Las tres mujeres que denunciaron al fiscal Fernando Rodrigo, apartado de su cargo y bajo investigación penal por realizar escuchas ilegales en el marco de causas que investigaba, solicitaron ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se lo cite "de inmediato" a audiencia imputativa. Las damnificadas realizaron el planteo tras considerar "razonable" el tiempo transcurrido desde la denuncia (el 22 de agosto) para que la pesquisa avance en la imputación de los graves hechos que se le atribuyen al ex funcionario. En tanto, se evalúa que la investigación sea girada a la Justicia Federal ante la evidencia acopiada.
Identificadas sólo como J.G., J.G. y M.R., una de las cuales fue pareja de Rodrigo y empleada del MPA, las tres mujeres presentaron el lunes un escrito a través de su abogado, Carlos Edwards, con el objetivo de que se aceleren los tiempos del proceso penal contra el ex funcionario al que el gobernador Miguel Lifschitz le aceptó su renuncia como fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional Rosario.
Las mujeres, todas abogadas, denunciaron a Rodrigo por los delitos de interceptación indebida de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público. Y remarcaron que los pedidos de intervenciones ilegales indujeron a los jueces a cometer errores.
El hermetismo en el caso es absoluto. La fiscal Natalia Benvenutto, de Cañada de Gómez, está a cargo de la causa luego de la intervención de la auditora general interna del MPA María Cecilia Vranicich. La funcionaria inició la pesquisa administrativa que determinó la separación preventiva de Rodrigo, quien primero pidió licencia psiquiátrica y luego renunció para evitar el jury de enjuiciamiento.
La carrera del joven fiscal se cortó abruptamente cuando en agosto quedó en medio de un escándalo sospechado de ordenar intervenir el celular de una compañera de trabajo, de dos de sus amigas y del entorno familiar de la mujer con quien había mantenido una relación sentimental. Esa irregularidad fue advertida por otro empleado de Fiscalía al notar que uno de los números que pedía pinchar era de una abogada que trabajaba con ellos como pasante. Pero además se sospecha que Rodrigo habría interceptado la línea telefónica de otras personas, las cuales hasta el momento se desconocen.
El pedido
A requerimiento de sus clientas, el lunes pasado Edwards ingresó un escrito en la Oficina Regional del MPA a través del cual indica que, "considerado el tiempo transcurrido y la gravedad institucional, debe impulsarse de inmediato la investigación y se convoque a Rodrigo a una audiencia imputativa con el fin de brindarle tutela judicial efectiva a las víctimas" y al mismo tiempo "una respuesta a la sociedad" sobre los hechos que se imputan al ex fiscal.
En otro punto agrega que "para el supuesto de que el denunciado alegue alguna patología psiquiátrica (estuvo internado y continúa bajo tratamiento) que le impida asistir a la audiencia, se solicita que un médico forense constate esa circunstancia". Y, además, el abogado solicitó tener acceso al legajo judicial a cargo de Benvenutto.
Este diario solicitó información a voceros oficiales de la Fiscalía Regional Rosario pero no se dieron mayores detalles. No obstante, trascendió que en los próximos días podría haber novedades ante la posibilidad de que, con la evidencia acopiada hasta el momento, la causa pueda recalar en la Justicia Federal.
Según se dio a conocer en su momento, las intervenciones telefónicas ordenadas datan de mucho tiempo y se inrodujeron en distintas investigaciones que encabezaba Rodrigo. Habría cerca de 150 CD's con grabaciones para analizar, además de testimoniales y documentación que en su momento colectó la fiscal Benvenutto.
