"¿Si me lama la atención lo que pasó? Para nada. Los que atacaron mi casa son adictos a los que, las personas que yo denuncié, les pagaron con droga para atacarme. Esto ya no tiene límites". Una vez más Adriana Abaca, una vecina del barrio Cametsa que desde enero de 2012 denuncia al menos tres bocas de expendio de drogas en su zona, fue víctima de un violento ataque en su casa de la zona oeste. Tres de los hijos de la mujer fueron brutalmente golpeados el lunes a la tarde cuando una turba de "entre 25 y 30 personas", según describió ayer Abaca, atacaron su residencia. Uno de los muchachos sufrió la fractura de su brazo izquierdo y otro una lesión en una mano. Todo eso a pesar de que un móvil policial le brinda custodia, aunque hace dos semanas fue parcialmente incendiado.
Abaca, ex policía rosarina que presentó al menos una decena de denuncias ante la Justicia provincial y Federal desde enero de 2012 contra las personas que ella asegura atacaron el lunes a su familia, se presentó ayer en la Fiscalía Federal y fue recibida por el representante del Ministerio Público Mario Gambacorta. La mujer fue acompañada por el diputado provincial Eduardo Toniolli (Frente para la Victoria), quien manifestó su preocupación por lo sucedido y planteó la necesidad de que en la Legislatura se trate la ley de protección de testigos.
Una larga historia. Barrio Cametsa, donde Adriana y su familia viven desde hace 16 años, es un complejo de viviendas en inmediaciones de Colombres y Uriarte, jurisdicción de la comisaría 32ª. En enero de 2012 la mujer denunció la presencia de un grupo de narcos que habían llegado a su barrio provenientes de la villa La Granada, bastión histórico de la banda de Los Monos, para instalar varios quioscos de venta de estupefacientes. Desde entonces sufrió reiteradas amenazas y hasta ataques directos contra su propiedad, como el que le tocó padecer en agosto de 2012. O en noviembre de 2013, cuando acribillaron a balazos el frente de su casa.
En ese marco, hace dos semanas intentaron incendiar el patrullero que está frente a su vivienda como custodia asignada por la Justicia. En ese momento no había ningún agente policial en el interior del vehículo, recordó la mujer. Sin embargo, algunos de los ataques se produjeron con la presencia de los mismos policías, custodia que fue pedida por el fiscal federal Juan Patricio Murray tras una denuncia de intento de violación de su domicilio, cuando le rompieron todos los vidrios de las ventanas e intentaron ingresar a la vivienda para usurparla.
El último capítulo de la historia ocurrió el lunes, aproximadamente a las 18. Adriana y su esposo, un comisario retirado, llegaban a su vivienda en su auto. "Lo que nos llamó la atención es que al teléfono fijo de mi casa entró una llamada, que atendió uno de mis hijos, haciendo una consulta tonta poco antes de que llegáramos. Es como que no estaban midiendo para saber si estábamos o no", explicó Abaca.
Cuando la pareja estaba a punto de ingresar a su casa se les acercó una mujer que comenzó a insultarla. "Se acercó una señora y me empezó a gritar y a decirme cosas. Y detrás de ella aparecieron unas 20 o 30 personas que empezaron a tirar piedras y golpes contra nosotros y contra mi casa", relató la mujer. Incluso, el móvil policial en el que había dos efectivos también fue blanco de los ataques.
"Mi hijo mayor, que estaba adentro de casa, salió para tratar de proteger a sus hermanitos y a él también le pegaron y le quebraron un brazo", agregó Abaca minutos antes de ingresar a la Fiscalía Federal. El joven, de 27 años, terminó en el Hospital de Emergencias con su brazo izquierdo fracturado. También fueron asistidos otros dos hijos de Abaca, de 24 y 17 años. "Fue una batalla campal en la que no me mataron un hijo porque Dios no quiso", explicó.
"Esto nos viene pasando desde que denuncié a los narcos hace dos años (en enero de 2012) y a estos pibes (por los agresores) les están pagando con droga para que nos ataquen. Estos son adictos a los que les pagan con droga para que vengan a cascotearme la casa", apuntó la mujer visiblemente indignada. "Todo en el barrio se pone más difícil día a día. Ahora ya no venden en puntos fijos, sino que hacen delivery de venta de drogas. Todas las personas que denuncié están libres. Lo más angustiante es que esta gente ha ganado territorio por la fuerza. Y no me lo ganaron a mí. Se lo ganaron al Estado", explicó Adriana Abaca.
