Nicolás Angel Bouvier, preso por homicidio y por extorsionar desde prisión a un vecino de Santa Lucía, sumó una nueva acusación por dirigir desde la cárcel de Coronda un negocio de venta de marihuana a baja escala organizado en sociedad con otros presos del pabellón. Con él fueron acusadas tres mujeres —su novia y las parejas de otros internos— que sostenían el último eslabón de venta desde sus domicilios de Rosario, San Nicolás y Fray Luis Beltrán. Pese a que una de ellas tiene a su cargo a sus tres hijos menores y otra tiene fecha para la operación de un tumor, quedaron presas a la espera del avance de la investigación por microtráfico.
La audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal es resultado de la adhesión de Santa Fe a la ley de narcomenudeo, norma que delega en los fiscales provinciales la investigación de la venta de sustancias a baja escala, de histórica jurisdicción federal. La causa surgió en este caso como derivación de una pesquisa por el intento de homicidio de Cristian Carlos C., un albañil y comerciante del barrio Santa Lucía.
El hombre de 40 años fue baleado con seis tiros en agosto del año pasado por un grupo que atacaba comercios de la zona para instalar puestos de droga. Una pareja y un hermano de Bouvier fueron imputados en diciembre por el ataque, atribuido a la violenta banda del preso federal Pablo Nicolás Camino, pero la pesquisa continuó. Así, en un allanamiento del 9 de febrero pasado en Che Guevara al 7800 —calle paralela a la autopista a Córdoba, en el extremo sudoeste del barrio—, policías de la Brigada de Homicidios hallaron un trozo compacto de marihuana de 400 gramos, una balanza gris y 20 mil pesos.
En ese lugar vivía Celina Emilce F., de 36 años, con sus hijos menores de edad. Según el fiscal Lisandro Artacho la mujer es pareja de Bouvier, al que visitaba en prisión y de quien recibía instrucciones sobre cómo llevar adelante el negocio en conversaciones telefónicas diarias. Así surge de un celular secuestrado en su casa. En el aparato se detectó que otras dos mujeres, también parejas de presos del pabellón 2, vendían para Bouvier. Rendían cuentas de su actividad a Celina y realizaban periódicas transferencias de bajas sumas de dinero.
Perfil del Tío
Nicolás Angel Bouvier tiene 27 años, le dicen “Tío Lucas” y está preso desde noviembre de 2021. Entonces fue acusado por el crimen de David “Moco” Quiroz, un joven de 27 años asesinado en la puerta de su casa de Magaldi al 8700 en un contexto de amenazas para usurpar la vivienda. Cerca de las 14 del 24 de octubre de ese año estaba junto a su pareja y un amigo cuando aparecieron cinco hombres con un arma cada uno. Según testigos, Bouvier tomó la posta y le advirtió al Moco que si no abandonaba la casa correría sangre.
Quiroz le hizo frente y Tío Lucas disparó. Con la víctima en el suelo lo remató de un disparo en la cabeza: “Descargó el arma con él. Le siguió tirando hasta que se acabaron las balas”, contó un testigo. Un amigo de la víctima de 18 años resultó herido. Al igual que el propio Bouvier, baleado por motivos que no quedaron claros. Sus cómplices lo dejaron tirado y su padre lo llevó al hospital. Afronta un pedido de 25 años de condena. Ya en prisión, el año pasado sumó una acusación por extorsionar a un empleado de Prefectura para quedarse con su casa del barrio Santa Lucía.
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Desde la cárcel de Coronda, Bouvier presenció la audiencia de este martes conectado por videoconferencia. Pidió la palabra para denunciar que lo obligaron a firmar una permanencia de 72 horas a un buzón donde hay “gusanos, de todo”. Su abogado, Luis Rittinier, denunció que el lugar es una “inmundicia degradante” y reclamó la entrega diaria de bolsas de colostomía que precisa su cliente, así como una urgente atención médica para una derivación quirúrgica.
Red tumbera
Esta vez Tío Lucas fue acusado del delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de un menor. Un nene de 12 años al que le dicen “El Enano” que vivía en la casa de la calle Che Guevara al cuidado de Celina. En prisión desde febrero, ella no estuvo presente en la audiencia pero a su imputación se le añadió el mismo agravante. El chico había sido rescatado de la calle y colaboraba con el armado de los paquetes con marihuana, la guarda y el traslado de mercadería.
Tras el operativo policial quedó a cargo del área provincial de Niñez. Los operadores ubicaron a una abuela del chico que no puede recibirlo y constataron que no tiene otros familiares. La intervención del niño en la trama de venta, en una situación de extrema vulnerabilidad y desamparo, pone en tensión los discursos en boga que reclaman una baja de la edad de imputabilidad.
De acuerdo con la pesquisa, Bouvier diagramó su red de distribución a través de sus compañeros de encierro en el pabellón 2 de Coronda, quienes incorporaron al negocio a sus parejas y visitas. Para la pesquisa Tío Lucas es quien, desde su celda, coordinaba la distribución de marihuana, daba instrucciones sobre cómo fraccionarla y armar los paquetes, indicaba los montos cada transacción y fijaba el precio de la mercadería.
Del celular de su pareja se obtuvo el dato de que Bouvier había decidido no comerciar con cocaína para no tener problemas con vendedores de otras zonas y porque consideraba el rubro de la marihuana como más rentable. Se advirtió además que su pareja le enviaba capturas de pantalla de las transferencias de dinero que recibía y rendía cuentas de las ventas y la disposición de las balanzas. El preso, además, pedía que le enviaran videos de la llegada de los paquetes, el pesaje y el fraccionamiento.
Ultima escala
Por debajo, como último eslabón en la cadena de distribución, fueron ubicadas Carina Ramona O., de 43 años, y Marina Yamila Q., de 30. De la evidencia mencionada por el fiscal surge que dos a tres veces por mes ellas recibían de Celina paquetes con marihuana en encuentros que mantenían en la zona de Mendoza y Donado. Luego cada una vendía al menudeo en su domicilio y cada dos o tres días transferían dinero a una cuenta de Mercado Pago a nombre de la suegra de la mujer.
Carina fue detenida en un allanamiento del 14 de junio a su casa de San Nicolás donde se hallaron 55 gramos de cocaína, 39 de marihuana y dos balanzas. El médico forense constató en su parietal izquierdo una tumoración de 7 por 5 milímetros. El 28 de junio tiene una cita quirúrgica en el Hospital San Felipe de esa ciudad. Marina, en tanto, fue apresada en su casa de Fray Luis Beltrán donde es sostén y responsable del cuidado de sus tres hijos de 2 a 8 años.
La defensora pública Susana Brindisi remarcó que ninguna de las dos mujeres, acusadas de actuar como últimos peldaños en la venta, contaba con antecedentes penales. Por esto y por sus circunstancias personales pidió que no queden en prisión durante el proceso sino con medidas menos lesivas, como la obligación de firmas semanales o en prisión domiciliaria. El juez Hernán Postma consideró que “por vínculos afectivos o familiares se las utiliza” pero dispuso que queden en prisión preventiva por dos años, acusadas de comercio de estupefacientes.
