La Corte actúa para saber por qué "Ema Pimpi" estaba en un domicilio

Se centra en el juez que aceptó dar ese beneficio a un acusado de intentar un triple crimen y condenado por atentar contra la casa de Bonfatti.
10 de noviembre 2019 · 00:00hs

La Corte Suprema provincial inició una actuación para establecer los motivos por los que "Ema Pimpi" Sandoval, un hombre acusado de intentar un triple homicidio a balazos durante 2017, recibió aval de un juez para estar en prisión en un domicilio, lugar donde lo asesinaron brutalmente hace dos semanas en un atentado en el que murieron otras dos personas. Esta pesquisa se suma a otra abierta por la auditoría general de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), orientada a despejar el mismo interrogante, pero que en este caso indaga sobre las razones que tuvo el fiscal interviniente para aceptar una medida que no se llama prisión domiciliaria, pero que en los hechos implicó exactamente eso.

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"Hay en curso una actuación sobre el trámite pero que no es aún un sumario. No sería prudente adelantar nada al respecto ni decir esto implica que haya habido una irregularidad. Es una revisión meticulosa de lo actuado dada la trascendencia de este episodio", dijo a este diario María Angélica Gastaldi, presidenta del máximo tribunal de la provincia.

El sacudón que produjo este caso impactará en medidas venideras de la Corte Suprema donde habrá claras directivas sobre aspectos hoy flexibles que dan lugar a ligerezas, como ocurre en ciertos juicios abreviados que se celebran o en la convalidación de acuerdos de partes con aspectos discutibles. La idea fuerza es que ninguna norma puede aplicarse por fuera de su contexto, en este caso, el presente de criminalidad en Rosario y el derrotero de las personas sometidas al proceso.

La matanza

El viernes 25 de octubre un grupo no determinado de personas irrumpió en una mansión de Pago Largo 654, en el barrio La Florida, donde tras desconectar las cámaras de vigilancia asesinaron a tiros a "Ema Pimpi", a Mirco Saldaño y a Rocío Genovese. "Ema Pimpi" cumplía allí una medida sustitutiva de prisión por un intento de triple homicidio ocurrido en 2017, en un hecho con trasfondo de disputa por narcotráfico. Se trata de un hombre que recibió condena, ya cumplida, por ser ideólogo del atentado a tiros de la residencia del gobernador Antonio Bonfatti en 2013. Para mayor embrollo esa vivienda es propiedad del juez civil Oscar Pucinelli que la había alquilado a quien alojó a Sandoval.

La Corte abrió el procedimiento para entender las razones porque distintos jueces fueron aceptando que "Ema Pimpi" accediera a una medida de prisión morigerada, cuando no cumple con las excepciones que la legalidad vigente preve para que una persona acusada de un delito grave, en este caso un triple homicidio a tiros que quedó en intento, sea confinado en una vivienda.

En abril pasado el fiscal Adrián Spelta y el defensor Fausto Yrure acordaron una prisión atenuada para "Ema Pimpi" en el domicilio de Pago Largo 654 que el juez Gustavo Pérez de Urrechu avaló. Eso no se llama prisión domiciliaria, que el Código Procesal y una instrucción del Fiscal General prohiben desde 2018 en acusaciones por delitos contra la vida, sino que es un mecanismo previsto en el artículo 219 inciso 7 del Código Procesal, que habilita restricciones en ámbitos cerrados con control de mecanismos como una pulsera electrónica.

El brutal asesinato de "Ema Pimpi" hizo estallar un debate a este respecto que atraviesa verticalmente todos los ámbitos del Poder Judicial y en el que están enfrascados muy fuerte jueces de primera instancia, camaristas y ministros de la Corte. Según fuentes del máximo tribunal hubo reacciones de fuerte disgusto a esta situación —aunque matizada según sus miembros— porque, de hecho, aunque no se llame prisión domiciliaria, el beneficio implicó exactamente eso.

Gracias a la aplicación del artículo aludido "Ema Pimpi" pudo estar en una casa de dos plantas, es decir en un domicilio, cuando tenía taxativamente prohibido, por la imputación recibida, estar en una vivienda. Allegados al juez del caso hicieron saber a este diario que el argumento es que los jueces no pueden ir más allá de lo que piden las partes (fiscal y defensor) salvo que lo que pidan estas sea ilegal. Y que en este caso lo pedido está habilitado en el inciso 7 del artículo 219.

