Foto: Archivo / La Capital
La magistrada dimitió y la Corte quedó con cuatro miembros y ninguna mujer.
Tras la presentación de la renuncia de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, a materializar el 1º de noviembre próximo, e l nombre para su reemplazo deberá ser elegido por el presidente Alberto Fernández y aprobado por el Senado nacional con una mayoría especial que el oficialismo, por el momento, no tiene.
La única jueza en la actual conformación del máximo tribunal superó los 75 años de edad, tope fijado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para ejercer la magistratura, pero continuaba en el cargo gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y consentida por el gobierno de Mauricio Macri.
“Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de jueza de la Corte Suprema, con efectos a partir del 1º de noviembre”, expresó Highton en una misiva dirigida a Fernández (fechada el 30 de septiembre pasado).
La carta fue publicada en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ). El 30 de septiembre se produjo la votación —de la que ella no participó— en la que Horacio Rosatti fue ungido como nuevo presidente del máximo tribunal.
Sin embargo, en la Casa Rosada “no fue sorpresa” la renuncia de Highton: la jueza se la había adelantado a la mañana al presidente en un contacto telefónico.
Highton quedó ofuscada por el procedimiento y la decisión de sus colegas de desoír su pedido para que postergar la votación ya que su par y aspirante también a la presidencia, Ricardo Lorenzetti, estaba participando de un foro internacional y se había excusado de intervenir en el acuerdo extraordinario.
Hasta ese día, Highton ejerció la vicepresidencia de la Corte, cargo del que fue desplazada por su colega Carlos Rosenkrantz.
Esa permanencia en el cargo le valió no sólo cuestionamientos internos en el Poder Judicial sino también una causa penal en la que está denunciada junto a Rosenkrantz, el ex ministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano y el ex asesor presidencial en material judicial Fabián Pepín Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Argentina y residiendo en Uruguay.
La denuncia fue presentada por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, una organización encabezada por los abogados Federico Méndez y Pablo Llopart.
Pese al hermetismo en su vocalía, fuentes de la Corte explicaron que en la decisión de Highton influyó también un pedido familiar a raíz de situaciones privadas.
La Constitución Nacional establece que el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto”.
Por eso, Fernández tendrá que buscar a un candidato o candidata para el cargo que Highton dejará en noviembre y enviar su pliego a la Cámara alta, que preside Cristina Kirchner, para que lo trate —en primer término— la comisión de Acuerdos.
No obstante, el procedimiento es más extenso y está regulado por el decreto 222/2003, que indica que, una vez producida la vacante, “el Ejecutivo tiene un plazo máximo de 30 días para publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares” de la persona en consideración para el cargo.
Luego, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entre otras entidades, tienen 15 días para presentar ante el Ministerio de Justicia sus apoyos o impugnaciones fundadas al candidato.
Concluido ese período, se abre otro plazo de 15 días para que el Ejecutivo decida si eleva o no el pliego al Senado para su tratamiento.
En caso de que lo envíe, Acuerdos deberá activar el mismo procedimiento: publicación del nombre del candidato y sus antecedentes en diarios de circulación nacional y un plazo de 15 días para recibir observaciones.
La comisión, que encabeza la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos, FdT) deberá convocar a una audiencia pública para que el candidato propuesto por el presidente defienda su postulación y responda preguntas de los senadores.
Si obtiene dictamen favorable de Acuerdos, el pliego pasa a ser tratado por el pleno del Senado en el recinto, donde necesita una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un total de 48 votos si asisten los 72 legisladores que componen a la Cámara alta.
Pero el oficialismo no alcanza ese número: tiene 41 bancas y, para llegar a los dos tercios, necesitaría que se ausente parte de la oposición. Además, si los resultados de las Paso se repitieran en las legislativas de noviembre, quedaría todavía más lejos, con unos 35 votos propios.
Por ese motivo, la designación de un juez de la Corte Suprema requiere de un consenso significativo entre las distintas fuerzas políticas.
Los últimos dos jueces aprobados por el Senado son Rosatti y Rosenkrantz, actuales presidente y vice del máximo tribunal. Ambos fueron propuestos en 2016 por Macri.
Se trató de una designación accidentada ya que Macri intentó nombrarlos por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), lo cual va en contra de lo que establece la Constitución Nacional y del decreto reglamentario 222/2003.
Highton dejó su impronta en el máximo tribunal con la propuesta de crear la Oficina de Violencia Doméstica para tratar la violencia de género puertas adentro, pero también imponiendo una atención especial para esos casos en la Justicia.
Es la magistrada con mayor sintonía con Fernández, con quien la unían cuestiones académicas en la rama del Derecho, donde ella se desempeñó en varios cargos. Incluso, como integrante de la Cámara Nacional en lo Civil y, finalmente, en la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, en julio del año pasado, en plena pandemia por el coronavirus y ante una convocatoria del gobierno, Highton fue la única integrante de la Corte en participar de la anunciada reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo y de la creación de una comisión de notables para analizar cambios en el alto tribunal.
A tal punto que parte de esa comisión fue el abogado de CFK, el penalista Carlos Beraldi, quien paralelo a esa labor tiene planteos ante la Corte a favor de la vicepresidenta, en el marco de causas penales en su contra.
Highton, incluso, logró sortear el límite de 75 años fijado por la Constitución Nacional para poder ejercer cargos públicos en la Justicia a través de un amparo al que le dio lugar el magistrado (en lo Contencioso Administrativo Federal) Enrique Lavié Pico.
Ese fallo fue durante la presidencia de Macri, el cual inicialmente cuestionó la continuidad de la jueza. Pero finalmente no apeló la medida y Highton logró, de ese modo, permanecer en el cargo.
Por Ruth Oitana