“Nosotros somos lo que le cobramos a todo Rosario, la mafia. Hoy te tocó a vos”. Este tipo de amenazas recibieron entre enero y febrero pasado cuatro comerciantes, la mayoría de la zona de Mendoza y Donado, a quienes les exigieron sumas que rondan los 100 mil pesos mensuales a cambio de dejarlos trabajar “tranquilos”. Los aprietes se cometieron bajo promesa de disparos, de matar a sus empleados o de prenderles fuego los locales, lo que en un caso se concretó con el incendio de un carrito. La investigación desembocó en un preso del Complejo Penitenciario de Rosario como quien orquestaba el negocio con un celular, en uno de los hechos asistido por su novia y con familiares directos de la mujer como víctimas.
El fiscal de la Unidad de Balaceras Federico Rébola imputó a Ignacio Alexis C. como coautor de dos hechos de extorsión consumados y otros dos en tentativa. La jueza Valeria Pedrana le dictó la prisión preventiva por dos años. Como partícipe necesaria de un intento de extorsión fue imputada Luana G., quien visitaba a Ignacio en prisión y quedó bajo arresto por el mismo plazo. Fue acusada de haberle facilitado a su pareja los datos de unos tíos que administraban un quiosco. A esto sumó la tenencia ilegal de una pistola Bersa 9 milímetros que se encontró el miércoles en un allanamiento a su casa de la zona oeste.
La primera denuncia fue presentada por una mujer que el 25 de enero recibió mensajes extorsivos en su celular. Le exigían 400 mil pesos para que pudiera seguir trabajando tranquila en su quiosco de la zona oeste, suma que podía abonar en cuatro cuotas mensuales. ”Me nombraron a mi mamá, donde vive, a mis hijos, mi domicilio, todo. Dicen que hace dos meses que me vienen caminando y que si no colaboro van a dejar que se encarguen los pibes”, denunció el mismo día.
Pero los llamados continuaron toda la tarde. Le decían que estaban en la puerta y que iban a balear el comercio y por eso entregó 50 mil pesos a dos jóvenes que pasaron a cobrar por la puerta del comercio. A los dos días se reanudaron las exigencias: “Plata. O 08 de moto o de autos. El dueño de toda la zona soy yo”. La víctima entregó otros 50 mil pesos a dos jóvenes que pasaron en moto bajo el puente peatonal de Santa Fe y Circunvalación.
Dos semanas después, el 13 de febrero, los mensajes llegaron a dos hermanos dueños de varios comercios. “En esta zona ya están pagando todos”, le advirtieron a uno de ellos, dueño de un carrito, y le pidieron un millón y medio de pesos. El respondió que no tenía ese dinero y acordaron el pago de cien mil pesos, otros cien mil a la semana y 200 mil cada quince días. Se realizó la primera entrega a un motociclista cerca de unas canchitas de fútbol 5 en Circunvalación y Santa Fe.
Las exigencias continuaron y la madrugada del 18 de febrero el carrito ubicado en la colectora de Circunvalación fue blanco de un ataque incendiario cuando una persona arrojó un líquido inflamable y un trapo encendido. El dueño llegó a tiempo para aplacar el fuego y siguió a dos personas que se alejaban de la zona pero lo corrieron con una pistola.
La noche siguiente hubo llamado a un minimarket de su hermano en el que advertían “van a tener que cerrar todos los negocios” y otro familiar comenzó a recibir mensajes exigiendo que se comuniquen, videos de disparos y amenazas de que matarían a un empleado.
El tercer hecho tuvo como víctima a un comerciante de la zona norte. “Hoy te tocó a vos. Te venimos siguiendo hace como siete meses. Tenés el negocio que levanta una banda de plata por día, te estás yendo de vacaciones a full, no te hagas el boludo, colaborá. Estamos a la vuelta de la casa de tu mamá. Te la vamos a secuestrar y a cortar los dedos”, decía el primer mensaje del 24 de febrero. A pesar de que el hombre bloqueó ese número, él y su esposa siguieron recibiendo llamados, mensajes y fotos del frente del comercio.
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Hasta que el 22 de marzo el comerciante recibió en su celular varios mensajes de WhatsApp que fueron rápidamente eliminados, salvo uno que decía “vos y tu mujer” y que alcanzó a leer antes de que lo borraran. Entonces abrió la imagen de perfil del remitente y vio que era una foto de un muchacho acompañado por Luana, sobrina de su pareja. Días después la madre de la chica les contó llorando que la joven había brindado información de su familia a su novio, Ignacio C., quien estaba preso, y desde ese día no recibieron más mensajes.
El último afectado fue el dueño de una granja y almacén del barrio de Donado y Mendoza. El 21 de febrero dos familiares que trabajan en el negocio comenzaron a recibir mensajes. Les avisaban que estaban “cobrando en el Fonavi” y que si no aportaban les iba a pasar lo mismo que al “carrito de colectora”. “Si querés que te diga quién pasó los datos de ustedes, cómo se manejan las empleadas, pasá cien mil. A nosotros nos tiraron para que ustedes paguen. No somos del Fonavi. Así que no nos interesa matarles a nadie para que paguen”, completaba el apriete, que fue denunciado sin que las víctimas entregaran dinero, aunque por temor cerraron el comercio.
La investigación determinó que el celular del que partían las amenazas impactaba en antenas cercanas a Pérez o Funes, es decir dentro del radio de cobertura de la cárcel de 27 de Febrero al 7800. Fue intervenido y se determinó que era usado por Ignacio C. en su celda de la unidad sub 3, donde cumplía condena por robo con arma de fuego. Registraba múltiples llamados con su pareja Luana —quien lo visitaba en prisión desde diciembre— y ocasionalmente lo prestaba a otros detenidos. En una requisa de fines de marzo se secuestraron dos celulares en ese pabellón.
Según la acusación, se comprobó que el celular de C. era usado para cometer extorsiones y que las exigencias de dinero alcanzaban también a su novia: “Escuchame una cosa, Luana, dejame hablar a mí. Vos no me das la plata ahora, antes de las cuatro, y yo le digo a tu papá que entregaste a tus parientes”, le advertía a la chica, ahora implicada en la causa y detenida en la cárcel de mujeres del mismo complejo penitenciario.
