La Corte Suprema de Justicia de la provincia archivo en forma definitiva el sumario que se había abierto para evaluar la conducta del juez Gustavo Pérez de Urrechu en el marco de su actuación en el caso que tuvo como protagonista a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, un delincuente de renombre en el hampa rosarino que fue asesinado en una casa del barrio La Florida en octubre de 2019, donde cumplía prisión domiciliaria por un acuerdo judicial que en su momento causó un gran revuelo político y que derivó en la suspensión por 60 días del fiscal Adrián Spelta.
En febrero de 2018 Emanuel Sandoval fue detenido y a pedido del fiscal Spelta quedó en prisión preventiva por 75 días. Al vencer ese plazo, un acuerdo presentado por el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa de Ema Pimpi, a cargo entonces de Fausto Yrure, permitió que la prisión preventiva del imputado se transforme en una medida cautelar alternativa prevista en el Código Procesal, es decir una prisión domiciliaria vigilada por el uso de una tobillera electrónica. Ese acuerdo fue homologado por el juez Hernán Postma y recién en mayo de aquel año Sandoval empezó a cumplir su arresto en el domicilio fijado.
Sin embargo los antecedentes delictivos de Ema Pimpi, entre otros el de haber organizado el ataque a tiros contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2015, generaron una convulsión política, mediática y judicial que puso en tela de juicio el accionar de Postma por lo que la Corte ordenó un sumario con cuyas constancias el Procurador General de la provincia, Jorge Barraguirre, impulsó un jury de enjuiciamiento con el fin de destituirlo.
Pero su idea no prosperó, ya que 6 de los diez integrantes del tribunal conformado al efecto consideraron que no había violado ley alguna. En ese marco el defensor de Postma, el abogado Gustavo Feldman, sostuvo que “un juez no puede dictar de oficio o prolongar una prisión preventiva por lo que el día que Postma resolvió la medida alternativa respecto de Sandoval si el fiscal no pedía esa modalidad de sujeción al proceso u otra medida de coerción, el imputado hubiera salido en libertad”.
En ese sentido, Feldman manifestó que “el juez no puede agravar la coerción planteada por el fiscal, sí puede morigerarla; y en este caso Postma resolvió ajustado a Derecho y racionalmente lo pedido por el fiscal algo que además consintió la defensa”. Mientras tanto, el fiscal Spelta era sancionado por la Legislatura con 60 días de inactividad por haber acordado la prisión domiciliaria.
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En octubre de 2019 Ema Pimpi fue asesinado en la casa de Pago Largo al 600, propiedad de un juez civil que había alquilado para cumplir la prisión bajo control electrónico después de haber pasado los primeros meses en su casa familiar de Cavia al 1300. Ese cambio de residencia fue refrendado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu en una nueva audiencia de partes y tras recibir todos los informes requeridos por la ley.
Por esa decisión Pérez de Urrechu también fue sumariado y su caso llegó a la Corte provincial que ahora, en un acta fechada este martes decidió archivar sin más la petición del Procurador al entender que el juez no cometió ningún acto reñido con sus funciones.
