“Pegale al que salga. Si sale un chico, pegale igual”. La orden partió del celular de un preso que cumple condena como sicario del clan Ungaro. Así estaba escrita en el teléfono del tirador cuando lo apresaron el año pasado tras balear a un muchacho en la torre de Hipócrates al 4600. Brian “Pocha” Sánchez, el interno de Piñero que cumple 21 años de prisión por varios homicidios, fue imputado este jueves como quien instigó ese ataque a tiros a cambio de 80 mil pesos. Por participar del plan, la semana pasada quedó presa una mujer acusada de entregarle el arma al atacante. Hace tres semanas mataron a su hija.
Brian Ismael Sánchez, de 23 años, sumó así una nueva causa a los dos intentos criminales y tres ejecuciones por las que cumple condena. Fue imputado por tentativa de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. El fiscal Alejandro Ferlazzo formuló en la audiencia de este jueves un pedido expreso para que el Servicio Penitenciario (SP) trate al acusado como un preso de “mayor resguardo” y ejerza “mayor periodicidad en el control de celulares”, dado que el delito fue cometido gracias a un acceso irregular a un teléfono móvil.
El juez Gustavo Pérez de Urrechu dispuso la prisión preventiva sin plazo de Sánchez y le dio curso al pedido fiscal: le hizo saber al SP que el preso sólo podrá mantener comunicaciones desde un teléfono oficial y se deberán extremar los controles sobre el acceso a celulares. En los primeros ocho meses del año se incautaron casi 3.700 celulares en cárceles de la provincia y la cárcel de Piñero es la que lideraba el ranking con 1.148 aparatos. Un asunto no menor si se considera que de las cárceles surge las órdenes del 95% de las balaceras en Rosario.
“Te paso más confites y vamos a hacerlo de cheto, boludo. Así me dejo de renegar. Sabés que es un segundo. Al primero que salga, amigo. No quiero renegar”, es una de las instrucciones que, según la evidencia citada por el fiscal en la audiencia, formuló Sánchez al sicario que concretó el ataque del 26 de octubre de 2020. Como quien le entregó el arma y le señaló el lugar al ejecutor, el lunes pasado quedó en prisión preventiva como partícipe necesaria de esa trama Gisela G., una mujer a la que le dicen “Paquete”.
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Su hija Mariel Lezcano había sido asesinada doce días antes. La tarde del 13 de octubre la chica de 21 años estaba con su hijo y hermanitos en su casa de pasillo de Ayacucho 4389 cuando llegó un sicario que sin mediar palabra le pegó dos tiros apenas abrió la puerta. Por instigar el crimen fue imputado Alan Funes, quien cumple condena en Ezeiza a 35 años de prisión por un homicidio y como jefe de una banda narco. Otros dos supuestos soldaditos a sus órdenes también quedaron presos por concretar la ejecución y escapar en moto.
Según declaró su madre, la familia Funes la había amenazado porque se negaba a vender droga para ellos y para que no se aliara con Pocha Sánchez, un alfil de los Ungaro para quien luego se le imputó haber trabajado. Concretamente, le reprocharon haberle entregado el arma al tirador, apuntado el lugar y sugerido un horario sin patrullaje policial.
El ataque fue el 26 de octubre de 2020 en la torre 13 de Hipócrates 4667. Cerca de las 20.40 Uriel R., de 20 años, conversaba con un amigo en el palier del segundo piso, frente a la casa de su madre, cuando se escucharon gritos de niños en la planta de abajo. Al asomarse al balcón vieron a un joven con gorrita que sacó un arma y comenzó a disparar desde el la escalera del primer piso hacia al segundo. Uriel fue alcanzado por balas en tórax, un hombro y muñeca izquierda. Lo llevaron al Hospital Roque Sáenz Peña y salvó su vida pese a sufrir lesiones en el hígado, el epigastrio y un riñón, además de una fractura en el húmero.
“Me llamó la atención porque no era del barrio. Tenía un barbijo verde, una gorra y una mochila colgada para adelante”, contó el amigo de la víctima que vio al atacante disparar con la mano derecha desde el piso inferior mientras sostenía el celular con la izquierda “como si estuviera escribiendo o hablando”. Un móvil del Comando Radioeléctrico que estaba cerca llegó enseguida y los vecinos indicaron que el tirador se había ido corriendo “para el lado de Grandoli”.
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Los policías salieron tras un joven que caminaba por la calle Sánchez de Thompson que, al verlos, arrojó una mochila e intentó ocultarse detrás de un árbol. Llevaba un barbijo verde y un único objeto en la mochila: una pistola Bersa Thunder 9 milímetros con cargador y seis cartuchos intactos. Primero se le imputó un homicidio agravado y luego se agravó a homicidio calificado por ser cometido a cambio de dinero.
Esto surge de evidencia encontrada en el celular Samsung en mal estado de Emanuel. En los mensajes se detectó que a la orden de los disparos la había dado Pocha desde la cárcel: la orden era pegarle al padre de la víctima o a cualquier familiar de un hombre con quien al parecer mantenía disputas por la venta de drogas. “A la bici la dejás a la vuelta del núcleo y te vas corriendo y agarrás la bici al toque. Es re fácil, puto. La haces al toque. Yo ahí mataba caminando en ese Fonavi, boludo”, se ufanaba Pocha en uno de los mensajes.
“Está todo en lo de la Paquete. Ahí te va a mostrar todo el sistema”, le dijo al sicario para indicarle dónde buscar a la “pico” (pistola). Y precisó: “Tiene cuatro confites (balas). Andá a buscarla así la tenés ahora. Te paso más confites y vamos a hacerlo de cheto”. La orden era pegarle a un supuesto competidor en la venta de drogas pero sin importar quién pagara los costos: “Al que salga. Al hijo también. Si es al viejo, mejor”. En uno de los mensajes, según la acusación, Pocha transmitió su experiencia como tirador: “Dale uno solo en la cara nomás así no hace tanto ruido y otro más en el piso”.
El encargo era, según esa evidencia, a cambio de un pago de 80 mil pesos. “Te di alta pico. Todo. No te deja tirado esa. Cargala y andá ahora. Pero hacela al toque”, exigía el preso al que, a falta de armas y libertad de circulación, se le atribuye haber dado la orden del crimen fallido chateando por WhatsApp. Sánchez fue señalado como quien, por su “buena puntería”, era “el que tiraba” para el clan Ungaro, ahora al parecer enfrentado con los Funes, que supieron ser sus socios. En diciembre de 2019 aceptó 21 años de condena por tres homicidios y dos heridos en ataques motivados en enfrentamiento de a bandas los barrios Municipal y Parque del Mercado.
