Mónica Romero, sus hijos Gastón y "Lichy", y Horacio "Puchini" o "Papu" T. seguirán presos hasta que se desarrolle un juicio oral y público o en su defecto acuerden una condena en proceso abreviado. Así lo dispuso ayer el juez Hernán Postma tras resolver una audiencia de "revisión de medida cautelar" planteada por los abogados Ignacio Carbone y Renzo Biga. La pretensión de los letrados era que el magistrado emplazara a las fiscales Cecilia Brindisi y Valeria Haurigot para que en diez días definieran "si acusarían o no" a sus clientes. Los cuatro imputados, sindicados como integrantes de la banda de "Lichy" Romero, fueron acusados en julio del año pasado como integrantes de una asociación ilícita organizada para realizar una pluralidad de delitos. Entre ellos los robos a la distribuidora de galletitas Tyna, perpetrado el 27 de marzo de 2017 y el cometido en Electricidad Centro, el 2 de mayo del mimos año.
Esposados y apoyados por familiares en las gradas, los integrantes de la banda de "Lichy" se sentaron para escuchar cómo sus abogados desarrollaban su estrategia para acortar plazos procesales y lograr que las fiscales expresaran si acusarían o no al cuarteto que está en prisión preventiva desde el 7 de julio del año pasado.
El abogado defensor Ignacio Carbone desarrolló su estrategia con el fin de tratar de que las fiscales del caso mostraran sus cartas acusatorias en el término de diez días. Para reforzar su pedido remarcó que sus clientes estuvieron privados de la libertad los últimos ocho meses y diez días; y que las fiscales no habían generado nuevas pruebas.
Ante ello solicitó que el juez autorizara la prisión domiciliaria de los acusados, ofreció el pago de una fianza y que los detenidos utilicen tobilleras electrónicas. Entonces realizaron una propuesta que irritó a las fiscales: los domicilios ofrecidos para el arresto eran los mismos allanados en el operativo que los puso tras las rejas. Tras ello fue por un "plan B" y pidió al juez que en caso de no acceder a la morigeración emplace a las fiscales para que acusaran en diez días.
Pericia en espera
La fiscal Haurigot recogió el guante e hizo una "rendición de cuentas" de lo actuado. Explicó que en el caso del robo a Tyna, donde se llevaron alrededor de un millón de pesos, se había solicitado la realización de una pericia sobre las huellas de la palma de una mano que quedó estampada en un vehículo y que la misma no se realiza en la ciudad sino en La Plata. Defendió el trabajo que realiza junto a Brindisi en una "investigación compleja, con multiplicidad de delitos y que desarrollarla con criterio llevará los dos años de prisión preventiva".
Asimismo, indicó que no descartan que en el desarrollo de un juicio oral se convoque a "operadores territoriales que trabajan en el barrio para que le cuenten al tribunal el liderazgo delictivo que llevan adelante los acusados". La fiscal indicó que la única acusación en la que se está estudiando desistir es respecto al lavado de activos.
Condenas previas
Para fortalecer su estrategia la acusación recordó que los tres hombres tienen condenas con sentencias firmes y que Mónica Romero sumó estando en prisión una nueva denuncia por amenazas sobre la hija de otra interna de la alcaidía de mujeres, donde está alojada. Además, la fiscal recordó el procesamiento dictado contra esta mujer por la ex jueza del sistema conclusional Delia Paleari por el homicidio de Miguel Angel Funes, ocurrido el 3 de diciembre de 2007.
Finalmente, el juez Postma dijo que "no se encuentran elementos para modificar lo ya analizado en la audiencia del 7 de julio y no están dadas las garantías para que los detenidos obtengan una morigeración de prisión". Y remarcó: "El magistrado no tiene potestad para ponerle plazos a las partes. No podría exigirle a la Fiscalía que acuse en un plazo determinado de tiempo; como tampoco podría pedirle a la defensa que responda en un tiempo que no sea acorde a su estrategia defensiva". Y resolvió darle la derecha a la Fiscalía y que los cuatro detenidos continúen bajo la prisión preventiva dispuesta en julio último.
Robo de una distribuidora
La fiscal Valeria Haurigot adelantó que hoy "vamos a presentar la acusación contra el imputado Fernández en la carpeta por el robo a Tyna". El hombre en cuestión es Pablo César Fernández, sindicado como conductor de la ambulancia en la que huyó la banda tras robar alrededor de un millón de pesos de la distribuidora de galletitas Tyna el 27 de marzo pasado. Lo acusarán como participe primario de robo calificado por uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haber sido cometido en banda.
