Ayer, en una jornada que se extendió hasta muy entrada la noche, los defensores de los principales implicados en el juicio oral y público que se realiza en los Tribunales Federales a la banda de Los Monos como integrantes de una organización narcocriminal, desplegaron sus alegatos de cierre y no sólo pidieron la absolución de sus clientes sino que también plantearon nulidades en torno a la investigación desarrollada por la Fiscalía, que el miércoles solicitó altas penas para los imputados en la causa "Los patrones".
En ese sentido, el fiscal federal Federico Reynares Solari requirió una pena de 18 años de prisión para Ariel Máximo "Guille" Cantero como jefe organizador de una red narco que lideraba desde la cárcel de Piñero y cuya actividad "fue acreditada", según su planteo, "entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015". Y por el mismo delito, pidió idéntica condena contra Jorge Emanuel "Ema" Chamorro, a quien consideró su principal cómplice. Reynares Solari también solicitó 9 años de prisión para Patricia Celestina Contreras, la madre de "Guille", a quien atribuyó un rol relevante en la comercialización de drogas; y 12 años de prisión para Vanesa Barrios y Jésica Lloan, parejas de "Guille" y "Ema" respectivamente.
Además, requirió 11 años y 6 meses para Diego Fabián Cuello, 9 años y 6 meses para Horacio Castagno, 9 años para Alejandro Flores, 14 años para Elías "El patrón" Sánchez y 10 años para Luis Pedro Peñalba, mientras que sólo a cinco de los 39 juzgados no les imputó delito alguno.
En la jornada de ayer se destacó el extenso alegato realizado por Carlos Edwards, defensor de "Guille" Cantero. El profesional no sólo planteó una larga serie de nulidades y criticó la investigación judicial y policial realizada sino que, ante ello, exigió la absolución de su cliente.
En ese marco, el letrado dijo que la investigación policial "tuvo una reducida intervención del juez instructor y del fiscal en aquellos actos que requerían autorización, como las intervenciones telefónicas o los registros domiciliarios que quedaron bajo un control formal ya que toda la pesquisa la realizó el personal de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal".
Al respecto, Edwards explicó que "la característica fundamental de esta pesquisa policial se basó, con exclusividad, en lo que la doctrina procesal denomina fuentes extraprocesales, que comprenden desde la «denuncia anónima» hasta los «seguimientos» y las «tareas de inteligencia» o la «información de calle», todas fuentes que no constituyen pruebas en si mismas y que no identifican ni documentan de dónde se obtuvo la información".
Siguiendo ese hilo pidió la nulidad de la intervención de la línea telefónica de su pupilo, ya que "la línea que se le atribuye a «Guille» Cantero tiene su origen, precisamente, en esas fuentes extraprocesales de conocimiento, es decir en una tarea de inteligencia practicada por la policía como así también las sucesivas líneas telefónicas intervenidas a otros acusados en la causa que tienen su origen en «tareas de inteligencia»".
Y explicó que "la jurisprudencia exige que para la interceptación de las comunicaciones la decisión judicial deben fundarse en «datos fácticos» o «elementos objetivos», y en el presente caso la policía no ha brindado ningún dato fáctico o elemento objetivo para llegar a esas interceptaciones".
Así las cosas, Edwards dijo que "el perjuicio concreto y actual radica en que nuestro defendido se encuentra acusado en base a esas escuchas telefónicas que surgieron a partir de una infundada «tarea de inteligencia» sin existir ningún cauce investigativo o autónomo que permita continuar con la mencionada causa". Y además el letrado exigió en su alegato que se declare la nulidad absoluta de todas las transcripciones de las escuchas telefónicas referidas a la línea telefónica atribuida a "Guille".
La defensa de Cantero también planteó la nulidad del secuestro de un camión que se realizó en la localidad chaqueña de Santa Sylvina cargado con droga que se supone, de acuerdo a la teoría fiscal, tenía como destino Rosario y más específicamente la banda de Los Monos.
Construcción dogmática
Y finalmente, respecto de la calificación legal impuesta por el fiscal, Edwards sostuvo que "es una construcción dogmática para responsabilizar penalmente" a su cliente y a los otros acusados por integrar una organización "asignándole a cada uno cierto rol pero no una conducta determinada con indicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución", lo que a su entender no es otra cosa que "adoptar la teoría de la empresa criminal conjunta que surge en el derecho penal internacional para reprimir los delitos de lesa humanidad".
A través de esta construcción dogmático jurídica "como no puede probarse la conducta individual de los intervinientes, si es que han intervenido en algo, se tiene a todos por coautores", sostuvo Edwards quien remarcó las fuertes críticas recibidas por esa doctrina que "ha sido superada por la teoría del dominio del hecho, en la cual es necesario demostrar la estructura jerárquica, el poder de mando o decisión del jefe, la existencia de órdenes y que las mismas sean ejecutadas".
Finalmente, Edwards remarcó que en el presente caso "el fiscal, ante la imposibilidad de probar a través de medios de prueba concretos el supuesto liderazgo de nuestro defendido, recurre a la teoría de la empresa criminal conjunta que flexibiliza los estándares probatorios y no indica ninguna prueba que demuestre las decisiones estratégicas que como líder disponía y tampoco hay escucha telefónica de la cual surja una decisión estratégica como la describe el fiscal para adjudicarle la calidad de líder".
