Dos empleadas policiales detenidas por encubrir el doble crimen de Emanuel Medina y David Campos, asesinados en un caso de gatillo fácil el 23 de junio pasado, comprometieron a otro implicado tras revelar que ejecutó de un tiro en el rostro a uno de los jóvenes. Las mujeres dijeron que al llegar a Callao y Cazadores el policía que iba con ellas se bajó de la camioneta y se acercó al auto ya estrellado de las víctimas, le disparó en la cara a quien iba como acompañante y levantó la vaina y no dejar rastro.
Ese relato, que las agentes brindaron la semana pasada a puertas cerradas ante un juez, fue reproducido ayer por el fiscal del caso en una audiencia en la que 14 acusados de encubrimiento pidieron recuperar la libertad. Con el peso de esa revelación, la camarista Carolina Hernández dispuso que todos sigan en prisión preventiva ante el tenor de las evidencias y el riesgo de que intenten entorpecer la pesquisa. "La imputación en sí tiene que ver con una adulteración", resaltó. El plazo de encierro de los policías vence el 13 de diciembre, cuando su situación volverá a discutirse.
La audiencia de apelación fue a pedido de las defensas de 14 de los 18 efectivos del Comando Radioeléctrico (CR) y la Policía de Acción Táctica (PAT) implicados en el doble crimen. Todos cumplen arresto preventivo —algunos en domiciliaria— y pidieron que se revocara esa medida dispuesta por el juez Carlos Leiva en septiembre. Sólo uno de los acusados está imputado de homicidio calificado: Alejandro Rubén B., quien no apeló su situación.
El doble homicidio de Campos y Medina ocurrió el viernes 23 de junio pasado a las 11. El Volkswagen Up en el que iban los jóvenes habría evadido un control vehicular en la zona de Grandoli y Lamadrid y fue perseguido durante 28 minutos por el sur rosarino y Villa Gobernador Gálvez hasta Callao al 5700, donde una camioneta policial lo chocó de atrás y lo hizo estrellar contra un árbol.
Los airbags del vehículo conducido por Medina estallaron y el auto fue rodeado por los policías que, según testigos, dispararon sin piedad. Según las autopsias, Medina recibió al menos nueve tiros y Campos otros cinco.
El fiscal Adrián Spelta se opuso a la liberación de los 14 efectivos que ayer siguieron la audiencia en silencio. Recordó que las imputaciones se fijaron en función de imágenes de cámaras de vigilancia, llamados al 911, mensajes de las radios policiales, datos de los GPS de los móviles y una pericia balística de la PDI.
"Algo raro"
Ese informe arrojó que no hubo disparos desde el auto hacia afuera y que las vainas halladas no fueron disparadas por las dos armas que la policía atribuyó a las víctimas: un revólver calibre 38 y otro calibre 32. El primero tenía cuatro balas en el tambor y dos de ellas percutadas, pero en los análisis se constató que esos proyectiles no habían sido disparados por ese revólver.
Spelta citó además un video obtenido con un celular que registró dos secuencias de disparos, así como testimonios de doce policías que mencionaron esos dos momentos. "Acá hay algo raro, por eso nos fuimos", dijeron algunos de ellos. Según el fiscal, revelaron que el jefe de tercio del CR ordenó que nadie se acercara al lugar mientras que el agente B. "trataba de armar la escena de un enfrentamiento".
A puertas cerradas
A esos elementos se sumaron los testimonios brindados la semana pasada por dos mujeres de la PAT con arresto domiciliario: Jésica Elizabet L. y Roxana R. Ambas pidieron declarar y por eso se hizo una audiencia ante el juez Héctor Núñez Cartelle que, por el tenor de sus dichos, fue a puertas cerradas. Según contó ayer Spelta, las dos manifestaron que iban en una chata que conducía su colega Leonel Emiliano M. quien, al llegar adonde el VW estaba estrellado contra el árbol, bajó, se paró al lado del acompañante y disparó.
