Una matanza originada en la ruptura de códigos internos

La cacería fue selectiva. Los nombres de los muertos, todos rosarinos, estaban anotados en una lista. En una cárcel superpoblada, sin mecanismos de diálogo para destrabar conflictos, el 11 de abril de 2005 detonó en el penal de Coronda la peor masacre carcelaria en la historia provincial. Un suceso que marcó un antes y un después en el devenir de las prisiones santafesinas.

La historia oficial de la masacre comenzó alrededor de las 17 de aquel lunes. Los internos del pabellón 7, en el ala norte, violentaron un candado de la planta alta y sorprendieron a dos guardias. Eran más de cuarenta hombres armados con chuzas y sus caras cubiertas. A medida que el malón avanzaba, presos del pánico los guardias daban la alarma y abandonaban sus puestos.

Los amotinados se dividieron en dos grupos y con los carceleros como escudos avanzaron hasta el pabellón 11, donde mataron a 10 internos en ocho minutos. El otro grupo fue al sector 1 y asesinó a otros cuatro detenidos. Luego se plegaron los del pabellón 3 e iniciaron un incendio.

La policía tuvo que formar un grupo de choque y una barricada con efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (Goep) para negociar con los líderes de los presos santafesinos. Llevó unas diez horas reestablecer la calma y lograr que los internos se entregaran luego de exigir la presencia de sus abogados y los medios de comunicación. La cárcel era un reguero de sangre.

"Una cosa es rastrear y otra es apretar. Estos estaban cebados", le dijo un interno a un cronista de este diario que recorrió la cárcel dos meses después. Las víctimas fueron los rosarinos Amelio Mercado, Cristian Heredia, Diego Aguirre, Juan Ortigoza, Carlos Barreto, Walter Gómez, Ramón Valenzuela, José García, Sergio Frías, Fabián Benítez, Jorge Raúl Yanuzzi, Juan Díaz y los hermanos Ramón y Sergio Duarte apuñalados, degollados o calcinados.

En diciembre de 2008, seis presos santafesinos fueron condenados a prisión perpetua y otros tres recibieron penas de 10 años de prisión por su participación en la masacre. Aunque en un primer momento se adjudicó la matanza a la disputa entre santafesinos y rosarinos, el juez Darío Sánchez lo desestimó. Consideró que fue una venganza por la ruptura de "códigos internos".

Sin culpables políticos

En noviembre de 2008 el entonces director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, y otros diez ex funcionarios y oficiales fueron sobreseídos por la Justicia porque no se comprobó que tuvieran responsabilidad penal. Con el paso del tiempo también fueron desvinculados los guardias tomados como rehenes, Eduardo "Tato" Marchesín y Oscar Yosviak, quien días atrás rompió el silencio y dijo que los agentes carecen de contención y son partes de un sistema "perverso".

A quince años de ese fatal motín, Rosúa recuerda que el primer impacto político de la matanza fue un dilema: profundizar el proceso dialoguista y de apertura iniciado en su gestión o dar marcha atrás. Esto, en medio de hipótesis luego desechadas sobre una posible participación en la revuelta de penitenciarios descontentos. "El gobernador (Jorge Obeid) estaba en China. Cuando volvió se dio esta discusión en una reunión de gabinete y planteamos que este hecho tenía que servir para acelerar y profundizar la reforma", evocó.

Una de las primeras medidas fue un decreto para poner directores civiles en cada cárcel: "Eso nos dio una capacidad de gestión mayor de las unidades porque antes los directores de carrera no siempre compartían la mirada política". La población de Coronda se redujo a mil internos y se abrieron espacios de estudio y trabajo.

Durante años las alas sur y norte se dividieron entre rosarinos y santafesinos. Aunque la idea de esa rivalidad quedó instalada, según Rosúa, en el sumario interno por la masacre no se advirtió eso sino "broncas entre internos por graves situaciones que se habían dado con visitas y familiares" y con "una superpoblación infernal" que tarde o temprano iba a estallar.

M.L.C