La fiscal Melisa Serena es funcionaria judicial desde 2015 y a principio de este mes fue imputada en un legajo que se abrió como un desprendimiento investigativo en la megacausa por juego clandestino que tiene bajo la lupa el accionar del empresario rosarino Leonardo Peiti y que implicó la destitución y encarcelamiento del ex fiscal regional Patricio Serjal y el adjunto Gustavo Ponce Asahad. A Serena la acusaron por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución penal”, en un desprendimiento de la causa principal, por lo tanto no es una imputación por participar en la asociación ilícita supuestamente creada para explotar casas de juego ilegal. “La imputación no configura un delito. Me cansé de leer y escuchar datos que no son ciertos o están manipulados, nunca estuve imputada de asociación ilícita ni favorecer el juego clandestino, solo hubo un audio con Nelson Ugolini (funcionario judicial imputado en la causa del juego ilegal) en los que no toco ese tema”, sostuvo.
La causa es investigada por los fiscales Luis Schiappa Piettra y Matías Edery, responsables de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, quienes tras poner sus ojos en la red de juego clandestino que supuestamente conducía Leonardo Peiti, obtuvieron de éste declaraciones que les permitieron llegar a la detención de Serjal y Ponce Asahad por cobrar alrededor de 5 mil dólares mensuales de coimas para proteger el accionar de la asociación ilícita, avisarle de las investigaciones en su contra e impedir el avance de las causas contra él, hechos de los que también participaba el empleado judicial Nelson Ugolini y algunos policías en actividad y retirados.
En ese sentido, la fiscal Serena fue investigada por una serie de diálogos que mantuvo con Ugolini en los cuales se hace referencia indirectamente al juego ilegal y los puertos secos que habría en el departamento San Lorenzo, donde la funcionaria cumple sus funciones. Esas conversaciones ocurrieron el 6 de febrero de 2020 cuando Serena mantuvo una conversación a través de mensajes de WhatsApp y Telegram con Ugolini. "En esa conversación sólo se menciona el tema como generalidad, nada más", dijo Serena.
Schiappa Piettra y Edery destacaron que esas conversaciones se extrajeron del teléfono de Ugolini y que con tales indicios se determinó que la fiscal Serena sabía de la existencia de las investigaciones sobre esos hechos delictivos y no lo puso en conocimiento a los fiscales de la Agencia contra la Criminalidad Organizada de Rosario. También la acusaron por impedir el inicio de una investigación por esas actividades ilícitas. Fue cuando la última semana de diciembre de 2020 allanaron el despacho de la fiscal y se llevaron carpetas de causas en las que trabajaba y le secuestraron el celular.
Para la fiscal el tema es claro y en diálogo con asLaCapitalxs expresó: “Yo prácticamente no hablo en esa conversación. Mis acotaciones son una apreciación personal y frases como «Si, mirá vos»; «Ajá»; «¿Te parece?», «¿Ah, sí?» y cosas por el estilo. Si hay delito quiero que se investigue, pero yo nunca tuve entre mis casos hechos de juego clandestino ni de puertos secos. La imputación es lo más lejano a la realidad. Es más, ni siquiera se pudo comprobar la omisión de persecución penal a esos delitos y los audios que se escucharon en la audiencia fueron manipulados”, aseguró la funcionaria.
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En un momento de la conversación con Ugolini, Serena admite que “el juego y los puertos secos son dos temas de los que se habla en San Lorenzo”, y acota en el fin de la conversación: “Jamás se investigaron y ni siquiera hay denuncias”.
La fiscal, defendida por el abogado Juan Lewis, no aceptó responder preguntas en la audiencia imputativa que se llevó a cabo a principios de abril, pero sí quiso declarar. Entonces sostuvo que al momento de ese intercambio de mensajes con Ugolini no estaba al tanto de ninguna trama o investigación en marcha, y aseguró que nunca entorpeció pesquisa alguna.
Cuando por orden de Schiappa Pietra y Edery allanaron su oficina de la Fiscalía sanlorencina y luego su domicilio, los policías secuestraron su celular, un I-Phone 11 que espera ser peritado ya que Serena no aportó la contraseña para desbloquearlo. “En mi teléfono tengo muchas conversaciones privadas y muchas de índole laboral que, por ley, no pueden ser divulgadas. Lamentablemente no se me dio el marco de confianza requerido para que se lo abriera, no tengo ni tuve la garantía de que esas otras conversaciones trascendieran”, dijo la fiscal. Y agregó: “Esos mensajes nada tienen que ver con esta causa. Es más, no van a encontrar nada ligado al juego porque nunca estuve involucrada ni tuve causas por juego entre mis investigaciones. Solo una del año 2019 que fue por una denuncia realizada por vecinos de San Lorenzo sobre supuesto juego en una casa”.
La funcionaria se mostró sorprendida por la forma en que se manejó el caso que la puso bajo la lupa de sus pares rosarinos: “Si me estaban investigando podrían haberme llamado y preguntarme por ese famoso audio con Ugolini y se los hubiera explicado. Yo sigo trabajando normalmente, pero ante la cantidad de calumnias que se generaron a partir de esto y la sospecha que cae sobre mí sin tener nada que ver con ésto, es muy doloroso llegar a tu oficina y pedir sanciones judiciales sin sentirte de alguna forma interpelada”.
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Serena no quedó implicada de lleno en el tema que también rozó al senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, para quien los fiscales Edery y Schiappa Pietra pidieron el desafuero con el fin de imputarlo pero el mismo fue rechazado por el Senado santafesino. En ese sentido, la fiscal dijo a este diario que “en San Lorenzo yo hago mi trabajo. No conozco al senador Traferri ni a nadie de su entorno y las charlas que tuve con Ugolini o el grado de conocimiento que tengo con Serjal son solo por haber sido compañeros de trabajo y por una relación de jefatura que tenía Serjal con los fiscales. Además, los conocí cuando me desempeñé en la jurisdicción de Rosario a principios de 2015”.
La fiscal recordó que “cuando salió este tema del juego clandestino se encargaron de recordar que pedí licencia médica por unos meses, como si yo pudiera elegir mis enfermedades y cuando las tengo”. Luego se sacó a la luz el accionar de la fiscal por acordar la prisión domiciliaria del policía Sergio Di Franco, quien era jefe de la Agrupación Cuerpos de la UR XVII (San Lorenzo) e imputado por el homicidio de Juan Cruz Vitali, ocurrido en mayo de 2019. “Ese caso fue revisado por la auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quien luego de estudiarlo aprobó la medida, con lo que se convalidó la decisión tomada”, dijo con total seguridad la fiscal Serena.
Finalmente, la funcionaria del MPA recordó que su abogado “pidió que se archive la causa en mi contra y si eso no es aceptado por los fiscales se recurrirá a un juez. Yo no tengo nada que ocultar”, concluyó convencida.
