Un bonaerense de 43 años quedó preso sospechado de haber participado de una serie de estafas bancarias por un total de 170 millones de pesos en perjuicio de dos empresas lácteas de la ciudad de Rafaela. La maniobra consistió en utilizar datos de un ex empleado de una de las firmas para apropiarse de su identidad, acceder a sus respectivos homebanking y realizar diversas transferencias bancarias. Días atrás, en el marco de la investigación, se realizaron 34 allanamientos en la provincia de Buenos Aires que culminaron con la detención de 18 personas, además del secuestro de documentación y teléfonos celulares de interés para la pesquisa.
En ese contexto el fiscal Guillermo Loyola, de la unidad de Criminalidad Compleja y Económica de la Fiscalía Regional 5 con sede en Rafaela, acusó Marcelo Daniel C. como coautor de “estafa reiterada en dos oportunidades y acceso ilegítimo a sistema o dato informático” y también como autor del uso de documento falso en perjuicio de las firmas Sucesores de Alfredo Williner y Las Taperitas. En ese contexto la jueza Cristina Fortunato le dictó la prisión preventiva al tiempo que ordenó la libertad bajo medidas alternativas a otras 17 personas que fueron imputadas como partícipes necesarios ya que habrían aceptado recibir las transferencias emitidas por C.
Según explicó el fiscal, el pasado martes 23 de enero Marcelo C. utilizó datos de identidad de un ex empleado de una de las firmas damnificadas que hacía tres años que no trabajaba en ellas. Con esa identidad falsa, engañó a empleados del banco donde la empresa tenía cuenta para cambiar las claves de acceso a su perfil. De esa manera, relató el fiscal, “pudo modificar así la contraseña del homebanking para obtener la tarjeta de coordenadas de la empresa”.
La maniobra de la estafa
“Con la utilización de un documento de identidad apócrifo del ex empleado de la empresa —añadió Loyola— el imputado indujo a error a personal de la entidad bancaria y obtuvo de esa manera la tarjeta de coordenadas con la que logró realizar 38 transferencias a distintos destinatarios y por diferentes montos, lo que le causó un perjuicio a la compañía por una cifra aproximada de 153 millones de pesos”.
Según la imputación de Loyola, con la misma tarjeta de coordenadas Marcelo C. “logró ingresar a la cuenta corriente de la otra empresa —relacionada con la primera firma— y, de común acuerdo con otras personas, les transfirió a cada una sumas de dinero por un total aproximado de 18 millones de pesos”.
En ese sentido el fiscal agregó que “la mayoría de los destinatarios de las transferencias realizadas por el hombre investigado ya fueron identificados e imputados como partícipes necesarios de las estafas”.
Entre las evidencias contra Marcelo C., según refiere el diario Castellanos de Rafaela, los investigadores apelaron a los registros de audios de al menos diez llamadas que realizó el principal imputado para validar su identidad falsa. También fue detectado por cámaras de la sucursal del banco en cuestión en la ciudad de Buenos Aires cuando fue a retirar la tarjeta de coordenadas, para lo cual presentó un DNI falso del ex empleado de las empresas estafadas pero con su foto.
Pistas de la estafa
Si bien la investigación estableció cómo fueron las maniobras y pudo seguir las pistas de algunas transferencias —incluso se recuperaron unos 30 millones de pesos— fue más difícil poder identificar quién era el hombre que había suplantado la identidad del ex empleado de las firmas para orquestar la estafa. Hasta que una de las maniobras, distinta a las demás, lo puso en la mira.
Según el diario rafaelino Marcelo C. transfirió 16.50.000 pesos a una empresa del conurbano bonaerense por la compra de 500 amoladoras, 500 taladros percutores y otras herramientas.
Los investigadores fueron a ese establecimiento y encontraron al comprador en los registros de las cámaras de vigilancia. Pero además hubo una charla por Whatsapp en la que el comprador había utilizado su teléfono personal y en la cual se presentó como “representante de Williner”. Así, siguiendo la pista de la línea telefónica, fue identificado Marcelo C., detenido la semana pasada e imputado días atrás.
El fiscal manifestó que “la jueza Fortunato consideró que las evidencias presentadas por la Fiscalía fueron suficientes como para tener acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del hombre investigado y la participación necesaria de las 17 personas restantes”.
Loyola sostuvo que “para dictar la prisión preventiva Fortunato tuvo en cuenta la modalidad del hecho, la complejidad de la maniobra y el perjuicio económico, lo que le permitiría pronosticar que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”. Asimismo, precisó que “la jueza contempló la existencia de peligros procesales y remarcó la necesidad de mantener al imputado vinculado al proceso y preservar la prueba”. Según argumentó, “había tanto riesgo de fuga como de entorpecimiento probatorio”.
En relación con las medidas alternativas a la prisión preventiva dispuestas para el resto de los imputados, las mismas consisten en fijar domicilio, presentarse a firmar cada 15 días en la comisaría de su jurisdicción, no comunicarse con las víctimas y testigos del caso, pagar una fianza de 500 mil pesos cada uno y no tener ni portar arma de fuego.
