El contexto de violencia que atraviesa Rosario hace más de una década tiene entramados complejos que se mantienen en la oscuridad. Una causa de ello puede ser el bajo nivel de esclarecimiento de los homicidios, que vuelve inexplicable una parte de la historia reciente y de crímenes resonantes que siguen impunes. Como complemento a la narrativa oficial, que ubica a la mayoría de esos hechos como consecuencia del enfrentamiento entre bandas narcos, hay sospechas e indicios de que algunos de ellos son cometidos por policías. En ese sentido, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) hay expedientes que ubican a integrantes de la fuerza provincial como parte de las organizaciones del crimen organizado, incluso como autores o cómplices de asesinatos o tentativas de homicidios.
En la Justicia provincial hay dos fallos relevantes que confirman que las bandas criminales de Rosario tienen policías entre sus integrantes. Tanto la investigación a Los Monos, como la que puso el foco sobre el entramado narcoempresario de Esteban Lindor Alvarado dieron cuenta que ambas necesitaron de una pata policial para crecer y permanecer. La banda surgida en el barrio La Granada, por ejemplo, tuvo ocho integrantes de distintas fuerzas de seguridad entre sus condenados por asociación ilícita en 2018. Lo mismo para las huestes de Alvarado, que contó con siete policías condenados entre 2020 y 2021.
La mayoría de esos agentes, según las investigaciones, brindaron información y protección a la banda que integraban ya sea para cometer ilícitos como para mantenerlos en la impunidad. Por fuera de estos dos casos hay varias causas más, en los fueros provincial y federal, que dan cuenta de la connivencia policial necesaria para desplegar y conservar una estructura delictiva. Otras investigaciones judiciales, así como distintas fuentes consultadas por La Capital, indican que la participación policial también incluye homicidios. Algo que, conocido el abanico de relaciones de hombres y mujeres de la fuerza con el crimen organizado, podría suponerse. Pero que, como parte de la compleja realidad, se mantiene apenas como hipótesis.
Una fuente policial en estricto off lo confirma: hay policías dentro de los sicarios a disposición del crimen organizado. Y allí radica la diferencia en las características de los homicidios. Están los que la Justicia resuelve con más facilidad y aquellos que, a pesar del paso del tiempo y los recursos disponibles, se mantienen impunes. La capacidad para obstaculizar investigaciones, aspecto sobre el cual hay pruebas en diversas causas que analizan la connivencia policial, es un motivo.
Sospechas
Con ese trasfondo, por ejemplo, existe la hipótesis de la participación policial en el crimen de Julián Zanier en septiembre de 2021. El muchacho de 23 años, involucrado en una red narco, fue asesinado con más de 30 balazos en su casa del barrio Nuevo Alberdi a la que ingresaron por la fuerza al menos cuatro personas vestidas con uniforme policial.
Ese aspecto, en ocasiones utilizado por delincuentes para confundir a las víctimas, fue el que obligó a que aquel día llegaran a la escena del hecho efectivos de la Agencia de Control Policial (ACP). Pero fueron otros indicios los que robustecieron la sospecha. Detalles como el auto que utilizaron los autores o la mecánica para ingresar a la vivienda alertaron a los investigadores sobre la participación policial. Una hipótesis que, a su vez, fue tenida en cuenta por la Fiscalía.
Las distintas fuentes consultadas coinciden en que la posible vinculación de policías en algunos homicidios o ataques que tienen ese fin más allá del resultado, puede estar determinada por su participación en bandas criminales en las que asumen distintos roles, o bien como encargos que realizan por su cuenta. Hay quienes advierten de esta situación dado que dificulta el cumplimiento del deber de efectivos que trabajan bajo presión o temor, y obligados a mirar para otro lado. Tal vez este sea otro factor que ubica esta problemática en el marco de investigaciones de difícil abordaje.
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Sobre los asuntos de interés periodístico en materia de criminalidad, la Fiscalía Regional canaliza la comunicación institucional a través de su órgano de prensa. Lo que hace que en la mayoría de las ocasiones la información se conozca a partir de los avances de las investigaciones o mediante informes de gestión. En ese marco se explica la reticencia a manifestarse en relación a un tema que asumen como delicado y que quizás requiere más lectura política que jurídica. Lo cierto es que del último informe institucional, presentado en abril pasado ante la salida del ex fiscal general Jorge Baclini, surgió que la Fiscalía Regional II identificó al 33,1% de los autores de homicidios de 2022. Aunque las investigaciones continúen en curso, lo que queda es un margen de desconocimiento de los autores y los trasfondos del otro 67% de los crímenes del año.
A diferencia de otros casos que generan conmoción en distintos sectores de la opinión pública, los homicidios vinculados a la criminalidad organizada no forman parte de un reclamo colectivo por su esclarecimiento. Ni siquiera ese factor ejerce presión sobre la administración de Justicia. La narrativa pública en estos casos, más allá de los detalles escabrosos de los hechos, termina en la historia de la víctima y su vinculación al delito. Alcanza para categorizar un homicidio, aunque no para ubicarlo en una trama que complejice la linealidad que supone una disputa entre bandas.
Un caso testigo
El 3 de mayo de 2022, cerca de las 19.30, los vecinos de Buenos Aires y Alzugaray, en el barrio De la Carne de la zona sur de Rosario, escucharon disparos y varios gritos. Al asomarse a la calle se encontraron con una persona dentro de un auto y su cara destrozada por las balas. En la escena también había un hombre, que decía conocer a la víctima y ser policía de la comisaría 15ª. El agente, identificado como Omar Jorge Alfredo García, dijo a los investigadores que estaba junto a Emanuel C. cuando se les puso a la par un auto desde el cual los atacaron. Aseguró que había llegado a ese lugar para acompañar a la víctima a cobrar la venta de una amoladora.
Pero algo en la escena del crimen llamó la atención de los encargados de la pesquisa: García dijo que no sabía dónde estaba su celular cuando en realidad lo había puesto a cargar en la casa de una vecina a la que le había pedido ese favor. Luego los investigadores notaron que el aparato había sido formateado, lo que levantó las sospechas del fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de esta investigación, quien decidió dejar detenido a García. El policía fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de guerra.
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A partir de distintos testimonios la Fiscalía consolidó una hipótesis. García citó a la víctima, a quien ya conocía, y se subió a su auto cuando se encontraron. Luego apareció otro vehículo desde el cual dispararon algunos balazos a la parte inferior y no en dirección a sus ocupantes. En ese momento García le efectuó tres disparos en la cara a su víctima con la intención de matarlo. Emanuel C. quedó herido de gravedad, sobrevivió pero perdió ambos ojos.
En la investigación hay testimonios que ubican a este policía como parte de una organización criminal en la que aparece como líder una preso apodado “Polaco”, vínculo al cual podría estar relacionado el intento de homicidio de Emanuel C. En esa trama es que también ligan al policía a la venta de drogas, el robo de vehículos y la liberación de zonas para la comisión de delitos. Todo lo que, según la pesquisa, llevaba a cabo a partir de la presión que ejercía por ser funcionario de la fuerza aunque estaba en disponibilidad.
