Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
El proyecto de juicio por jurado está a consideración del Senado santafesino
La Legislatura santafesina comienza a abordar las modificaciones estructurales al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que propicia la Casa Gris, junto a otras dos iniciativas que promueven cambios en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y el Código Procesal Penal.
Por lo pronto, la iniciativa oficial que impulsa retoques a la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación cuenta un pedido de tratamiento preferencial en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, prevista para las 13, en el marco del período extraordinario.
Sin embargo, los legisladores recibirán este miércoles a referentes de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA y de colegios de magistrados y abogados con el objetivo de acceder de modo directo a sus inquietudes y aportes al proyecto del gobierno de Maximiliano Pullaro. El encuentro será, a partir de las 11, en la Cámara baja.
La iniciativa del Ejecutivo apunta a un MPA centralizado y con impronta verticalista. Fundamentalmente, le otorga mayor poder a la Fiscalía General, a cargo de María Cecilia Vranicich, para que encare medidas directas en el combate al delito en territorio santafesino, en especial en Rosario.
Asimismo, el proyecto de la Casa Gris busca corregir desequilibrios en el proceso de investigación. En ese contexto, la controversia sobrevuela las fiscalías regionales y una supuesta pérdida de potestades.
A través de un comunicado, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA instó a avanzar con reformas “de modo articulado y participativo entre todos los actores del sistema de Justicia” ya que, enfatizó, los cambios “tendrán repercusión en la resolución de conflictos, los derechos de las víctimas y las garantías ciudadanas”.
La regional Rosario del MPA cerró 2023 inmersa en denuncias cruzadas entre fiscales, incluso con el corrimiento de algunos de ellos de investigaciones que estaban en curso. También con áreas que quedaron bajo la lupa de Vranicich.
El revuelo fue tal que, tanto la fiscal general como su par regional de Rosario, María Eugenia Irribarren, tuvieron que ir a la Legislatura a detallar sus actuaciones.
Paralelamente, el Colegio de Magistrados, tras auscultar la propuesta de la Gobernación, aludió a medidas de “significativa importancia en el área penal como en resto de los fueros”. Y, por ese motivo, enfatizó que “merecen un marco de debate y reflexión acorde al impacto que pueden ocasionar”.
A su vez, la defensora general de la provincia, Estrella Moreno Robinson, planteó objeciones a la reforma de la ley orgánica que rige el SPPDP y alertó: el proyecto elaborado por el oficialismo “quiebra absolutamente el actual esquema”.
La Cámara baja pretende tomar nota de los posicionamientos de los distintos actores del sistema judicial santafesino y, eventualmente, consensuar alguna modificación antes de iniciar el debate en torno a la iniciativa del gobernador centrada en la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación.
El paquete de reformas judiciales sintoniza con otras medidas ya puestas en marcha por la Casa Gris en materia de seguridad, entre ellas la reorganización del servicio policial en Santa Fe, el endurecimiento de la administración carcelaria y la reciente adhesión a la ley nacional de narcomenudeo.
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