La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda de calle 9 de Julio al 4400, en el contexto de una investigación por amenazas reiteradas con armas de fuego y tenencia ilegal.
Las armas incautadas son una carabina calibre 22, un revólver calibre 22 corto, una pistola calibre 22 largo, 92 municiones y dos celulares
El tipo de armas que suelen secuestrarse en los operativos de la PDI.
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda de calle 9 de Julio al 4400, en el contexto de una investigación por amenazas reiteradas con armas de fuego y tenencia ilegal.
La medida se dispuso tras una denuncia de autoridades de un club social y deportivo, por un conflicto que escaló desde reclamos por ruidos molestos hasta intimidaciones directas. El procedimiento permitió secuestrar armamento, municiones y celulares, y el traslado de un hombre para su identificación y formación de causa.
La investigación se inició el pasado 16 de diciembre, a partir de actuaciones remitidas por la Comisaría 7ª. El objetivo fue constatar la posible existencia de armas y prevenir una escalada violenta del conflicto vecinal denunciado. El conflicto se originó por reclamos reiterados de ruidos molestos vinculados a la actividad de un club de la zona. Con el tiempo, según la denuncia, la situación derivó en amenazas explícitas, lo que motivó la intervención policial y judicial.
El allanamiento se ejecutó con la colaboración del Grupo Táctico de la Unidad Regional II y durante la requisa, los investigadores secuestraron una carabina calibre 22, un revólver calibre 22 corto, una pistola calibre 22 largo, 92 municiones calibre 22 y dos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su peritaje. La causa tramita en la Unidad Fiscal de Salidas Alternativas, a cargo del fiscal Marcelo Vitola, quien intervino desde el inicio para coordinar las medidas.
En el hecho se detuvo a un hombre de 44 años, a quien le formaron una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Al no registrar antecedentes penales, recuperó la libertad y quedó a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las diligencias para definir los próximos pasos.
La medida fue solicitada por un juez federal en el marco de una causa originada en 2020 en el fuero provincial que también involucró al sindicalista Carlos Vergara
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