Sumariante condenado por falsificación de documentos en un homicidio

En una audiencia llevada a cabo ayer a la tarde en los Tribunales, la jueza Raquel Cosgaya refrendó un juicio abreviado por el cual el sumariante policial Ariel A., de 37 años y que intervino en la redacción de las actas y la devolución de pertenencias a implicados en un homicidio ocurrido en mayo de 2015, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y "realizar estudios o prácticas sobre legislación penal y procesal".

El 21 de mayo de 2015 la policía encontró en la Cooperativa de Pescadores de Frondizi y Nansen, en la desembocadura del arroyo Ludueña, una mancha de sangre descolorida sobre una vereda, cinco impactos de bala en vidrios y paredes, tres vainas servidas calibre 9 milímetros y una mesa tirada. Minutos antes una llamada anónima al 911 había advertido sobre una balacera en el lugar y la fuga de los participantes en motos y autos de alta gama.

Media hora después fallecía en el Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria Luis Alberto Hereñú, de 26 años y oriundo de Villa Gobernador Gálvez, quien había ingresado al centro asistencial con tres balazos. Al investigar el hecho, la mira judicial no sólo se posó en el crimen cometido junto a la Cooperativa sino también en la actuación policial posterior.

En ese marco el fiscal Miguel Moreno detectó irregularidades en las actas policiales que se redactaron sobre el episodio y en la devolución de pertenencias por parte del comisario de la seccional 9ª, Danilo V., y de su sumariante, Ariel A.

Este uniformado fue el responsable de la devolución de distintos bienes secuestrados en el hecho y quedó implicado al entregar a una persona no autorizada y no identificada una moto, vestimenta y un revólver inutilizado para disparar.

Así, la primera imputación de la Fiscalía hacia el sumariante fue por "incumplimiento del deber de depositario, en concurso real con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente agravado, falsedad ideológica y material de instrumento publico".

Pero luego el Ministerio Público entendió que "la conducta principal que se atribuyó encuadraba en el delito de falsificación de documento público, que el jefe se encontraba en la comisaría al momento de los hechos y que la responsabilidad de hacer cumplir las funciones propias de cada cargo es del jefe o superior". Sin embargo la imputación final recayó en Ariel A. por "encubrimiento agravado y falsedad Ideológica".

Así, el sumariante terminó condenado a un año de prisión de ejecución condicional, fijar residencia estable, no consumir estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas además de realizar estudios o prácticas sobre legislación penal y procesal.

el lugar. La comisaría de Joaquín V. González al 900, en Arroyito.