Un ex funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe que fue exonerado en 2011 tras ser condenado por pedidos de coima está a punto de afrontar un nuevo juicio, esta vez acusado de estafar a una mujer a la que representaba como abogado en un pleito por un accidente de tránsito. Un fiscal lo acusó ayer en una audiencia preliminar de juicio por apropiarse de 19 mil pesos que su cliente debió cobrar como víctima de ese hecho y que nunca llegaron a sus manos. Si prospera la imputación este letrado de 60 años deberá cumplir prisión efectiva.
El acusado es Daniel José Gazzera, abogado, quien fue filmado en 2008 mientras recibía una coima de 3 mil pesos del apoderado de una constructora para archivar multas por irregularidades en una obra, lo que le significó una condena a ocho meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El juez Carlos Carbone lo declaró en 2011 culpable de "cohecho en grado de tentativa en concurso ideal con sustracción de instrumento público".
En ese entonces Gazzera era inspector del área Sumarios y Multas del Ministerio de Trabajo. La denuncia de su caso desató un escándalo porque en ese momento hubo una sucesión de trabajadores muertos en obras en construcción con severas irregularidades. Lo habían filmado el 27 de agosto de 2008 en un bar de Ovidio Lagos y Rioja mientras recibía 3 mil pesos de manos del apoderado de una constructora con el propósito de archivar multas por 25 mil pesos por irregularidades en el edificio de una reconocida empresa constructora que se levantaba en Alvear al 1600.
El hecho que se ventila ahora fue denunciado por una mujer llamada Susana O., quien el 11 de octubre de 2013 fue embestida por un Ford Focus lo que le produjo serias lesiones. En virtud del accidente la mujer contrató a Gazzera como abogado para que se hiciera cargo de las gestiones judiciales o extrajudiciales por el reclamo por los daños físicos sufridos. Según Susana O., el tiempo transcurrió y cuando se contactaba con el profesional siempre se encontraba con evasivas de su parte.
Por este motivo la mujer acudió a la compañía de Seguros La Buenos Aires S.A. que representaba a la conductora del auto que la había embestido. Allí se enteró con sorpresa que ya habían pagado la suma de 19 mil pesos cuatro meses antes. El abogado, dijo la mujer, nunca la había informado de nada, por lo que lo denunció ante la sospecha de que había cobrado el cheque.
La denuncia recayó en el fiscal de Investigación y Juicio Fernando Dalmau, quien al cabo de una pesquisa determinó la acusación por estafa contra Gazzera. Este abogado adujo cuando fue imputado en Tribunales que su cliente había cobrado el dinero por el trámite y que tal hecho estaba documentado con un recibo fundado. Cuando le pidieron que lo exhibiera Gazzera adujo que él extendió ese recibo a su cliente pero que como no tenía computadora para darle una copia le dio el original a ella para que se quedara con la fotocopia. Según dijo Susana O., incurrió en una confusión al volver y en vez de restituirle el original le pasó por debajo de la puerta la fotocopia por lo que ella se quedó con la constancia legítima.
El fiscal Dalmau consideró mendaz el argumento. Para él está probado que el abogado escaneó la firma de su cliente del poder que le había rubricado para representarlo y con eso confeccionó un recibo trucho para, de ese modo, simular una entrega de dinero que nunca había tenido lugar.
Cuarto intermedio
La mujer se constituyó como querellante para litigar contra su ex representante y a la vez lo denunció en el tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario. El caso penal contra Gazzera avanzó hasta llegar ayer a una audiencia preliminar de juicio celebrada ante el juez Hernán Postma.
En el trámite el magistrado resolvió un cuarto intermedio dado que el tipo de delito juzgado, donde no medio violencia física sino daño patrimonial, permite una alternativa a la pena de prisión efectiva si víctima y ofensor se ponen de acuerdo.
Gazzera era un funcionario ampliamente conocido por empresarios, trabajadores y profesionales habituados a hacer trámites en las oficinas del Ministerio de Trabajo en Rosario de donde fue exonerado al recibir su condena en 2011. En aquella ocasión quedó claro que este abogado había cobrado un soborno para archivar un expediente de multa contra una constructora. Fue la propia empresa la que decidió dar cuenta del pedido de coima. Tras la intervención de un juez que instruyó varias medidas, se dejó constancia de la maniobra y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvo al abogado en plena vía pública cuando salía del bar donde cobró. Además de los dos expedientes que en ese momento el letrado tenía en su poder se hallaron en su casa otros 33 con multas a obras pendientes de dictamen.
