El puesto de venta de drogas se encontraba en la zona norte y fue dado de baja tras una investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación
Foto: Maxi Klanjscek
Una casa familiar de zona norte fue convertida por uno de sus integrantes en un búnker.
Los trabajos para desactivar un búnker este jueves por la mañana, el número 53 en Rosario desde que se sancionó la ley de microtráfico en la provincia, conllevaron una historia muy particular en torno al sitio donde se había levantado un puesto de venta de drogas. Se trata de un domicilio tradicional de la zona norte que vio cómo uno de sus integrantes se vinculó con narcotraficantes y expulsó a su propia familia de la vivienda.
Las actuaciones, que fueron supervisadas por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se desarrollaron en una vivienda de Bello al 4000. Allí vivía una familia tradicional del barrio, pero todo se convirtió en un calvario cuando uno de los integrantes comenzó a tener vínculos con el narcotráfico.
"Un integrante de la familia termina involucrado en la venta de estupefacientes y expulsa a su propia familia de la casa, convirtiendo el lugar en un puesto de venta (de drogas), de gran peligrosidad para el barrio", sintetizó la historia el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereyra, en diálogo con LT8.
La casa se encuentra en una zona conflictiva, en la que los vecinos reportaron balaceras a diario y en cualquier momento del día. En un radio de 200 metros, ya se habían desactivado otros dos búnkeres el año pasado.
Sin embargo, la historia de esta vivienda en particular es dramática: un integrante joven de la familia comenzó a tener vínculos con narcos y se metió a tal punto que expulsó a su propia familia para convertir la casa tradicional en un aguantadero y puesto de venta de drogas.
La vivienda perdió por completo la calidez que tenía cuando albergaba a la familia. El interior está totalmente destrozado y el gran patio, con pileta incluida, quedó totalmente dejado.
En diálogo con LT8, el fiscal Diego Giro señaló que se trata del búnker número 53 que es desactivado en la ciudad desde la sanción, a finales de 2023, de la ley provincial de microtráfico. La normativa permite llevar a cabo este tipo de intervenciones para inactivar tanto puestos de venta de drogas como inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.
Respecto a la vivienda en cuestión, Giro remarcó que no era usurpada sino que uno de los familiares que habitaba el espacio había tomado la casa para convertirla en un puesto de venta de estupefacientes.
Al momento de los allanamientos, encontraron a las personas que estaban investigando y secuestraron tanto material estupefaciente fraccionado como para fraccionar. Estas actuaciones finalizaron con cuatro detenidos que quedaron en prisión preventiva hasta marzo del año que viene.
"Se ha tenido en cuenta la posibilidad de no afectar derechos de los titulares del domicilio. Hay gente que puede llegar a reclamarlo, que son los familiares que vivieron históricamente aquí", explico el fiscal.
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Desde la sanción de la normativa mencionada, se inactivaron 53 búnkeres en Rosario y 86 en toda la provincia, incluyendo cuatro intervenciones este miércoles en la localidad de Frontera.
A través de la ley de microtráfico, los dispositivos se desarrollan desde principios de 2024 y los coordinan el gobierno provinicial, el MPA, la Justicia provincial y la Policía provincial. También cuentan con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
Se trata de Daniel Acosta, quien encabezaba la Unidad Regional II, Diego Santamaría, extitular del Comando Radioeléctrico, y Héctor Saucedo, extitular de la Brigada Motorizada
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