La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario estableció un precedente para unificar en una sola investigación las acciones que conectan a actores que se mueven en distintas provincias pero en una misma trama de narcotráfico. El tribunal de alzada consideró que no deben duplicarse expedientes para avanzar sobre una organización delictiva si los vendedores de estupefacientes están en una ciudad y sus abastecedores en otra, en los casos en que el fiscal tiene elementos objetivos que le indican la existencia del vínculo y solicita por ello a un juez la persecución conjunta.
Esta resolución se suma a otra conocida la semana pasada con la que los camaristas federales apuntan a una mayor celeridad y lógica de las investigaciones. La anterior fue un dictamen en el que, también por primera vez, se habilitó a que se investiguen de manera conjunta en la esfera federal delitos ordinarios como homicidios, amenazas o lesiones —que son mayoritariamente de competencia de los tribunales provinciales— cuando estos ilícitos están asociados o se explican por tener relación con el narcotráfico.
El fallo que habilita a avanzar a los fiscales federales sobre causas que tienen a sus actores en otras jurisdicciones lleva la firma del camarista Fernando Barbará. Esto se originó cuando un fiscal federal de Rosario detectó que un grupo de vendedores de drogas de Rosario tenía como principal proveedor a un comercializador que tenía arraigo en la zona de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, por lo que solicitaron autorización al juez federal, además de otras medidas, para continuar allí su investigación. Pero el magistrado a cargo, Marcelo Bailaque, declaró su incompetencia territorial para avanzar con el caso, y remitió copia digitalizada del expediente para que sus colegas de aquella ciudad chaqueña tomaran el relevo en la causa.
Esta decisión de Bailaque motivó la protesta del fiscal actuante y del jefe de la Procuración Contra el Narcotráfico (Procunar) Diego Iglesias. Estos apelaron la medida afirmando que el magistrado local separaba sin razón la investigación y afectaba el buen funcionamiento de la Justicia Federal en lo que concierne a hechos de narcotráfico. Aportaron datos de que el proveedor Sixto Daniel P., apodado "Chaqueño", realizaba actividades de narcotráfico conjuntas tanto en la provincia norteña como en Rosario. Adujeron que había sido ubicado en el barrio Empalme Graneros. Y que por las constancias reunidas el sospechoso no era solo un proveedor de drogas "sino también empleador, financista y organizador de las personas a cargo de determinados puntos de venta que se encuentran asentados en Rosario".
Al examinarlo, la Cámara Federal se adentró en la historia del caso que se conoció en la Policía Federal de Rosario durante 2017. Lo que se supo es que una persona apodada "Chaqueño" distribuía marihuana y cocaína a quioscos de Empalme Graneros desde donde le solicitaban esas sustancias. Los fiscales determinaron con escuchas que los contactos provenían de antenas ubicadas en la provincia de Chaco y que una persona desde allí ordenaba a otra en Rosario que atacara con disparos a una vivienda particular, lo que motivó un intercambio de líneas telefónicas de Rosario. Las diligencias posteriores dejaron saber que Daniel Sixto P. lideraba una empresa criminal con colaboración de familiares cercanos y presuntamente bajo connivencia policial en Rosario.
Nuevos avances hilaron más fino: supieron que Daniel Sixto P. vivía tanto en la localidad de Hermoso Campo, en Chaco, como en Empalme Graneros cuando se establecía en Rosario. Esto último fue acompañado no solo con escuchas sino con fotografías que personal policial le tomó en ese barrio del noreste de la ciudad. Incluso en una ocasión en la que el apuntado resultó detenido dio como domicilio la calle Campbell en Rosario.
No desmembrar
Ante este cúmulo de informaciones el camarista Barbará concluyó que "el desmembramiento de la investigación ordenado por el juez no permitiría conocer en profundida el alcance de la organización criminal que se haya bajo sospecha, a la vez que impediría el avance de la instrucción hacia escalones más jerárquicos de la banda, que es el objetivo primordial para el esclarecimiento completo de estas conductas delictuales".
El camarista subraya que el juez cuenta con herramientas para pedir a sus pares de Chaco (o de otras provincias en casos similares) realizar actos procesales que sean necesarios o urgentes para la investigación con la única condición de notificar al juez con esa competencia dentro de un plazo breve sobre dónde se practicarán las medidas requeridas. Por esa causa le encomendó al juez federal Bailaque que siga adelante con la investigación.
En la Cámara Federal tiende a imponerse la idea de que cuando surge una línea de investigación sobre un vendedor local con un proveedor de otra provincia, es competencia del juez federal local investigar también a ese abastecedor ubicado en lo que se conoce como extraña jurisdicción, por razones de economía y celeridad procesal. Vale decir que no es aconsejable seccionar las investigaciones. Entienden que el delito de narcotráfico es federal porque es interprovincial lo que implica que si se investigó una red de vendedores en una ciudad también puedo avanzar sobre sus abastecedores en otra.
Antecedente
La semana pasada la Cámara Federal también tomó una medida para incentivar la economía procesal y la rapidez. Fue cuando ordenó que un fiscal federal investigara el homicidio de Luis Mariano Peralta ocurrido en 2015 Frontera, Santa Fe, que tenía un fiscal provincial. Esto porque el móvil tenía fuerte ligazón con una banda narco que ya investigaba el fiscal federal, la de Héctor Gallardo, preso en una causa federal de Córdoba.