—¿Qué hiciste? ¿Disparaste? — le preguntaron sus compañeras a M.
—Sí.
—¿Dónde le pegaste?
— En la cara.
El diálogo que refirieron las empleadas, según Spelta, está refrendado con datos de la pericia balística: Campos recibió varios disparos por la espalda y uno que ingresó por la mejilla izquierda y quedó alojado en la médula. Esa bala no se corresponde con el cañón del arma que portaba B. pero sería del tipo de cañón de la pistola asignada a M., quien podría ser imputado del homicidio en los próximos días. Las acusadas "observaron movimientos raros dentro del vehículo" y advirtieron que M. levantó su vaina para ocultarla.
Entorpecimiento
"Declararon con cierto temor, al punto que tienen custodia de Gendarmería donde cumplen arresto domiciliario", remarcó Spelta, para quien los acusados "entorpecieron la investigación desde el primer momento". Por ejemplo, del jefe de tercio del CR, Hugo Daniel B., dijo que dirigió las maniobras de ocultamiento al grito de "esta es mi escena, este es mi tercio".
Con esa argumentación, el fiscal respondió los pedidos de excarcelación formulados por siete abogados. La defensora pública María Laura Blacich, por el agente de PAT Leandro Javier C., con prisión domiciliaria; Marcelo Piercecchi por Alejandro Luis B., Claudio Sebastián C. y Alexis Iván T., todos PAT presos en una comisaría.
Patricia Guzmán y Matías Diodatti defienden al PAT Marcelo Adolfo E. y a los agentes del CR Walter Marcelo O., Fernando Hernán V. —en comisaría— y Paola Lorena C., con domiciliaria. Marcelo Argenti reclamó la libertad de Aldo B. y Leonel Emiliano M., ambos PAT presos en una seccional. Juan Ubiedo representa a María de los Angeles R., Ricardo A. y Daniela A., todos del CR. Y José Alcácer actuó por Hugo Daniel B., también preso en una dependencia policial.
La mayoría de los abogados tomó el caso recientemente, por lo que se apegaron a un escrito de apelación previo que sólo reclamaba la libertad de los acusados sin pedir medidas intermedias. En sintonía argumentativa, resaltaron que "no hay peligrosidad procesal" porque los policías estuvieron más de dos meses libres pero a disposición de la Justicia, entregaron armas y celulares, y se prestaron a análisis de sangre y dermotest. También remarcaron que sus clientes están acusados de encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público, delitos por los que podrían recibir condenas de cumplimiento condicional.
El fiscal se opuso a todos los pedidos y la jueza Hernández decidió confirmar los arrestos preventivos "en las distintas modalidades que cumple cada uno". Remarcó que el fiscal "imputó a aquellos sobre los que había sospechas, no a todos", y concluyó: "La prueba es del juicio y hay que garantizar que se lleve adelante. El hecho es complejo y debe considerarse el temor que han manifestado estas dos declarantes".
ejecución. Campos y Medina fueron acribillados por balas policiales tras una confusa persecución por la zona sur.
El padre de Medina será querellante
El padre de uno de los dos jóvenes acribillados por la policía en Cazadores y Callao, fue admitido ayer como querellante en la causa penal. Tras una audiencia de apelación la jueza Carolina Hernández aceptó que Luis Medina pueda ser parte en el caso.
La medida había sido rechazada el 23 de agosto por el juez Carlos Leiva, que argumentó que la heredera forzosa de Emanuel Medina era su hija quien por ser menor de edad sólo puede intervenir si su madre realiza una presentación en tal sentido. Pero las abogadas Marcia López Martín y Luciana Torres remarcaron ayer que no se discuten cuestiones sucesorias sino "un derecho extrapatrimonial" que no excluye la posibilidad de querellar tanto al hijo como al padre, aunque en ese caso deberán actuar con una querella unificada. Así lo entendió la magistrada. Las mismas abogadas representan como querellantes a los padres de David Campos.
