El Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino pedirá nueve años de prisión para dos ex jefes de la policía provincial acusados de defraudar al Estado fraguando reparaciones de patrulleros. Se trata de Rafael Grau, de 54 años y con prisión domiciliaria desde 2017, y Omar Odriozola, de 54 e imputado en septiembre pasado. Para éste último, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pidieron la prisión preventiva en la audiencia preliminar realizada ayer en los tribunales de Santa Fe ante el juez Luis Octavio Silva quien deberá resolver, además de ese pedido, si el caso ya está listo para juicio oral.
Ambos ex jefes están imputados de "asociación ilícita en carácter de jefes en concurso real con defraudaciones en perjuicio de la administración pública". En el marco de la investigación hay nueve personas —entre ellas tres policías— que aceptaron condenas en juicios abreviados (ver aparte).
La punta del ovillo de esta investigación fue un sobre que recibió el 4 de mayo de 2016 el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro sobre maniobras fraudulentas en el Departamento de Logística (D4) de la policía santafesina. El anónimo derivó en una pesquisa del fiscal Roberto Apullán que detectó vehículos policiales a los que no se habían realizado reparaciones que habían sido facturadas durante 2015.
En mayo de 2016 fueron separados de sus cargos el jefe y el subjefe del D4, José Leiva y Juan Barrios. Previamente, Rafael Grau había renunciado a su cargo al frente de la policía provincial. En septiembre de 2017 el comisario fue detenido por este caso e imputado junto con otros dos policías y cinco civiles, entre ellos un mecánico y el dueño de un lavadero de autos.
Los sospechosos fueron imputados de integrar, con distintos roles, una organización que se beneficiaron con esas maniobras. En 2018 seis de los acusados admitieron su culpabilidad mediante juicios abreviados y además de las penas de prisión fueron sentenciados a pagar multas y reparaciones económicas.
La investigación siguió y en septiembre del año pasado, ya en manos de los fiscales Hernández y Jiménez, fueron imputados Odriozola y el titular del D4, Hugo Miño, quien fuera durante seis meses jefe de la Unidad Regional I del departamento La Capital. Si bien fue imputado, luego resultó sobreseído.
Maniobras
En la audiencia de ayer los fiscales reseñaron las conductas que les atribuyen a Grau y Odriozola como "jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles". Los acusaron de "usar su potestad jerárquica" para "habilitar el ámbito de las maniobras defraudatorias" y haber consentido esos delitos.
Sobre las maniobras los fiscales explicaron que consistían en "facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían, burlando el procedimiento administrativo" correspondiente.
"Ambos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi —condenado como organizador— y con sus miembros; y determinaron el reparto de utilidades conseguidas ilegítimamente".
En cuanto a la mecánica de los delitos, los civiles "emitían las facturas por las falsas reparaciones en los vehículos y por la compra de repuestos que no se adquirían. Las facturas eran presentadas al Habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques. Para poder librar dichas órdenes de pago, el habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística".
"Tanto el habilitado como el Jefe de Logística —agregaron los fiscales— coordinaban esta tarea con Testi quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación. Una vez que talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al Habilitado de la policía, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial".
La maniobra descripta terminaba cuando el habilitado "confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas por las erogaciones efectuadas donde incluía las facturas así emitidas. El trámite terminaba con la conformidad del jefe de policía", señalaron los acusadores, para remarcar que "la máxima autoridad policial luego decidía el reparto del dinero con sus subalternos".
Los fiscales establecieron ese "accionar ilícito" de Odriozola entre enero y agosto de 2015, al tiempo que estimaron el perjuicio económico causado al Estado en 1.058.664,20 pesos. En cuanto a Grau, con prisión preventiva domiciliaria por cuestiones de salud, le achacaron maniobras entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 con un perjuicio para el erario público de 958.385 pesos.
Requerimiento
Además de formular las imputaciones los fiscales pidieron la "inmediata prisión preventiva" de Odriozola quien hasta venía transitando el proceso en libertad. Fundamentaron el pedido, que deberá ser resuelto en estos días por el juez Oliva, en las características de los delitos investigados, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública", señalaron Hernández y Jiménez.
Los fiscales remarcaron que Grau y Odriozola "fueron la máxima autoridad de la policía provincial y eso los obligaba no sólo a hacer cumplir la ley sino también a acatarla". En ese sentido, además de los nueve años de prisión solicitarán que se les imponga inhabilitación especial por diez años para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos a cada uno.
