La jueza a cargo de la primera audiencia sobre el homicidio de Leonardo Pérez Sánchez convocó a una junta especializada en salud mental
imagen Google Street View
La víctima y el acusado por el crimen convivían en Sarmiento al 3300.
La investigación sobre el crimen de un hombre apuñalado por su hermano en la zona sur rosarina llegó este martes a una instancia clave. El presunto asesino fue imputado, pero la Justicia provincial solicitó una evaluación de su salud mental como parte de los primeros pasos en el proceso penal.
La fiscal Marisol Fabbro confirmó la primera hipótesis que trascendió en torno a la muerte de Leonardo Pérez Sánchez. Según la evidencia reunida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hombre de 43 años fue atacado con un arma blanca el último fin de semana en el barrio Hospitales.
Tanto la funcionaria a cargo de la causa como el defensor pidieron que el detenido sea sometido a un examen médico de juntas especializadas en salud mental. La jueza Paola Aguirre aceptó la propuesta, pero el sospechoso continuará privado de su libertad.
Pérez Sánchez falleció a última hora de la tarde del sábado 17 de mayo. Cuando la policía ingresó a su casa en Sarmiento al 3300, advirtió que el cuerpo tenía diferentes heridas cortopunzantes.
La fiscal imputó al hermano de la víctima como autor de homicidio simple en el hogar que compartían con su madre. Según fuentes policiales, la mujer denunció que uno de sus hijos había matado al otro dentro de la vivienda.
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La testigo descubrió lo ocurrido antes de las 18. En ese momento escuchó desde su dormitorio que el detenido pedía una ambulancia a los gritos. Los agentes a cargo de responder al llamado al 911 no lograron salvarlo. Apenas entraron por la puerta de calle, se toparon en el patio con el cadáver ensangrentado.
La muerte por las puñaladas se confirmó unos minutos más tarde a partir de la intervención del personal de emergencias médicas. S. P. S. quedó bajo arresto en el momento y la jueza Aguirre le dictó prisión preventiva por 60 días a la espera de los resultados de la evaluación de salud mental.
Iván Carlos Méndez aceptó seis años de cárcel en un juicio abreviado federal. Lo acusaron de usar su rol profesional para visitar a presos de alto perfil, retransmitir órdenes y sostener activas estructuras criminales comandadas desde prisión.
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