Presentan habeas corpus por agravamiento de la detención de "Monchi"

La defensa de Ramón Ezequiel Machuca, conocido como "Monchi Cantero" y preso en la cárcel de Piñero como líder de Los Monos, presentó ayer un habeas corpus en el cual solicitan la inconstitucionalidad de la orden 5/18 del Servicio Penitenciario Provincial (SP) en la que se establecen "los lineamientos básicos de seguridad a aplicar en relación a los sectores destinados a presos de alto perfil".

En abril pasado "Monchi Cantero" fue condenado a 37 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada a la comisión de diferentes delitos, cohecho, encubrimiento agravado e instigador de cuatro homicidios. Desde entonces se encuentra en el pabellón 26 del penal de Piñero.

El habeas corpus elevado ayer por su defensa lleva la firma del abogado Carlos Edwards y manifiesta que con dicha resolución del Servicio Penitenciario santafesino se provoca "un agravamiento de las condiciones de detención" de su pupilo, quien aún está bajo prisión prevetiva porque la condena no está firme.

Resolución conflcitiva

¿Que dice esa resolución del SP? En primer lugar "establecen como sectores de alojamiento para internos de alto perfil" una serie de pabellones en Coronda y Piñero, entre ellos el lugar donde "Monchi" se encuentra detenido. Asimismo explica una serie de condicionamientos que se deberán tener con ese tipo de presos, lo que a entender de la defensa de Machuca "agrava manifiestamente las condiciones de detención de esos detenidos, consagrando un verdadero régimen de excepción que resulta violatorio de la Ley de Ejecución Penal por medio de un tratamiento diferenciado del resto".

En ese sentido, la resolución del SP habla de establecer mayores controles de seguridad del detenido y enumera la "instalación de inhibidores de señales de celulares, la posibilidad de asistir a espacios de formación educativa por vía remota y sin contacto con otros detenidos, minimizar el riesgo de contacto con grupos antagónicos, controlarlos por medio de videovigilancia en espacio comunes, controlar los bienes o elementos que compren en la proveeduría de los penales y que éstos seán controlados por los jefes de los pabellones, limitar el ingreso de alimentos por parte de las visitas a 1,5 kilos por día, establecer un régimen especial de requisas y destinar lugares para las entrevistas con sus abogados en los que no haya contacto directo".

También establece la resolución el régimen de visitas, los horarios y los exhaustivos sistemas de requisa de esa visita y del recluso.

¿Quién lo categoriza?

En ese marco Edwards sostiene que la orden del SP "refiere a internos de «alto perfil» en palmaria contradicción con lo regulado por la Ley de Ejecución Penal que no contempla ese tipo de internos" y, además, expresa que "la categorización de internos es de forma evidentemente arbitraria ya que la inclusión en la misma sólo depende de la autoridad penitenciaria".

Finalmente, Edwards habla del agravamiento de su cliente en las áreas recreativas, deportivas y cultural; en el acceso a la educación; en la limitación del ingreso de alimentos; en la requisa a las visitas y, en ese marco, dice, "la orden interna resulta manifiestamente inconstitucional al crear una categoría de internos que le ley no contempla".