Foto: Archivo / AIC
El divorcio vincular entre la dueña de una reconocida financiera de la city local y el propietario de una de las firmas más conocidas en Rosario dedicada a la provisión de servidores de internet derivó en un escándalo judicial que derivó en tres allanamientos y el secuestro de material informático después de que el hombre denunciara el faltante de una importante suma de dinero.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con órdenes labradas por la fiscal de Investigación y Juicio Alicia Raquel Almada realizó los operativos en la financiera, en un estudio contable y en la empresa web.
Según detallaron voceros del caso, el conflicto que desató la causa judicial es entre Mariel A., presidenta de una financiera, y Guillermo M., titular de un servicio web, quienes terminaron su relación de pareja en 2019 y tras ello se inició el juicio de divorcio ante un tribunal de Familia.
Cuando intentaron ponerse de acuerdo para dividir el dinero ganancial de la pareja, según la versión del empresario, ese capital se había esfumado, con lo cual radicó una denuncia penal contra la titular de la financiera, es decir su ex esposa.
Fuentes judiciales indicaron que en Córdoba 3753, sede de la firma Donweb.com, los pesquisas incautaron información digital referente a Guillermo M., uno de los involucrados en la causa civil y a la vez denunciante en el caso penal.
En Santa Fe 1688, donde se encuentra la financiera que lleva el apellido de la mujer, los policías secuestraron documentos en formato papel e información digital a través de una clonación al servidor (CPU) madre de la oficina referente a las tres financieras que funcionan en el lugar.
Y en un estudio contable de Dorrego 2431 los uniformados secuestraron una CPU y documentación de interés para la causa referente a las empresas mencionadas.
En los tres domicilios trabajaron peritos informáticos de la AIC y un integrante del Colegio de Contadores Públicos de Rosario, siempre según la versión de voceros de la causa.
Once allanamientos en la zona oeste permitieron secuestrar 26 teléfonos y vehículos. Investigan una organización que habría presentado falsas denuncias para recuperar las motos usadas en los robos.
Por Facundo Borrego
