Ocho policías condenados por suministrar armas e información a la banda de Los Monos llegaron esposados ayer a una audiencia donde se discutió si debían permanecer en libertad o en prisión mientras sus defensas apelan ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Los efectivos cursaron en libertad el juicio oral que terminó en abril pasado pero fueron detenidos el martes, cuando se confirmaron sus sentencias que van de 5 a 7 años de prisión. En ese marco, la jueza Silvia Castelli aceptó el pedido de los fiscales María Eugenia Iribarren y Gonzalo Fernández Bussi y dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (dos años) para los ocho uniformados rechazando Los pedidos expuestos por las defensas.
El tribunal de apelación que el martes confirmó las condenas a 18 acusados de pertenecer a Los Monos aceptó el pedido de la Fiscalía para que ocho policías acusados de formar parte de la organización que estaban en libertad fueran detenidos. Las camaristas Gabriela Sansó, Bibiana Alonso y Carolina Hernández ordenaron entonces una detención provisoria de 48 horas para que el pedido de prisión preventiva se discuta ante un juez de 1ª instancia.
Así las cosas los uniformados quedaron detenidos el mismo martes tras la lectura del fallo y ayer ingresaron esposados a la misma sala del Centro de Justicia Penal donde transcurrió el juicio a la banda entre noviembre de 2017 y abril de este año. Durante ese tiempo se ventiló lo relativo al funcionamiento de una asociación ilícita dedicada a diversos delitos; y se abordaron cinco homicidios atribuidos a algunos miembros de la organización.
Los policías Sergio Rafael Blanche, Juan José Raffo, Angel Albano Avaca, Waldemar Raúl Gómez, Roberto Mario Otaduy, Eduardo Anacleto Enríquez, Diego Cárdenas y Omar Lescano fueron condenados a penas que van desde los 5 años y medio a los 7 años de prisión como integrantes de una asociación ilícita y en algunos casos por violación del secreto profesional.
Los ocho habían obtenido la libertad durante la instrucción de la causa y ayer solicitaron recuperar esa condición, o al menos permanecer bajo el régimen de prisión domiciliaria mientras sus defensas tramitan un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema provincial ya que mientras esa apelación esté en curso, las condenas no están firmes.
Los fiscales María Eugenia Iribarren y Gonzalo Fernández Bussy, en cambio, solicitaron que permanezcan bajo prisión preventiva. Iribarren planteó que la reciente confirmación de las condenas genera una "mayor certeza" sobre la situación de los acusados y una "mayor peligrosidad procesal", es decir, un riesgo de que intenten fugarse o evadir el proceso.
Recordó que "ellos eran miembros de fuerzas de seguridad y su rol en la organización era proveer impunidad abusando de su función. Usaban el poder estatal para ayudar a cometer delitos". Por eso pidió que queden presos. Luego Fernández Bussy repasó caso por caso las penas impuestas a cada uno y cuánto tiempo pasaron detenidos a la espera del juicio, plazos que pueden computarse como parte de pena cumplida.
No está firme
"No estamos ante una condena firme. El estado de inocencia todavía sigue vigente", replicó el defensor Rodrigo Mazzuchini, quien dijo que los efectivos "se han sometido a proceso" y "siguen depositadas las fianzas de cautela". Por ello pidió la prisión domiciliaria con salidas laborales para sus tres clientes: Angel Avaca, condenado a 7 años de prisión aunque sólo estuvo detenido 37 días; el comisario Sergio Blanche, condenado a 5 años y 7 meses de cárcel de los que cumplió un año y 5 meses; y el subinspector Juan José Raffo, preso un año y medio pero condenado a 5 años y 10 meses.
El abogado Sergio Larrubia, por su parte, dijo que la Fiscalía adoptó una "posición dogmática" respecto de todos los acusados por igual sin tener en cuenta la situación de cada uno. Su cliente Gómez es un agente de la Policía Federal sentenciado a 6 años de prisión que ya cumplió la mitad de la condena y estaría "a poco tiempo de obtener la libertad condicional". "Formó una familia y está trabajando", dijo el letrado al pedir una detención domiciliaria con salidas laborales.
"¿Cuál es el peligro de fuga si estuvo cinco años en libertad?", planteó a su turno Mónica López, defensora de Lescano, ex agente de la Brigada de Investigaciones que cumplió 21 días de arresto y fue condenado a 6 años. "Estuvo a disposición siempre que la Justicia lo ha requerido y la condena aún no está firme", añadió la abogada al requerir la libertad o prisión domiciliaria para cuidar a su hijito con dificultades neurológicas.
Los otros tres policías fueron asistidos por el defensor público Martín Riccardi: son el suboficial Enríquez, quien estuvo preso 1 año, 7 meses y 28 días y deberá cumplir una pena a 5 años y medio de prisión; Cárdenas, un cabo de la policía santafesina condenado a 5 años y 8 meses de prisión de los que ya cumplió 3 años; y de Otaduy, integrante de Prefectura Naval condenado a 5 años de prisión que ya cumplió un año y 11 meses en prisión preventiva.
Al respecto, el abogado se opuso al pedido de la Fiscalía, negó la peligrosidad procesal ya que sus pupilos "siempre estuvieron a disposición de la Justicia, ninguno tenía antecedentes previos, todos tienen trabajos estables y si bien han sido condenados, la pena aún no está firme".
