Una magnífica propiedad en Pueblo Esther está bajo la lupa de los encargados de investigar el capítulo económico de los grupos criminales de Rosario entre los que se encuentra la Banda de Los Monos. Se trata de una vivienda atribuida al comisario inspector Gustavo Pereyra, un policía que está preso desde hace diez días, acusado de pasar información a integrantes de estas redes para procurarles impunidad. Los responsables de la pesquisa sospechan que los ingresos lícitos del oficial detenido son insuficientes para haber levantado en los últimos dos años una casa de dos plantas frente al río, con pileta y solarium y de gran calidad en construcción y equipamiento interior.
La documentación que detalla las etapas de construcción de la vivienda, los presupuestos donde constan los materiales a utilizar y los artículos de confort con los que fue dotada se hallaron en el allanamiento a la casa de Pereyra en Esmeralda al 3100. Allí se encontraron ese día cinco sobres que contenían un total de 100 mil pesos. Su defensa alega que los padres fueron dueños de la propiedad del restaurant Wembley y que eso le asegura el cobro de un alquiler mensual de 15 mil pesos. El equipo de investigación económica advierte que los ingresos regulares de este comisario, aún sumando esa entrada a probarse y su salario en la fuerza policial, no alcanzarían para sustentar tal inversión.
La llamativa vivienda está ubicada en la calle Facundo Quiroga, que en esa zona de Pueblo Esther es la primera que corre paralela a la costa. Su edificación empezó en septiembre de 2010 con un proyecto aprobado para la ejecución del hormigón armado y la losa de la casa de una superficie aproximada de 460 metros cuadrados a cargo del arquitecto J. R. Ese presupuesto, que incluye una pileta de 80 metros cuadrados, es de 281 mil pesos.
A todo trapo. En febrero de 2011 se le elevó a Pereyra un presupuesto por 324 mil pesos para trabajos de tendido de cañerías, electricidad y plomería. En la tercera etapa, en marzo de ese año, se ofrecieron labores de albañilería de muros, cañerías de riesgo, montaje de tubería variada por 142 mil pesos. La cuarta etapa incluyó provisión de materiales, equipos de obra para la impermeabilización de todas las terrazas, solarium y equipo de riego automático por computadora por 166 mil pesos.
El ritmo acelerado de la obra da la pauta de que todo lo pautado se fue pagando. El 26 de octubre de 2011 se presupuestaron los pisos cerámicos del hidromasaje y la parrilla del quincho por 151 mil pesos. El 7 de diciembre de ese año se pasaron 98 mil pesos para la ejecución de la pileta con cascada y la mesa del quincho. Veinte días después, ya en la séptima etapa de la construcción, se propuso el pago de 113 mil pesos para pinturas interiores, sanitarios y pisos. Hasta allí la inversión afrontada supera holgadamente la cifra de 1.300.000 pesos en un lapso de 15 meses.
La documentación incautada expone el detalle de lo presupuestado y la forma en que el cliente fue cancelando los trabajos a medida que se iban ejecutando.
La acusación. La pesquisa que comanda el juez de Instrucción Nº4, Juan Carlos Vienna, se orienta hacia el acopio de evidencia económica para probar el accionar de la asociación ilícita que investiga, a cuyos integrantes les imputa consumar homicidios por encargo, acopiar armas, cometer lesiones graves y traficar influencias, entre otros delitos. La idea que sustenta la pesquisa es que todos estos grupos cometen estos delitos en el marco de conflictos por la comercialización de drogas.
El comisario inspector Pereyra, alias "Gula Gula", está imputado por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. Era el jefe de la brigada operativa de la Secretaría de Delitos Complejos que encabeza Ana Viglione. Pereyra aparece nombrado en profusas escuchas telefónicas en contacto con miembros de la familia Cantero, que conforma la banda de Los Monos, según fuentes de la causa. Se le imputa facilitar información de policías que investigan a estos grupos.
Fuentes de la causa señalaron que uno de los motivos por los cuales Pereyra está detenido es porque se sospecha que este emprendimiento fue afrontado con dinero recibido de los grupos criminales por su colaboración a fin de asegurarles impunidad.
Propiedades con valor acusatorio
El equipo integrado por tres abogados y un perito contable de la Corte Suprema seguirán los bienes incautados a la asociación ilícita con la intención de consolidar acusaciones por delitos contra la ley penal tributaria en los casos que no puedan probarse su obtención por medios legales. Por eso propiedades como la de Pueblo Esther o la finca atribuida a la familia Cantero en Pérez suponen evidencia de valor en la pesquisa.
