Un debate tenso a partir de la inédita detención de 45 policías en una semana

Las decisiones judiciales que la semana pasada dejaron detenidos a 50 policías de la provincia por dos brutales casos de violencia institucional ya planteó un debate de efectos jurídicos y políticos de alta sensibilidad. Uno de ellos, el de Franco Casco, es un homicidio seguido de desaparición forzada y encubrimiento. El otro es la ejecución sumaria de dos hombres que iban en un auto y el posterior ocultamiento del hasta ahora incomprensible doble crimen.

La discusión es muy fuerte entre fiscales que plantean un análisis, aceptado por los jueces, sobre delitos gravísimos contra civiles cometidos por el Estado y defensores de los acusados que advierten una imputación indiscriminada que, en busca de ejemplaridad, pone a todos los policías en la misma bolsa.

Tremendas y génericas

Franco Casco, bonaerense de 21 años, se perdió el 6 de octubre de 2014 tras estar preso en la seccional 7ª y fue hallado muerto 22 días después en el río Paraná. Casi tres años después el fiscal federal Marcelo Digiovanni pidió la detención de 31 policías basado en testimonios de presos que detallan cómo el joven fue golpeado en la comisaría y en contradicciones severas de los informes forenses.

El juez federal Carlos Vera Barros aceptó esos pedidos que incluyen lo que para él fue el encubrimiento de una desaparición forzada de parte de los administrativos que debieron examinar el caso. Por ello dejó detenidos a cinco policías de Asuntos Internos (AI), entre ellos su jefe, basado en que al menos un preso adujo haber dicho al personal de AI que habló con alguien que dijo llamarse Franco Casco y que no lo quisieron anotar.

Abogados de distintos imputados dijeron que las acusaciones son genéricas para todos y eso limita la capacidad de ejercer la defensa a la vez que sumerge en la misma sospecha a personas que ni siquiera estuvieron en la comisaría donde según el fiscal mataron a Casco.

Pero fuentes judiciales indicaron que el delito atribuido con testimonio directo, que es una jerarquía probatoria de primer orden, es tremendo: el asesinato de una persona presa, su desaparición forzada y su ocultamiento. La expectativa de pena es prisión perpetua por lo que no era admisible otra cosa que llevarlos detenidos a indagatoria. El hecho es, para fuentes del tribunal federal, de los más graves cometidos en democracia que se hayan tratado en ese ámbito.

El defensor de los cinco detenidos de AI, José Alcácer, replica que hay detenidos a nivel administrativo que ni siquiera tomaron contacto con los presos de la 7ª. Y los que sí actuaron fueron respaldados por el oficio de un fiscal al ir a tomar declaración. "No está fundado en ninguna prueba que hayan coaccionado o respaldado al personal de la 7ª. No tiene ninguna ganancia, siendo de Asuntos Internos encubrir porque sí al personal. Ellos dicen que llegaron a la 7ª sin avisar, tomaron entrevistas grupales e individuales en las cuales no hay un solo interno que diga haber visto u oído algo en relación a un ataque a quien pudo ser Franco Casco", indicó. Y agregó que fue gracias a AI que se supo que a la médica policial no le daban los tiempos para haber cumplido toda la rutina que dijo que desplegó la jornada en la que Franco estuvo preso, lo cual puso en duda que ella lo haya revisado.

Por su parte, defensores federales de 15 policías no creen que en el sumario haya prueba contra tanta gente. "Hay detenidos que no son del escalafón de seguridad, por ejemplo un abogado. El hecho de que el caso Casco sea tremendo no implica que esté claro que hay responsabilidad de los policías en su destino. Ellos expresan un discurso unánime. Se puede pensar en un pacto de silencio, pero cuando hablan todos dan detalles muy claros, por separado, que son coincidentes. Todos se pusieron a disposición cuando fueron los sumarios. No son peligrosos procesalmente porque a tres años de ocurrido el hecho nadie se fue. No puede ser que 20 personas nos cuentan la misma historia si no es verdad", dijo uno de los defensores.

Falsedad y estigmatización

El jueves pasado 18 policías quedaron presos acusados en el doble homicidio de David Campos y Emanuel Medina ocurrido el pasado 23 de junio en Callao al 5700, hecho en el cual varios patrulleros persiguieron un auto con dos jóvenes y desde uno abrieron fuego en forma unilateral matándolos. Para los fiscales se fraguó un falso enfrentamiento, se le plantaron armas a las víctimas y la policía luego avaló la falsedad del acta consignando datos mendaces. El juez Carlos Leiva avaló las detenciones de un policía como autor y de otros 17 por encubrimiento.

Las abogadas de los policías dicen que se estigmatiza a todos los policías que reciben un trato desigual ante la ley. La defensora Evelyn Andreozzi alegó que no está probado que se hubiera falseado la escena. Y adelantó que el martes a las 9 de la mañana habrá una concentración de policías y allegados en Pellegrini y Moreno para reclamar la liberación de los acusados.

Para los fiscales, si se tratara de imputar al voleo a policías el número de acusados pudo haber sido más alto. Lo que define el corte en 18 es el tiempo que media entre los móviles que llegan en persecución al lugar donde choca el auto de las víctimas y éstas son baleadas hasta un minuto y medio pasado ese

Que se reitere el abrazo al que comete un acto brutal para salvarle el pellejo es un problema de conducción política