El homicidio ocurrido ayer en La Tablada es el tercero en lo que va de enero en
una zona que late al compás de una violencia gestada por factores múltiples. En los bolsones más
pobres del barrio residen protagonistas de delitos precarios y cruentos, propios de las zonas
pauperizadas, donde hace rato se ha perdido movilidad social ascendente. Esa desigualdad que rompe
el tejido social es terreno fértil para que arraiguen redes que —traficando droga,
comercializando bienes robados o generando asaltos— realimentan en espiral esa violencia.
El pasado 29 de noviembre este diario abrió su edición de domingo con un informe
sobre los asesinatos registrados en esa zona durante esos 11 meses de 2009. Eran 16, hasta ese
momento, en un area de 20 cuadras por 10 que incluye La Tablada, la Villa del Tanque, Villa
Manuelita y el complejo municipal de Lamadrid y Alice.
En aquel texto se decía que muchos de esos casos se habían investigado
deficientemente y que por ello dependencias del Ministerio de Seguridad habían solicitado una
compulsa. El planteo había sido recogido por LaCapital en esa cartera. Allí, y en Tribunales, los
autores de las notas habían relevado objeciones hacia algunos policías y magistrados por un
seguimiento poco consecuente de algunas de las causas.
El informe. Hace una semana la Jefatura de la Unidad Regional II entregó a las
nuevas autoridades ministeriales un informe referido a aquel artículo. Allí la fuerza escruta hecho
por hecho y define que 13 de esos casos están esclarecidos, lo que representa un 82 por ciento del
total, con 14 detenidos por homicidio.
Lo primero a señalar es que a menudo sucede que la policía presenta como
"cerrado" un hecho cuando ha capturado a una persona o llegado a la convicción de que es culpable.
Pero un caso queda esclarecido recién cuando fiscales y jueces, valorando correctamente la prueba
recogida, acusan y condenan a los implicados.
Lo que manifiesta la Unidad Regional II con el informe es que no se ha cruzado
de brazos sino trabajado sobre cada homicidio, dado que sólo 3 de los 16 episodios, según lo
informado, no tienen hasta el momento autores identificados.
En debate. Sería injusto señalar que no existió trabajo policial en varios de
los casos: sí lo hubo y estaba reflejado en la nota de noviembre. Pero también hubo sospechas de
turbiedad en algunas pesquisas, no originadas en este diario, sino en la propia cartera de
Seguridad.
En casos como el de Sebastián Galimany, ejecutado el 19 de enero de 2009 en
Olegario Víctor Andrade y Grandoli, las mayores omisiones se atribuyeron a un desapego inicial en
la pesquisa judicial, en un caso donde estaba señalado un hijo de Roberto "Pimpi" Camino, en el que
no hay detenidos. No obstante, en su informe, la UR II califica este hecho como "esclarecido con
prófugo".
La nota refería también el crimen de Leandro Barrios, baleado en su casa de
Garibaldi y Esmeralda el 14 de junio. El informe policial reporta este hecho como "esclarecido con
detenido". Pero la ubicación del presunto autor, Angel Arocha, provino de una intervención del juez
del caso, que sobre fin de año le cedió la pesquisa a la Dirección de Asuntos Internos descontento
por lo actuado hasta entonces por la policía rosarina. En el homicidio de Gabriel Sánchez, que
Jefatura da como "esclarecido con detenido", se imputa a un chico de 13 años (inimputable) que para
el juzgado no es autor del hecho, por lo que no está aclarado ni hay detenidos.
Hubo casos en La Tablada donde sí se produjeron acciones con detenidos que
estaban señalados en el artículo. Habrá que esperar para saber si quedarán esclarecidos, pero es
indudable que la policía actuó.
El perfil de los homicidios en esta zona —hechos de violencia vecinal, con
motivaciones claras, donde agresor y agredido se conocen y difícilmente evitables— no
configuran los hechos de investigación más compleja. Requieren sin duda de trabajo, a menudo
difícil por el complicado entorno barrial, pero no se trata de asesinatos de trama enrarecida, sin
móvil claro y de autores difusos, como los casos Dalmasso o García Belsunce.
Romper y pagar. Lo que apuntaba aquella nota de noviembre es que en distritos de
alta conflictividad la impunidad es un afluente que alimenta la violencia. El planteo puede servir
en tanto obligue a todos a estar más atentos en un barrio donde durante mucho tiempo se dinamitaron
las redes de contención social juvenil, bajo el emerger de los traficantes de droga y ante una
incomprensible inmovilidad policial. Un ejemplo: mientras escalaba una violencia fortísima medida
en número de muertes y heridos de bala, la UR II mantuvo en la comisaría 16ª por diez años
—hasta 2004— a un oficial que llegó a ser jefe y, en esa condición, una especie de
dueño del lugar. Los efectos de aquella falta de control de esos grupos delictivos—en algunos
casos, por su protección— no es adjudicable a la actual conducción. Pero se notan ahora.
Cada vez que se produce un homicidio en La Tablada un cronista de esta sección
se llega a la escena para recorrerla. Predomina un denominador común: los vecinos son los que
cuentan de manera casi cristalina quién mató a quién, en presencia de quiénes y por qué razón.
También algunos personajes fuertes del barrio, que consolidaron sus posiciones
en negocios ilícitos e inspiran pavor, son sujetos conocidos. En la cobertura de uno de los últimos
crímenes un redactor de esta sección advirtió cómo su interlocutor empalidecía al distinguir algo
frente a sus ojos. El periodista se dio vuelta y vio a un hombre que pasaba mirando fijo en un
vehículo convertible de lujo por avenida Grandoli. "Váyase ahora mismo, no puedo seguir hablando",
murmuró el aterrorizado testigo.
No es una misión fácil: el control de la violencia del barrio es un trabajo que
va mucho más allá de lo policial. Pero lo que pasa está a la vista. En tanto la policía cumpla su
difícil labor hará su aporte para llevar calma a los habitantes de la zona.
