Policiales

Tres procesados por secuestro extorsivo a un referente de la comunidad gitana

Los tres fueron detenidos en Pérez por llevarse a punta de metralleta a Colián Miguel, de 80 años, de su concesionaria de zona sur, en setiembre.

Lunes 26 de Noviembre de 2018

La acción combinó temeridad, bastante rapidez y mucho de rusticidad. El 3 de septiembre a las 16.15 cinco hombres llegaron a la concesionaria Merri Automotores en dos vehículos, bajaron dos portando armas y se llevaron a empujones al propietario, un comerciante de 80 años que es referente importante de la comunidad gitana en Rosario. A la víctima la retuvieron tres horas en un lugar que no se localizó, desde donde realizaron llamadas a la agencia y pidieron dinero para soltarlo. A las 20.50 de ese día el comerciante fue liberado en un lugar impreciso por Oroño entre Pellegrini y 27 de Febrero, desde donde tomó un taxi para volver a su casa. Se llama Colian Miguel. Estaba algo obnubilado pero en buenas condiciones físicas.


Algo más de un mes después, en octubre, cinco hombres y dos mujeres fueron detenidos en el barrio Cabín 9 de Pérez donde se practicaron 18 allanamientos, en uno de los cuales fue secuestrada una ametralladora muy similar a la que exhibe en sus manos uno de los delincuentes registrados en video el día del hecho. Tres de los detenidos acaban de ser procesados por el juez federal Marcelo Bailaque como partícipes del secuestro. Se trata de Gustavo Rodolfo "Bocha" Figueroa, de 36 años; Joel Nicolás Escalante, de 21 e Ignacio Alejandro Ojeda, de 20. Para el fiscal actuante y el juez, el primero es quien permaneció en uno de los vehículos como conductor. Los otros dos fueron identificados como quienes bajaron para llevarse al dueño del comercio. La fugaz escena del secuestro, al igual que los atributos físicos de quienes lo concretaron, se viralizaron minutos del hecho, porque una cámara de vigilancia de la concesionaria, ubicada en Arijón y Callao, tomó toda la secuencia con muy buena definición.

El segundo secuestro

Este hecho no solo tuvo trascendencia por ser delito inusual como un secuestro sino porque un muchacho de 22 años a quien se supone conectado con este delito, Cristian Enrique, desapareció al día siguiente de las detenciones, el 23 de octubre pasado, hasta que fue encontrado muerto en un descampado a los veinte días. La situación aún no ha sido esclarecida, pero se presume relacionada con la privación de la libertad que sufrió el referente de la comunidad gitana. La presunción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es que Enrique participó del secuestro de Miguel pero luego, por motivos desconocidos aunque sugestivos, no fue incluido en la investigación. Y lo mataron.

Con el procesamiento de estos tres participantes presuntos del secuestro se conocieron detalles de todo el incidente. Todo comenzó a a las 16.15 del 3 de septiembre cuando un VW Suran gris y una Nissan Note entraron al playón de la agencia de vehículos de Miguel. Estos vehículos habían sido robados días antes en la provincia de Buenos Aires. En el momento de la irrupción de los delincuentes Colian Miguel estaba con su hijo Gustavo, a quien uno de los delincuentes golpeó con un arma en la cabeza. También había allí un cliente, Alexis D.P., que recibió golpes en la espalda. Los asaltantes se apoderaron del celular de Colian Miguel, de 15 mil pesos que guardaba en el bolsillo y de una billetera con mil pesos que tenía su hijo. Lo obligaron a meterse en el Nissan y le colocaron una capucha. A ese mismo vehículo, según la investigación del fiscal, también subió Joel Escalante. Se fueron en los dos vehículos realizando disparos al aire.

Secuestraron a un comerciante gitano y lo liberan

En el primer llamado recibido por la Policía de Investigaciones (PDI), según el parte preventivo, los familiares decían que habían secuestrado a Colian Miguel y denunciaban que los captores les exigían "un millón de dólares" de rescate. Las llamadas las atendió el hermano del cautivo que luego, al declarar, le contaría a la PDI: "Me decían que querían plata, un millón de pesos, de dólares no escuché nunca".

Según la pesquisa de la fiscalía federal 3, al observar el video del secuestro efectivos de la PDI reconocieron por estar implicado en delitos anteriores a uno de los captores como Gerardo Marcelo I, alias Oso, a los que se agregaron los nombres de los tres ahora procesados. Uno de los oficiales dio más detalles que constan en la investigación de la fiscalía. "Se pudo determinar que los arriba nombrados formaban parte de una banda dedicada a cometer delitos, oriunda de Cabín 9, y que habrían participado del secuestro de Colián Miguel". Un subcomisario identificó al «Bocha» Figueroa, a quien ya conocían por investigaciones previas por comercialización de estupefacientes y abuso de armas.

Mediante análisis de su perfil de Facebook determinaron que Joel Nicolás Escalante tenía "a simple vista características fisonómicas similares a la de uno de los sujetos que participó del secuestro de Colían Miguel". En otro paso efectivos de Prefectura Naval señalaron que de escuchas telefónicas se desprendía que los dos vehículos utilizados para el secuestro de Miguel habían sido hallados en Pérez. Personal de esta fuerza determinó que uno de estos autos, el Suran, había sido guardado por Bocha Figueroa. Los rasgos de Ignacio Alejandro Ojeda son muy similares a uno de los sujetos que había usado la Suran durante el ilícito visible en el video del hecho.

Un matiz relevante es que todas las llamadas para pedir el rescate se activaron desde una misma antena que queda en Las Palmeras y Persidente Perón en cercanías de Pérez, que es el mismo lugar donde se efectuaron las detenciones y aparecieron los vehículos usados en el secuestro. Los tres ahora procesados viven muy cerca de esa antena.

El juez Bailaque procesó a Figueroa, Escalante y Ojeda por el artículo 170 del Código Penal, que impone penas de 5 a 15 años de prisión a quien secuestra a una persona para pedir rescate, con los agravantes de que la víctima es una persona mayor de 70 años y de que en el delito actuaron más de tres personas, lo que supone expectativa de pena más alta. Además les atribuyó el robo de dinero que sufrió la víctima en su concesionaria. A los tres les impuso prisión preventiva y les fijó embargos por 200 mil pesos. Aunque extraoficialmente circuló que para la liberación de Miguel su familia pagó 100 mil dólares, la pesquisa no determina si hubo rescate.

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