Atrapado en la casa de un cliente que llegó a esposarlo a un calefón, Ariel llamó a su socio. Le dijo que necesitaba 35 mil dólares y que no podía moverse de ese lugar. Por lo bajo, alcanzó a susurrar: "Me está apuntando con un arma". Alarmado, el socio llamó a la policía y así fue como el viernes pasado un hombre terminó preso por mantener cuatro horas secuestrado en su casa a un empresario de la construcción a quien le exigía dinero por una obra inconclusa. Este lunes el detenido fue sometido a una audiencia penal en la cual una fiscal pidió que sea imputado como autor de un secuestro extorsivo y por la tenencia ilegal de armas. Pero a pedido de la defensa, una jueza ordenó que antes sea entrevistado por un psiquiatra para determinar si puede enfrentar un proceso penal, si comprende sus actos o si padece alguna afección de salud mental.
Germán B. P., de 44 años, fue detenido el viernes tras un operativo cerrojo que montó la policía alrededor de un departamento de 3 de Febrero al 1500. Allí el empresario Ariel C. estuvo retenido entre las 10.30 y las 14.35 de ese día, por momentos esposado a un calefón, hasta que su socio se acercó a entregar una bolsa con 33.500 dólares y fue liberado. Luego la policía esperó a que el dueño de casa saliera del edificio, lo detuvo y recuperó el dinero.
Entonces tomó estado público este caso que no se enmarca dentro de los hechos corrientes de la criminalidad en Rosario, sino que más bien parece una derivación inusitada de un conflicto interpersonal. En la casa del acusado la policía incautó una pistola Taurus 9 milímetros con cargador y 15 cartuchos, un revólver 32 largo sin numeración, una escopeta de dos caños sin marca —todas las armas en condiciones de uso—, cajas con cien cartuchos de balas, una máquina de contar billetes y quince frascos con marihuana que le valió, además, la apertura de una causa en el Juzgado Federal Nº 2.
En una audiencia que comenzó este lunes a la mañana en el Centro de Justicia Penal la fiscal Viviana O’ Connell pidió que el detenido sea imputado como autor de un secuestro extorsivo y por la tenencia ilegal de armas de uso civil y un arma de guerra. El trámite se interrumpió a la espera del examen psiquiátrico que solicitaron los defensores particulares Malena Corvalán y Bruno Guastella.
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Los abogados requirieron “con urgencia” un examen psicológico y psiquiátrico. Señalaron que su cliente padece una inestabilidad psíquica y ofrecieron los testimonios de dos familiares presentes en la sala. Dijeron que el hombre se niega a recibir tratamiento y que ha manifestado intenciones de quitarse la vida, por lo que podría ser riesgoso para sí o para terceros.
Ante este planteo, la jueza Valeria Pedrana ordenó que un psiquiatra forense examine al acusado e informe si está en condiciones de afrontar el proceso penal, si comprende la criminalidad de sus actos, si necesita tratamiento, si es peligroso para sí o para terceros y si existe un criterio de internación. Con el informe en mano se evaluará cómo continúa el trámite judicial. Por lo pronto se fijó fecha para que la audiencia continúe la mañana del martes.
Siete meses en obra
De acuerdo con la evidencia que expuso la fiscal, el empresario Ariel C. estuvo secuestrado durante cuatro horas en las que vivió momentos de suma tensión. Según explicó, el vínculo con su captor había comenzado en octubre del año pasado cuando B. P. firmó un contrato con una empresa constructora para la demolición de una casa y la construcción de una nueva en un terreno de su propiedad. La obra se pactó por 70 mil dólares de los que el interesado pagó un adelanto de 30 mil.
Una vez liberado, el empresario contó que durante los siete meses de trabajo el cliente había hostigado al personal. Dijo que amenazaba a la gente con una katana (una espada de artes marciales orientales), presentaba constantes quejas, alardeaba de ser especialista en artes marciales, solicitaba cambios a última hora y luego se enojaba por las demoras. Por estas dificultades en el trato, dijo, dos de los arquitectos asignados al trabajo renunciaron.
El pasado viernes 12 Germán citó al constructor a su casa de 3 de Febrero entre Presidente Roca y Paraguay para que le explicara a su pareja algunos detalles de la obra. Le pidió que estacionara a la vuelta y que subiera a su departamento, donde lo esperaba con café y facturas. Al empresario no le extrañó que su cliente cerrara con llave la puerta de calle y la del departamento del segundo piso, pero apenas ingresó se encontró con una pistola, unas esposas como las que usa la policía y una larga soga enrollada blanca y negra.
Enseguida, según contó, B.P. exigió que le devolvieran los 30 mil dólares del anticipo más 5 mil que reclamaba como resarcimiento. El empresario intentó calmarlo y le dijo que no contaba con ese dinero, pero el hombre lo apuntó con el arma al cuello mientras usaba el celular con la otra mano.
“Si no aparece la plata te corto en pedacitos y te tiro al río”, advirtió. Entre amenazas a su familia y la del socio, según la víctima, el agresor retiró las balas del arma, limpió el tambor y le exigió que tocara ese material para se impregnaran sus huellas. Dijo que iba a denunciarlo por amenazas si llegaba la policía.
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Durante buena parte de la estadía C. estuvo sentado en un sillón. Su captor le permitió que usara el teléfono para conseguir el dinero. “Necesito 35 mil dólares, no me puedo mover”, le dijo Ariel a su socio, quien le escuchó susurrar “me está apuntando con un arma”. Mientras, la voz de Gastón resonaba detrás diciendo “si llama a la policía se pudre todo”. Mientras continuaron las negociaciones el empresario estuvo todo el tiempo vigilado y su cliente lo acompañó hasta al baño. Luego lo esposó al calefón.
El socio, mientras tanto, llamó a la policía, reunió al dinero y fue hasta el lugar con una bolsa negra con los dólares previamente fotografiados por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, que rodeó la zona. Puertas adentro, el dueño de casa le decía a la víctima que un contacto afuera que le había alertado de la presencia policial. “Acá se pudrió todo. Tu socio llamó a la policía. Ustedes están jugando conmigo. Los mato a los dos, total después me mato yo”, dijo.
Al rato bajó a buscar la bolsa que le entregó en mano el socio de la víctima. Regresó al departamento y contó el dinero con una máquina de contar billetes. Luego soltó a C. del calefón y lo obligó a firmar unos papeles en blanco. Bajo la advertencia de “esta es tu sentencia de muerte” lo dejó salir. Los policías se quedaron apostados en la zona y esperaron a que el hombre saliera del edificio para detenerlo. Cuando revisaban su casa les dijo dónde había guardado el dinero, que se encontró junto a un pistolón bajo una bacha de la terraza.
Tras exponer los hechos con ese relato, la fiscal realizó un planteo de incompetencia. Considera que debe intervenir en el caso la Justicia federal por tratarse de un delito de secuestro, que generalmente se juzga bajo esa órbita. Sin embargo la jueza entendió que en este caso no se advierte la actuación de una organización de secuestradores ni que se haya visto afectado un interés nacional, por lo que mantuvo la competencia del caso dentro del ámbito provincial.
