Un viejo socio de Los Monos que con el paso de los años se distanció de la banda de zona sur fue condenado este martes a 3 años de prisión efectiva por integrar la organización rival al mando de Esteban Alvarado. En un juicio abreviado, Jorge Laferrara aceptó esa pena que se unificó en 23 años y 3 meses de prisión con otra que cumple por un homicidio de hace seis años en barrio La Granada. Como parte del acuerdo se ordenó el decomiso de una camioneta Amarok blanca de la que era usuario y que había sido usada en el crimen del prestamista Lucio Maldonado en 2018. Es la cuarta condena en su historial delictivo.
Laferrara, un chatarrero de 61 años, fue condenado como miembro de la asociación ilícita de Alvarado. Una banda en la que se le atribuyó capacidad de disposición sobre bienes y negocios. El abreviado fue propuesto por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery tras un acuerdo con el defensor Ezequiel Torres. El juez José Luis Suárez dictó la condena. Fue dispuesta un día después de que otros cinco integrantes del estamento económico de la organización acordaran penas de 3 años de prisión, en un caso efectiva, además de multas y decomisos por cien millones de pesos.
En el caso de Laferrara recibió una pena de 3 años de prisión efectiva que se unificó con condenas anteriores. A eso se le añadió el decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok patente NOW 975 que fue hallada escondida en la ciudad entrerriana de La Paz, donde uno de sus hijos se había radicado desde hacía siete años con un nombre falso. Miguel Angel “Lolo” Laferrara era buscado por el crimen de Ezequiel Barrera, un chico de 16 años ejecutado con un balazo en la cabeza en el barrio Puente Gallego en 2012. En La Paz lo conocían como "Diego el rosarino".
El rastreo de la Amarok llevó a los investigadores a descubrir que Lolo dirigía una verdulería, se hacía llamar Diego, manejaba un camión y jugaba en una liga local de fútbol en La Paz. En un galpón suyo se encontró la camioneta que fue secuestrada y trasladada a Rosario. Al ser sometida a pruebas científicas por la Tropa de Operaciones Especiales se detectó presencia de sangre en la caja y su puerta además de los asientos traseros de la cabina.
Los investigadores llegaron a la camioneta a partir de un audio recuperado del celular de Alvarado en el que hablaba de vender una Amarok: "Mandame foto de la Amarok a ver si la vendo ahora, si igual hay galpón para guardar tranquilo". Se pudo reconstruir que Laferrara era el usuario de esa camioneta: la había comprado sin recibo en 400 mil pesos, contaba con tarjeta azul y aún no había efectuado la transferencia.
De celular Motorola secuestrado a Laferrara cuando fue detenido en junio de 2019 se extrajo un audio de WhatsApp en el que hablaba de la necesidad de desprenderse de esa camioneta: “Buscaré alguna cochera, alguno para dejarla por allá, si no tengo necesidad de venderla. El tema era que no la quería tener por acá nada más, pero tampoco era un fierro caliente, era algo que no quería usar”. El decomiso se fundó en normativa que autoriza asignar “las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito en favor del Estado”, en este caso provincial.
El historial de Laferrara en el delito se remonta al año 2000, cuando fue detenido junto con Ariel “Viejo” Cantero por el tráfico de 94 kilos de marihuana que ingresaban al país por Corrientes. Fue la primera causa penal a un integrante de Los Monos, de quienes se distanciaría más adelante. Años después fue acusado por el homicidio de Agustín González, un chico de 15 años asesinado por tres personas que bajaron de una camioneta en el barrio La Granada, en agosto de 2005.
Al chico lo apretaron por unos caballos robados cuando llevaba a un animal a pastar. Lo golpearon, lo metieron en un rancho y le dispararon sobre una cama. Laferrara fue condenado a 14 años de prisión y la condena se unificó con la anterior en 19 años y 6 meses. Pasó los siguientes años tras las rejas hasta que, en 2012, no regresó de una de las primeras salidas transitorias. En agosto de 2014 lo detuvieron cuando ingresó al Hospital de Emergencias con un nombre falso, un disparo en el abdomen y otro en la mandíbula que había recibido en circunstancias extrañas en el Camino Nuevo a Soldini. Se repuso a los quince días y regresó a prisión.
Dos años después volvería a la condición de prófugo. El 2 de enero de 2017 volvió a salir con una transitoria de la que no regresó hasta que fue arrestado en un desarmadero sobre la ruta 18. Ese día, policías que realizaban un control de rutina cerca del kilómetro 1 advirtieron que, al acercarse al retén, una camioneta Toyota Hilux doble cabina color bordó frenó en seco, retrocedió y entró a un desarmadero. La siguieron y encontraron a Laferrara escondido detrás de unos pastizales.
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Según los policías, el hombre que por entonces contaba con pedido de captura ofreció arreglar el entuerto con 100 mil pesos: dijo que si caía preso no iba a poder asistir al cumpleaños de 15 de su hija. Por entonces llevaba prófugo 2 años, 5 meses y 16 días. Por ese incidente fue acusado del delito de cohecho y en marzo pasado fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión en un juicio oral, la tercera condena en su haber.
Como se trata de una sentencia reciente, las partes acordaron este martes la imposición de un monto único de 3 años y 9 meses de prisión por aquel incidente de la coima más la pertenencia al clan de Alvarado. A su vez, esa pena se unificó con las anteriores en 23 años y 3 meses. Será la pena “única y definitiva” a cumplir por Laferrara.
El galpón donde fue detenido está cerca del paraje Los Muchachos, el lugar donde estuvo cautivo el prestamista Lucio Maldonado horas antes de ser asesinado en noviembre de 2018. Es el crimen que impulsó la investigación al clan de Alvarado, preso desde febrero de 2019 y junto a sus colaboradores más cercanos espera juicio con un pedido de prisión perpetua. El de Maldonado es uno de los seis homicidios que le imputan a Mauricio, un hijo de Laferrara sindicado como un tiratiros de la banda de Alvarado.
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La condena a Laferrara padre le asignó un rol de decisión en la organización que funcionó al menos entre junio de 2018 y octubre de 2019 repartida en tres estamentos. Un primer nivel integrado por quienes ejecutaban delitos violentos (usurpaciones, amenazas, homicidios, tráfico de drogas), otro integrado por cinco empresas de servicios y cuatro unipersonales que lavaban dinero del delito y a la vez lo financiaban y, el tercero, conformado por policías que daban protección al grupo y garantizaban impunidad.
Según el abreviado, dentro de ese esquema Laferrara “dio directivas a través de diversos medios a los integrantes de la organización para disponer jurídicamente de los automóviles, indicando cómo confeccionar la documentación, quién debía figurar formalmente como titular, sindicar vehículos para su adquisición y fijar el precio de bienes de la organización para ofrecerlos al mercado”.
Asimismo, “disponía sobre la administración de bienes inmuebles, ordenaba operaciones en moneda extranjera, disponía el pago y la negociación de cheques y la utilización de los mismos en diferentes operaciones comerciales”, a la vez que daba directivas sobre qué empresa debía facturar por diversos servicios y cuáles debían tener un balance negativo
