Los ex jefes de la disuelta Secretaría de Delitos Complejos de la provincia fueron acusados de cometer falso testimonio agravado cuando declararon en la megacausa de Los Monos en 2013 y por ese motivo un fiscal pidió contra ellos tres años de prisión en ejecución condicional. La audiencia pasó a cuarto intermedio porque la defensa de uno de los ex funcionarios objetó la condición de querellante del comisario inspector retirado Gustavo "Gula" Pereyra. De esta manera, antes de que se pueda avanzar hacia el juicio de los funcionarios un juez tiene que definir si Pereyra puede seguir actuando como querellante y solicitar pena contra los acusados.
La abogada y ex policía Ana Viglione y su entonces segundo Andrés Ferratto, también abogado, estuvieron ayer en la audiencia preliminar de juicio en el Centro de Justicia Penal (CJP). La imputación reside en que ambos negaron haber ordenado investigaciones sobre narcotráfico cuando recibieron mails de su entonces subordinado, el comisario Pereyra, con informes sobre el tema. Eso perjudicó a Pereyra que fue a juicio en la causa Monos bajo la idea de que brindaba protección a narcotraficantes.
En relación con la causa Monos Pereyra declaró en su momento que Ferratto le había encargado una averiguación sobre la casa quinta de Pérez y el patrimonio de los Cantero, informe que el ahora comisario retirado dijo haber prestado en forma oral una semana antes de ser detenido.
La causa contra Viglione y Ferrato fue iniciada en 2014 por Juan Carlos Vienna, el juez que dirigió la investigación a la banda dirigida por el clan Cantero, trámite en el que hubo treinta condenados. Sin embargo el expediente 48/14 por presunto falso testimonio quedó inactivo, sin que los funcionarios fueran imputados, hasta que el comisario Pereyra impulsó su reactivación en 2016. Este oficial estuvo procesado por pasarle información a la banda, cosa que siempre negó rotundamente haber hecho. Finalmente, terminó absuelto de culpa y cargo en abril pasado.
Pereyra era el policía de mayor jerarquía en Delitos Complejos. Los dos funcionarios civiles habían dicho en 2013 al juez Vienna que no le habían dado a Pereyra directivas de investigar casos relacionados con drogas. Sin embargo, de la computadora secuestrada al comisario inspector se recuperaron fotos de búnkeres y mails a sus superiores con informes sobre actividades de narcotráfico, lo cual desmentía a sus entonces jefes. Pereyra afirma que sus superiores mintieron para perjudicarlo y no quedar ellos implicados.
Dilación
Ayer el fiscal Aníbal Vescovo recordó los testimonios prestados por Pereyra y por los acusados. También leyó los mails en los cuales el comisario informaba sobre actividades de narcotráfico, implicados presuntos y puestos de venta. Algunos de estos locales incluso fueron luego derribados por máquinas viales por orden de las autoridades.
En ese marco, en la audiencia preliminar iniciada ayer Vescovo se proponía pedir tres años de prisión para los ex funcionarios civiles del Ministerio de Seguridad de la provincia y el doble de ese tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero no pudo hacerlo porque la defensora oficial de Ferratto, Alejandra Paolini, elevó un recurso de falta de personería para discutirle a Pereyra su condición de querellante. Por ese motivo el juez Juan Andrés Donnola dispuso un cuarto intermedio de 48 horas.
"Si la defensora hubiera tenido acceso al expediente completo estimamos que se habría dado cuenta de que hay un poder especial que habilita a Pereyra a ser querellante", explicó el abogado Sergio Larrubia, quien representa al comisario retirado.
El fiscal Vescovo también recordó que esa documentación constaba en el legajo del caso. La querella se propone pedir cinco años de prisión contra ambos funcionarios e inhabilitación por el doble del tiempo de esa pena. Ahora el juez Donnola deberá dirimir si Pereyra puede o no seguir como querellante. Eso demorará el eventual juicio contra los ex funcionarios hasta el año próximo.