Fuentes de la Corte, contrariadas con el argumento, señalaron con firmeza que el excluyente apego a la ley pone al juez fuera de la realidad. La persona que recibía, en los hechos, prisión en un domicilio, sin que se llame prisión domiciliaria, fue condenada por instigar el ataque a tiros a la casa del gobernador Antonio Bonfatti en 2013, aparece en informes públicos ligado al narcotráfico en la zona norte y está imputado de un triple homicidio fallido.

“Ninguna norma se analiza fuera de un contexto que es el de estar en Rosario donde el imputado tiene esta trascendencia pública. Hay un error conceptual de algunos jueces que creen que un acuerdo entre fiscal y defensor tiene alcance mayor a la autonomía de la voluntad en el derecho privado. El pacto de partes no vale más que la ley misma, sobre todo si está en juego el orden público, la desigualdad y el interés social. Y la ley pedía que Sandoval no accediera a un domicilio que es donde lo mataron”, sostuvo un alto vocero judicial.

   Desde la Cámara Penal y la misma Corte este diario recogió opiniones muy críticas a lo ocurrido. “El juez tiene una función indelegable que es controlar lalegalidad para evitar que haya impunidad, que se perjudique al imputado o que se burocratice el sistema. Su funcion es más que homologar un acuerdo entre partes. Creer que si hay acuerdo de partes no hay conflicto convierte al juez en un escribano. El juez además de controlar la legalidad tiene que cerciorarse de que el acuerdo que le presentan sea razonable”, indicó un consultado.

   En este caso la Corte examinará varias discordias, entre ellas que hayan mandado a un imputado de este delito a un inmueble alquilado sin que el dueño esté enterado. “Analizar una norma por fuera de su contexto pone al juez que lo hace fuera de la realidad. Este imputado había aceptado su culpa por atentar contra un gobernador. Hay cosas centrales, como la magnitud pública del acusado o también la relación entre fiscal y defensor. El juez no tiene en la mano un reglamento de truco. Aplica la ley pero en la realidad en la que vive”, sostuvo la misma fuente.

   En este caso lo que ya hizo la Corte fue pedir un informe preliminar del caso, un acta de la audiencia y sus videos. Si se abre un sumario el encargado del trámite deberá ser un camarista, habrá descargo de los intervinientes y se correrá traslado al Procurador de la Corte para que dictamine si hay o no motivo para una acusación.

Intervenciones polémicas también en revisión

Lo que está en debate a propósito de “Ema Pimpi”, indican voceros de la Corte, es que un acuerdo de partes no puede imponerse si no es sensato. “El juez no es ni un espectador ni un referí. Es el garante de la legalidad pero también de la razonabilidad de una solución. Eso quedó muy claro con el juicio abreviado a Los Monos que no fue homologado porque las figuras penales elegidas no tenían la menor congruencia con el rol de los acusados en el caso”, indicaron fuentes del órgano.

   La Corte se propone llamar la atención sobre respuestas judiciales que vulneran situaciones lógicas y desacreditan al Poder Judicial. Este año quedó en evidencia un hecho de gravedad institucional en el caso de Walter Cichero, un preso acusado de matar a un vecino de la zona de los cines Village, que quedó libre porque estuvo más de tres años de prisión preventiva, el plazo máximo que otorga la ley para mantener a una persona encerrada sin condena. En los distintos tramos del juicio se llamó la atención a las partes por las dilaciones del trámite.

   “Hay jueces que hacen cosas intolerables como dar permanentemente prórroga cuando las partes las piden en las audiencias preliminares de juicio porque no están preparadas. Como no llegan fiscal y defensor se ponen de acuerdo y piden prórroga. Y los jueces en una actitud rara las conceden”.

   Otro caso de accionar judicial desconcertante fue el de Víctor Corrales, un hombre de 28 años que hace un mes se tiroteó tras intentar robar un quiosco a dos cuadras de Tribunales, hiriendo a un cliente del negocio. Corrales había cumplido una condena a cinco años de prisión en Rafaela. Tras ello fue detenido en cuatro ocasiones por robo y en otras tantas ocasiones recibió un criterio de oportunidad avalado por jueces de Rosario, que son sanciones para delitos considerados de poca relevancia, que no son aplicables a personas reincidentes. “El beneficio a Corrales fue posible por un acuerdo sorprendente que fue homologado en forma sorprendente por un juez”, afirmó la fuente.

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