Tres funcionarios del Servicio Penitenciario (SP) santafesino, entre ellos el actual titular de la repartición, fueron absueltos en un insólito juicio por calumnias que les había iniciado en 2015 el jefe de una cárcel que había sido sancionado a raíz de la fuga de un preso. Si bien por esos días la presentación fue desestimada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el trámite continuó a través de los querellantes que patrocinaron al denunciante. Así, ayer llegaron los funcionarios al banquillo de los acusados pero apenas una hora más tarde el juez Nicolás Falkenberg resolvió absolverlos ya que los querellantes no pudieron explicar cuál era el delito ni exponer pruebas en ese sentido.
Según refiere el diario Uno de Santa Fe, la insólita situación registrada ayer en la sala 1 de los Tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe tiene su origen en el escape protagonizado en abril de 2015 por un recluso del penal de Las Flores.
La fuga tuvo entre sus consecuencias sanciones administrativas para el jefe de Seguridad Externa de esa cárcel, Alberto Zambra, quien denunció penalmente por calumnias a tres funcionarios del SP: Juan Martínez Saliba, actual secretario de Asuntos Penitenciarios y entonces director general del organismo; Humberto Orsi, ex director del Cuerpo; y Rodolfo Eduardo González, ex director de Asuntos Internos.
Luego de que los fiscales del MPA desestimaran la denuncia penal, el trámite continuó a través de los abogados querellantes que patrocinaban a Zambra, Candela Galán y Gustavo Reinoso, quienes ayer llevaron al banquillo a los tres funcionarios.
Sin delito
En su alegato inicial, según el diario de la capital provincial, Reinoso sostuvo que "no quedó otro remedio que llegar a la denuncia penal y por ello, concluir en esta instancia". Por su parte el ex titular del SP y abogado de Martínez Saliba, Pablo Cococcioni, señaló que "no quedó claro cuál fue el delito", mientras que la defensora pública Betina Dongo —en representación de González y Orsi— señaló que sus defendidos "actuaron en cumplimiento de un deber jurídico".
Tras los alegatos el juez abrió el debate y le pidió a Reinoso que comenzara la producción de pruebas. El querellante respondió que ya la había incorporado a la carpeta judicial, a la manera de los antiguos juicios escritos del sistema penal que rigió en Santa Fe antes de 2014. Cococcioni replicó entonces que, de acuerdo con el actual Código Procesal Penal, las pruebas debían exponerse en forma oral.
La situación derivó en una orden del juez para llevar adelante los alegatos de clausura y le dio la palabra a Reinoso, quien en breves minutos alegó sin explicar cuál era el delito ni solicitar penas para los acusados. La obvia respuesta de las defensas fue el pedido de absolución basadas en que "no hubo delito, no hubo prueba y tampoco un pedido de pena".
"Llama poderosamente la atención que esta causa haya llegado a la instancia de juicio oral y público", concluyó Falkenberg al dictar la absolución para los imputados y resolver que el querellante se haga cargo de las costas del juicio.
