Dos de los cinco acusados por el homicidio en ocasión de robo del empresario de la ciudad de Santa Fe Hugo César Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en su local ubicado en el interior de la céntrica galería Rivadavia de la capital provincial, fueron condenados ayer en el cierre de un juicio oral y público que había comenzado el pasado 13 de febrero. La sentencia alcanzó a Juan Manuel Ruffino, que recibió la pena de prisión perpetua; y el relacionista público Andrés Kaipl, que fue condenado a 22 años de cárcel.
Otros dos participantes del plan criminal ya habían sido sentenciados durante el año pasado: Agustina González, quien al momento del hecho tenía 17 años, fue condenada a 10 años de cárcel por la Justicia de Menores una vez que cumplió la mayoría de edad; y Brian Damiani, quien actuó como icampanar de la banda, acordó en un proceso abreviado la pena de 12 años de cárcel como partícipe secundario del episodio. En tanto, Bruno Figueroa, considerado el autor material del homicidio se quitó la vida mientras cumplía la prisión preventiva en el penal de Las Flores.
El fallo fue dado a conocer luego de un juicio oral y público que tuvo lugar en tribunales santafesinos y la resolución lleva la firma de los jueces Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Pablo Spekuljak, quienes declararon a Ruffino “partícipe principal” del crimen tras comprobarse en el debate que fue quien trasladó en su auto Toyota Corolla blanco al grupo que asaltó y mató a Oldani y luego los ayudó a escapar hacia una casa de la zona norte de la ciudad; mientras que Kaipl fue declarado “participe secundario”, ya que los jueces entendieron que fue quien escoltó a la banda durante el robo fatal en su Fiat Palio oscuro y realizó las tareas de inteligencia previas al suceso.
Las condenas se ajustaron bastante a lo que habían solicitado los fiscales Gonzalo Iglesias y Estanislao Giavedoni, y los querellantes Agustín Márquez y Ramiro Díaz Duarte, quienes en sus alegatos de clausura del juicio pidieron la prisión perpetua para Ruffino y Kaipl. En tanto, los jueces rechazaron por completo los pedidos de absolución que realizaron las distintas defensas que tuvo el caso y que estuvieron a cargo de los abogados Gustavo Abraham (Kaipl) y el defensor oficial Sebastián Amadeo (por Ruffino). Este último, de hecho, solicitó que se declare la invalidez de las actuaciones del caso.
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Tras conocerse el veredicto, los querellantes se mostraron conformes y destacaron que se cumplieron las expectativas se tenían del juicio. “Estamos satisfechos con el resultado. Creemos que es una pena elevada. Ahora veremos los fundamentos y a partir de eso la posibilidad de apelar si es deseo de la familia ir por la pena de prisión perpetua para Kaipl, que fue lo que solicitamos inicialmente”, sostuvo el abogado a medios de la capital santafesina.
“Aquí se juzgó a dos sujetos de esta banda criminal que le puso fin a la vida del señor Hugo Oldani. Ruffino se encargó de conducir el vehículo que llevó a la banda al lugar del hecho y esperó que se ejecute el plan para luego retirarlos y ponerlos a resguardo en el domicilio de un allegado a él”, detalló el querellante Márquez sobre cómo fue la participación en el caso del principal condenado, quien al momento del hecho se desempeñaba como custodio de seguridad en una empresa de la localidad de Recreo. “Mientras que Andrés Kaipl lo que hizo fue la inteligencia previa al hecho recolectando una serie de datos vitales para la ejecución del mismo. Y luego, cuando se estaba ejecutando el acto criminal se encargó de vigilar la puerta de la galería y luego secundó a la banda en su escape”, agregó.
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Hugo Oldani fue asesinado el 11 de febrero del 2020, entre las 17.45 y las 18, cuando estaba en su local de la céntrica galería Rivadavia de la ciudad de Santa Fe. Según la investigación el homicidio lo cometió Bruno Figueroa mediante un disparo de arma de fuego que nunca fue ser hallada por los pesquisas, quien junto con la entonces menor Agustina González entraron a la agencia Turismo Oldani SRL con el fin de cometer un asalto, según la teoría fiscal mientras que las defensas sostuvieron que nunca se pudo acreditar que fue un robo ya que nunca se estableció qué se llevaron del local.
De acuerdo a la investigación, Figueroa, González y Brian Damiani fueron llevados al lugar por Ruffino en su Toyota Corolla blanco desde el norte de la ciudad hasta la galería ubicada en Rivadavia y Tucumán y escoltados por un Fiat Palio Fire en el cual iba Kaipl con otro hombre no identificado, quienes según la Fiscalía habrían participado de la trama delictiva que comenzó a la mañana con tareas de inteligencia. Esa acusación fue refutada por la defensa del ahora condenado, quien no niega haber estado en el lugar pero sostiene que esa tarde había planificado encontrarse con Damiani para saldar una deuda por un préstamo informal.
Tras el crimen de Oldani, Ruffino y sus tres cómplices volvieron al Toyota Corolla y huyeron hasta una casa de avenida de Circunvalación y Monseñor Rodríguez donde vive un amigo de Ruffino. Minutos después llegó al lugar el Fiat Palio al mando de Keipl que cargó a Figueroa, González y Damiani para llevarlos a otro lugar mientras Ruffino se quedó en el lugar tomando mates con su amigo y le confesó que habían ido al centro a hacer un trabajito que les había salido mal, por lo que le pidió que se fijara en las noticias.
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Ruffino, Figueroa, González y Damiani fueron detenidos en distintos procedimientos entre febrero y abril del 2020. Pero en medio de la investigación la fiscal Cristina Ferraro, que actuó inicialmente en la causa, fue apartada del caso por las irregularidades ocurridas en la custodia de la escena del crimen como fue la desaparición de un millón de dólares y 3 millones de pesos que estaban en el lugar al momento del hecho y que fueron retirados por la hija de la víctima, su esposo y otras personas que están procesadas en una causa que se desprendió de la original.
Ese expediente es tramitado en la Justicia federal bajo la carátula de “intermediación financiera no autorizada”, ya que se descubrió que en la agencia de turismo funcionaba una cueva en la que se realizaba compraventa de divisas y otras operaciones en negro, por lo que 10 personas irán a juicio.
