputados en junio de 2022 por casi toda la oposición por 132 votos a favor del radicalismo, el PRO, el peronismo disidente, la Coalición Cívica (CC) y LLA, además de bloques menores de identificación con partidos provinciales.

Además, la Cámara alta se oficializó la convocatoria a la comisión de Presupuesto y de Relaciones Exteriores para el miércoles a las 14,30 para analizar los convenios económicos internacionales firmados por el gobierno de Mauricio Macri con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Arabes Unidos y Turquía para evitar la llamada “doble imposición en materia de tributos sobre la renta y prevenir la evasión”, que deben ser ratificados por el Congreso.

Esos convenios, si obtienen dictamen favorable, serán puestos a consideración del pleno en sesiones del Senado que podrían desarrollarse entre el miércoles 10 o jueves 11 de enero.

En ese sentido, el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, confirmó que esta semana comienzan a conformarse las comisiones para analizar los proyectos incluidos en la llamada “ley ómnibus”, enviada al Congreso por el presidente Javier Milei, y que contempla, entre otras iniciativas, la privatización de empresas públicas y cambios en el sistema electoral.

“Esta semana en la Cámara alta estará la conformación de las comisiones. Hay reuniones para elegir autoridades y empezar a tratar los proyectos que han entrado. De haber dictamen, la semana siguiente, diría el día 10 u 11 de enero, seguramente ya estaríamos en condiciones de iniciar la sesión”, dijo Abdala, senador por La Libertad Avanza, en declaraciones radiales.

En tanto, en Diputados, fuentes parlamentarias estimaron que esta semana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzará en la conformación de _al menos_ las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General, para abrir el debate parlamentario del proyecto enviado el miércoles último por el Poder Ejecutivo y que consta de 664 artículos.

Menem se mostró optimista respecto del paso de la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo esta semana al Congreso, esperando que para fin de mes esa norma haya sido aprobada al menos en ese cuerpo.

“Antes del 31 de enero tendremos una primera parte” aprobada, aseguró Menem, en declaraciones radiales, al asegurar que “tenemos el tiempo en enero de trabajar la mejor solución y seguramente nos pondremos de acuerdo. La intención es que se vote lo antes posible”.

En la Cámara baja, la atribución de determinar cuántas y cuáles serán las comisiones a conformar, es potestad del presidente del cuerpo, quien avanzaba en las últimas horas del viernes en acuerdos con los diferentes bloques para terminar de definir la integración de las mismas.

En tanto, los diputados de la oposición advirtieron que tienen que ser más las comisiones a conformar por el tenor de los temas incluidos en el proyecto de ley; y en ese marco aspiran a que por el heterogéneo contenido de los proyectos sean analizados por entre 20 y 23 de las 46 comisiones que conforman la Cámara baja.

El proyecto de “ley ómnibus” señala en su primer artículo que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027, lo que abarcaría todo el mandato de Milei.

Entre los puntos principales, el proyecto contempla como sujetas a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina, la agencia de noticias Télam e YPF.

Por otra parte, la iniciativa suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste”, teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”, a la vez que plantea que “hasta que se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.

Además, el proyecto propone derogar el artículo 1º de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Asimismo, en uno de los últimos artículos, el proyecto propone ratificar el DNU de desregulación del Estado, que generó polémica y rechazos de bloques opositores.