Una investigación que desnudó una afianzada protección policial hacia narcotraficantes asentados en la zona norte de Rosario será ventilada este mismo año en un juicio oral y público en los tribunales federales de bulevar Oroño al 900. En el trámite están implicados cinco policías, entre ellos los jefes de la comisaría 20ª, no solo por liberar zonas a vendedores de drogas en Empalme Graneros, sino también por hacer negocios con ellos. Además de los policías, cuatro de los cuales llegan presos a esta instancia, se sentarán en el banquillo otras cuatro personas acusadas de dedicarse a comercializar drogas en ese vecindario en particular y en zonas aledañas.
En una ciudad como Rosario, en la cual se verifica una cooperación sistémica entre policías y narcotraficantes, la expuesta por esa pesquisa tiene pinceladas de mayor originalidad en especial, según los investigadores, por el descaro en las acciones de parte de los uniformados implicados.
Junto con la evidencia de las relaciones comerciales entabladas surgieron en la pesquisa las de las rutinas del pago. Una vez que el fiscal del caso definió qué narcos tenían garantizada la protección, también pudo saberse que hacia los días 10 de cada mes los policías, con regularidad, los llamaban para reclamar el pago por esa cobertura, o para quejarse en caso de demoras.
La causa se empezó a trabajar en 2016 como un desprendimiento de la investigación que terminó con once personas procesadas por narcotráfico, entre ellas Rosa Caminos, hermana de "Pimpi", el ex jefe de la barra brava de Newell's asesinado en 2010.
En esa investigación captó la atención de los empleados de la Fiscalía Federal Nº 2 un policía que luego fue identificado como Cristian Fernando Gelabert, efectivo de calle que revistaba en la zona sur de la ciudad, pero que fue enviado a prestar servicios en la comisaría 20ª de Carrasco al 2500, pleno corazón de Empalme Graneros.
Gelabert era un hombre al que empezaron a seguir los investigadores a partir del auto que utilizaba, pero sin saber que se trataba de un miembro activo de la fuerza de seguridad provincial. Desde la Fiscalía Federal entonces a cargo de Mario Gambacorta decían haberle descubierto conductas temerarias. "Era dueño de una personalidad desaforada, que lo impulsaba a tomar el arma y disparar con frecuencia. Lo consideraban el brazo armado de grupos narcos investigados y, a la inversa, una especie de azote de los que no cerraban con él", dijeron voceros de la pesquisa.
Quedó claro que Gelabert se involucraba personalmente en diferentes actos de comercio de drogas. El seguimiento a ese oficial derivó en escuchas telefónicas. Pasó poco tiempo para que se estableciera que Gelabert era policía, que tenía relación con tres narcotraficantes distintos, entre ellos Gustavo "El tuerto" Cárdenas, quien tenía un amplio dominio en la zona de Empalme Graneros.
Gelabert, según estableció hace dos años el fiscal Gambacorta, se encargaba de contactar y hasta de robarles a los traficantes. Su rol iba "de ir a romper los sitios donde se negociaba con los estupefacientes para que luego el dueño baje" a hablar con la comisaría hasta negociar con los demás miembros a fin de pactar el acuerdo". Eso fue ratificado en forma textual en la resolución de procesamiento dictada hace dos años por el juez federal Marcelo Bailaque. El mismo magistrado que el jueves pasado elevó el caso a juicio oral y público.
"El oficial Gelabert conoce una gran cantidad de lugares donde pide, compra o roba droga", según establecen las cuantiosas escuchas realizada a su teléfono celular, indica el texto del procesamiento.
Esta fue una de las primeras causas en Rosario en la cual, a pesar de que en los allanamientos no fue secuestrada una importante cantidad de droga —lo que siempre fue una condición para proseguir la investigación— las evidencias eran tan reveladoras respecto a la actividad de narcotráfico de los involucrados que se avanzó a fondo contra ellos.
Fue así que se generaron, en los trámites derivados, pruebas adicionales en abundancia del mismo delito. En este caso la Fiscalía fijó como concepto la existencia de una red articulada con distintas células de trabajo. Una de esas células era la comisaría 20ª.
Hacia inicios de 2016 esta comisaría aparecía en el centro de una constelación. Había tres grupos de vendedores distintos que, sin conocerse o por lo menos sin tener contacto entre ellos, confluían en el mismo detalle: todos se comunicaban con líneas de usuarios que trabajaban en la seccional.
Los jefes
El fiscal encomendó seguir a los grupos narcos a la División Antidrogas de la Delegación Rosario de la Policía Federal. Con las tareas de inteligencia y las escuchas quedó rápidamente claro que además de Gelabert, conocido como "Gavia", la trama de complicidades llegaba a lo más alto de la comisaría.
Al tope aparecía el comisario Roberto Carlos Quiroga, alias "Queja", que era entonces el jefe de la seccional. También el subjefe de la dependencia, subcomisario Jorge Ocampo, conocido como "Mostro" u "Obra". Roberto Villalva, alias "Mochila", y Gustavo Elizalde, apodado "Empleo".
Los cuatro primeros efectivos de la Unidad Regional II están presos hace dos años y así llegarán a juicio por "formar parte de una organización de comercio de estupefacientes", según lo decidido la semana pasada por el juez Bailaque, delito agravado por su condición de policías.
Elizalde, que había trabajado en la Dirección de Drogas Peligrosas de Rosario, arribará a las audiencias en libertad porque lo alcanza una figura más benigna, la de conspiración para comercio de drogas.
Los otros
La principal civil que irá a juicio se llama Silvia Di Morelle. La conocen como "La Gorda Bote" y detentaba un quiosco de drogas ubicado en José Ingenieros al 2800. Se la acusa de liderar, entre enero y abril de 2015, una organización dedicada al narcotráfico con paraguas policial que integraban además Micaela Pared, Jenifer Fernández y Germán Jorge Gencheff. Todos ellos, junto a los policías, se encontrarán en el mismo juicio.
Las evidencias en las que se sostienen las acusaciones son principalmente trabajo de campo de la Policía Federal y, de modo predominante, las concluyentes escuchas telefónicas, en donde los policías hablan de estupefacientes, de precios y de dialogar con los civiles que venden la droga. Se mencionan valores por paquetes, por kilos y alusiones a sustancias como merca (cocaína), escama (como en la jerga de este delito se conoce a la cocaína de mayor pureza), "cristal" (por drogas sintéticas como mentanfetaminas o también cocaína) y "fasos" (marihuana).
El principal proveedor de esta banda acaba de ser procesado también. Es Sixto Daniel Pérez, apodado "El chaqueño". Pérez fue acusado de ser empleador, financista y organizador de las personas a cargo de determinados puntos de venta que se encuentran asentados en Empalme Graneros.
Desde la Fiscalía 2 determinaron con escuchas que los contactos provenían de antenas de telefonía ubicadas en la provincia de Chaco y que una persona desde allí ordenaba a otra en Rosario que atacara con disparos una vivienda particular.
Así se identificó al abastecedor como Daniel Sixto P., quien lideraba una empresa criminal con colaboración de familiares cercanos y presuntamente bajo connivencia policial en Rosario. Ese hombre residía a intervalos en la localidad de Hermoso Campo, en Chaco, y en Empalme Graneros. Como fue procesado recién ahora, aunque está implicado con responsabilidad jerárquica en el grupo, no está definido todavía si irá a juicio con el resto de los acusados.
