Imagen de archivo.
Nicolás Gabriel Carrizo, detenido y procesado como partícipe secundario del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue convocado a ampliar su indagatoria en el marco de esa investigación, a raíz de que se hallaron en su celular nuevos mensajes de texto en los que se atribuye participación en la planificación del ataque, informaron fuentes judiciales.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti lo convocó para el 5 de enero próximo, luego de que la Cámara Federal porteña le ordenara ayer avanzar en esa dirección a partir de un planteo formulado por la querella de la ex presidenta que la magistrada había rechazado en primera instancia.
El tribunal de apelaciones lo resolvió con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia (Mariano Llorens votó en contrario) ante un planteo de los abogados querellantes José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal tras detectar mensajes de Carrizo del 1 de septiembre en los que aseguraba: “Recién intentamos matar a Cristina”.
Los jueces resolvieron “encomendar a la jueza de grado proceder conforme los lineamientos trazados en los considerandos precedentes”, en un fallo de 6 páginas en el que se refirieron a la necesidad de exhibirle a Carrizo la nueva prueba incorporada al expediente lo que podría derivar en que se amplíen también las indagatorias de los principales imputados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte (coautores del ataque) y en una recalificación de los hechos.
“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados _como tales_ con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la Datip (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal), donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, sostuvieron los jueces.
“Y si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente no exige que la intimación cursada a los imputados sea ampliada cada vez que se agrega un nuevo elemento de prueba al sumario, las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, agregaron.
“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la vicepresidenta, según surgía de la presentación de la querella.
En aquella presentación, los abogados de la querella advirtieron sobre la aparición de mensajes que no le fueron atribuidos en su primera declaración indagatoria y que “hacen imperante una ampliación de la imputación”.
Por ejemplo, remarcaron que luego del atentado, a las 23.17 del 1 de septiembre, Carrizo escribió a uno de sus contactos agendado como Kevin Bargas 2: “Recién intentamos matar a Cristina” (23: 17 hs.). “Mi empleado” (23:17 hs.). “Le quiso disparar” (23:17 hs.). “Va a ir preso” (23:17 hs.). “El arma es mia amigo” (23:18 hs.). “Te lo juro por dios” (23:18 hs.). “Estamos con el grupo” (23:18 hs.). “Todos juntos” (23:18 hs.)
Hasta ahora, Sabag Montiel y Brenda Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido igual. Cuando pidieron ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que además de intentar matar a la vicepresidenta buscaba desestabilizar al gobierno.
En relación a ese planteo, los jueces Bruglia y Bertuzzi, respondieron: “Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (...) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó todos los pedidos que le formuló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación con la presunta vinculación de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio en su contra.
“En lo atinente a los pedidos de detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, cuya libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior, no ha lugar”, resolvió esta noche el juez.
No obstante, le sugirió a la querella que representa a la vicepresidenta _encabezada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal_ que peticione las detenciones a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la investigación por el intento de asesinato propiamente dicha.
“Sin perjuicio de que la parte querellante formule la petición que estime pertinente en el marco de la causa 2998/2022 en base a los hechos que allí se ventilan”, deslizó Martínez de Giorgi, en relación con el expediente que investiga el atentado.
Sobre el pedido de indagatoria para la decoradora Rossana Caputo, quien contactó a uno de los líderes de Revolución Federal para que proveyera de mobiliario para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en la zona de Vaca Muerta, el juez supeditó una decisión en ese sentido al resultado “de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”.
Martínez de Giorgi también desestimó el pedido de allanamiento sobre el domicilio de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba del departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de La Recoleta.
El juez consideró “apropiado requerir, en su lugar, los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.
“Cumplido ello, se informe la totalidad de la actividad de la nombrada entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, ordenó el juez.
En ese sentido, explicó que “pudiendo resultar de interés y entendiendo que existen motivos suficientes, solicítese a Twitter y a Instagram que se informe las cuentas vinculadas a la nombrada _debiendo indicar el número telefónico asociado_ y al abonado” que utilizaba otro de los referentes de Revolución Federal, Gastón Guerra.
El juez requirió que “se remitan las publicaciones y mensajes directos enviados y recibidos desde dichas cuentas desde el mes de abril hasta la actualidad”.
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