Los consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación, Mariano Recalde y Vanesa Siley, presentaron una denuncia por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La acusan de ordenar la “ detención arbitraria e incomunicación” de siete personas, cinco de las cuales continúan privadas de su libertad, en el marco de una causa iniciada tras la colocación de un pasacalle y bolsas con excremento frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert.
Los hechos, según la denuncia presentada, "no pueden configurar más que una infracción municipal", pero la jueza habría desplegado procedimientos, siguiendo los argumentos de la denuncia, que incluyeron "diferentes allanamientos, detenciones e incomunicación" sin una imputación clara.
Entre las detenidas se encuentra Alexia Abaigar, trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza pese a padecer una “enfermedad autoinmune severa”, lo que motivó presentaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del CELS como “amicus curiae”, según consta en la denuncia.
Este viernes, luego de las mencionadas presentaciones, Arroyo Salgado le otorgó a Abaigar la prisión domiciliaria.
Accionar arbitrario
Los denunciantes sostienen que Arroyo Salgado incurrió en "un accionar arbitrario e ilegal" y actuó "al servicio de los intereses políticos del gobierno nacional", lo que configura, según los denunciantes, un caso de “persecución política”.
La denuncia también cuestiona la figura penal utilizada por la magistrada para justificar las detenciones: "Asociación ilícita, amenazas coactivas y actos discriminatorios por motivos políticos. Esto resulta desproporcionado y sin sustento jurídico”.
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La presentación solicita que el Consejo de la Magistratura investigue la conducta de la jueza por mal desempeño, por violación de garantías constitucionales y por el uso desmedido del Poder Judicial con fines de “amedrentamiento y disciplinamiento social al servicio de los intereses políticos del Gobierno nacional”.
