La auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe elevó ayer el pedido formal de suspensión preventiva del fiscal Fernando Rodrigo, denunciado penalmente por solicitar intervenciones ilegales telefónicas a una compañera de trabajo con la cual había mantenido un relación sentimental, además de a otra ex pareja y allegados. La solicitud fue recibida por el fiscal general de la provincia Jorge Baclini quien la semana próxima decidirá sobre el futuro del funcionario judicial, cuyo accionar generó un tembladeral en las oficinas de la Fiscalía Regional Rosario.
En principio Rodrigo, quien ayer solicitó una licencia psiquiátrica, podría enfrentar una acusación por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fuentes judiciales confirmaron a La Capital que la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, remitió ayer a la sede regional de Fiscalía Rosario la documentación formal donde hace oficial el pedido de suspensión preventiva de Rodrigo, quien tendrá tres días para realizar su descargo.
Luego habrá que esperar que Baclini tome una determinación respecto del futuro administrativo del cuestionado funcionario, algo que podría definirse hacia fines de la semana próxima, según consignaron fuentes judiciales. No obstante, se aclaró que la suspensión preventiva solicitada por Vranicich es por el tiempo que dure la investigación, tanto administrativa como penal (ver aparte). Y de acuerdo a lo que indica la ley corresponde que sea con goce de sueldo.
Licencia
La semana pasada Rodrigo, quien será defendido por el abogado particular Víctor Corvalán, fue apartado de su cargo y en tal sentido tomó una licencia por tres días que ayer renovó por un mes con la presentación de un certificado médico. Pero más allá de su situación administrativa, quedó sujeto a una causa penal que la próxima semana podría arrojar novedades importantes.
La pesquisa sobre la denuncia de la intervención irregular de teléfonos comenzó los primeros días de la semana pasada cuando un empleado de la Fiscalía Regional de Rosario advirtió que entre los números de teléfono que se solicitaba intervenir en una de las investigaciones a cargo de Rodrigo figuraba el de su compañera de trabajo, una joven abogada que se desempeña como pasante.
El empleado trasladó su inquietud a las autoridades de la fiscalía, quienes comunicaron la situación a la auditora general de gestión. A partir de ello se inició una investigación que fue encomendada a la fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenutto.
Requisas
Entre otras medidas, Benvenutto ordenó allanamientos en la casa de Rodrigo y en la de su madre, además de requisar el despacho del funcionario y también su vehículo particular. Además se ordenó custodia policial tanto para la joven pasante como para el denunciante.
Computadoras, teléfonos, tablets, carpetas y al menos cuatro expedientes con hechos que investigaba en los cuales habría incluido el pedido de escuchas al celular de la denunciante, fueron parte del material incautado.
Si bien es una etapa preliminar de la investigación, la semana pasada cuando estalló el escándalo se deslizó que no sólo habría intervenido el teléfono de su ex novia, sino de familiares de la joven abogada. Y no se descartaba que hubiera ordenado pinchar la línea de una actual pareja.
Toda la evidencia está bajo pericias, cuyos resultados se esperan para los próximos días y podrían ser parte fundante de una potencial acusación. De haber elementos para imputarlo, fuentes cercanas a la investigación indicaron que su conducta podría encuadrar en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque eso depende de la calificación que escoja la fiscal.
Resonante
Fernando Rodrigo se desempeñaba en la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional Rosario. El funcionario estuvo al frente de causas resonantes, la más importante fue una serie de complejos robos de camionetas Toyota Hilux por la cual logró desbaratar a una banda.
Asimismo, la semana pasada el fiscal había encabezado 17 allanamientos en distintos desarmaderos y locales de venta de autopartes donde se habían detectado actividades ilegales. También fue noticia la última investigación que pasó por sus manos que culminó con un procedimiento el jueves pasado en el que se detuvo a un hombre acusado de querer vender poderosas armas de fuego a través de una página de Facebook.
Zona gris
La situación que derivó en el apartamiento de Rodrigo generó todo tipo de comentarios en el ámbito judicial. Algunos profesionales consultados por este diario también posaron su mirada sobre el mecanismo y las garantía institucionales que debe atravesar un pedido judicial de intervención telefónica, que siempre deber ser autorizado por un juez previo análisis del contenido de los listados con los números y los usuarios.
"Eso habla de una zona gris en el control, que el fiscal aprovechó porque sabe que los jueces no le prestan atención a la sábana (en alusión a la lista) con los números. Eso pasa hace años, pero en eses es un aspecto grave en el que también hay que reparar", opinó un reconocido abogado.
investigado. Rodrigo fue apartado el viernes pasado y ayer solicitaron su suspensión preventiva.
