Llaman a indagatoria a juez federal de Santa Fe por un presunto fraude

El juez federal de Santa Fe Francisco Miño citó a indagatoria a su par de la capital provincial Reinaldo Rodríguez en el marco de una investigación por fraude en perjuicio de la administración publica y dictar resoluciones contrarias a la ley, todo ello por avalar una maniobra con títulos públicos que llevaron adelante un financista y su abogado.

El inédito pedido de indagatoria que movilizó la estructura de la Justicia Federal provincial tiene su anclaje en el pasado mes de octubre cuando el Tribunal Oral de Santa Fe ordenó "profundizar la investigación" en la causa que condenó al inversionista Miguel Dubarry y a su abogado, Carlos Clerc, a 2 años y 10 meses de cárcel en suspenso por "defraudación" al Estado, en una maniobra con títulos públicos en default, comprados después de la crisis de 2001 y cobrados a valor nominal por un monto de casi 700 mil pesos, en marzo de 2005.

Esa sentencia, según reportó entonces el diario Página/12, puso bajo la lupa al juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, quien ordenó el pago a Dubarry en octubre de 2004 y zafó de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura en 2007 con un mero apercibimiento. Pero tras ello el juicio destapó un cruce de llamadas telefónicas con Clerc, dos de ellas a un departamento ubicado en el macrocentro de la capital provincial, que el fiscal Martín Suárez Faisal descubrió que era alquilado por el magistrado.

La maniobra

El juicio a Dubarry y Clerc tuvo su sentencia el 11 de octubre de 2017 y en los fundamentos del fallo los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, definieron el delito como "un plan para obtener el pago de bonos" en default. "Dubarry y su abogado presentaron el amparo el 29 de setiembre de 2004. Antes del mes, el 22 de octubre, el juez Rodríguez dictó una medida cautelar, y el 25 de noviembre intimó al Estado a cumplir esa medida. El pago se efectivizó el 4 de abril de 2005 por 649.023 pesos, en dos cheques", refirió el periodista santafesino Héctor Tizziani. "Hasta ahora, el Estado no ha logrado recuperar esos fondos", agregó entonces la sentencia.

En el debate oral, el fiscal Suárez Faisal probó que Dubarry compró los títulos en default entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2003, después de la crisis de 2001 y cuando ya se cotizaban a "un 20 o 30 por ciento" de su precio. Lo que era una "maniobra especulativa" —dijo el Tribunal—, se convirtió después en "un plan para cobrarlos a su valor nominal". Y para eso, Clerc "aportó su conocimiento y la estrategia jurídica".

El papel del magistrado

Según el fallo, "el primer paso fue incorporar" al amparo judicial al suegro de Dubarry, Fernando Burgnard, "cuya avanzada edad y fragil salud permitían ingresar el reclamo dentro de las excepciones previstas" en las normas estatales del momento. Y el segundo, fraguar "un cambio de domicilio" en el DNI de Burgnard (que resultó ser un baldío de Rafaela) que les permitía "interponer la acción" ante el juez Rodríguez.

El Tribunal mencionó como un "indicio del ardid" la forma en que se judicializó el DNI trucho de Burgnard. "Es aquí donde adquiere relevancia la relación" entre Clerc y el juez, según el testimonio de dos funcionarias del Juzgado que declararon en el juicio.

Y en ese contexto, valoró el cruce de llamadas telefónicas "desde el domicilio de Clerc al domicilio del juez Rodríguez, en Santa Fe", que no era otro que el departamento del macrocentro santafesino alquilado entre 2002 y 2005. Una de las llamadas fue el 4 de agosto de 2004 y la otra el 25 de noviembre del mismo año.

"Se concibe así la maniobra ardidosa desde la relación entre Clerc y el juez Rodríguez. No existe otra situación personal, familiar, profesional, cultural o histórica que relacione a los imputados con la ciudad o su zona de influencia. Tal es así que Clerc constituyó domicilio procesal en el Colegio de Abogados de Santa Fe", sin firmar ningún convenio.

"Estos indicios, coincidentes y concordantes, evidencian el conocimiento que tenía Clerc del criterio del magistrado respecto de la competencia territorial y por ello necesitó acreditar el domicilio real del amparista" en Rafaela y "así interponer la acción en su juzgado".

En ese marco entre Clerc y el juez hubo numerosas comunicaciones telefónicas antes y durante la tramitación del amparo. Y "ese trato preferencial que el juez les daba a Clerc y a otros abogados motivó un pronunciamiento del Consejo de la Magistratura que le aplicó un apercibimiento" en 2007.

Por ello el Tribunal ordenó en su fallo "remitir a la Fiscalía Federal en turno" las pruebas valoradas en el juicio a Dubarry y Clerc, entre ellas "los registros de las comunicaciones telefónicas" y el "soporte digital del debate" para que "se profundice la investigación ante la presunta intervención de otras personas" en los hechos, entre ellos el juez Reinaldo Rodríguez que ahora fue citado a indagatoria por su par Francisco Miño.